Unánime repudio legislativo al grupo Arauco por el conflicto con los obreros

La paralización de la planta de Arauco -ex Alto Paraná- por el conflicto salarial con sus obreros ocupó buena parte de la sesión de anoche en la Legislatura, que aprobó en forma unánime un «enérgico repudio» a las actitudes de la multinacional que desconoce las leyes laborales y el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que confirmó la vigencia de la ley de Insalubridad de la industria celulósica. El recinto estuvo colmado de trabajadores de Arauco que están en huelga desde hace una semana en reclamo de la apertura de las paritarias de este año y el cumplimiento de las pautas salariales fijadas por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel que acordó un incremento del 30 por ciento y un bono de cuatro mil pesos. Arauco ofrece 29 por ciento en tres tramos y un bono de apenas 1.500 pesos por trabajador. Para una empresa que registró ingresos por US$5.328,6 millones en 2014, los salarios pagados en Misiones y en pesos, son muy bajos: 5.500 para la categoría más baja y nueve mil para la más alta, entre los 200 bajo convenio y 150 tercerizados, de los cuáles, 300 están afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Misiones.
El debate en el recinto fue intenso. Los diputados de la Renovación cuestionaron el abuso del grupo multinacional, pero algunos diputados de la oposición, especialmente el radical Gustavo González, pidieron «diálogo» con el grupo ante la amenaza de cierre definitivo de sus operaciones en Misiones.
La diputada Claudia Gauto sostuvo que el conflicto revela el contraste de «dos modelos» que también se ponen en juego en las elecciones de octubre y recordó que fue el Gobierno de la Renovación el que con distintas regulaciones, «puso equilibrio» entre el capital y el trabajo, «siempre del lado de los más débiles». En la misma línea, otros diputados oficialistas señalaron que fue la Renovación la que empezó a cobrarle impuestos de los que estaban eximidos en los 90, cuando también se produjo el mayor proceso de concentración de tierras en manos del grupo chileno.
La legisladora defendió la ley de Insalubridad laboral en la industria celulósica -que Arauco cuestionó en la Justicia y anticipó que llevará a la Corte Suprema- que permite a los trabajadores jubilarse a los 55 años y realizar turnos de seis horas en lugar de ocho. Dijo que con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que ratificó la vigencia de la ley, los obreros ya pueden tramitar sus jubilaciones y al mismo tiempo, exigir turnos reducidos.
Sin embargo, nada de eso sucede. Arauco cerró la planta de Puerto Esperanza y en los últimos días contrató a 40 obreros tercerizados a los que hacía entrar en helicópteros y dormir en la fábrica para no cumplir con el fallo.
El diputado Héctor Bárbaro reclamó «dejar de tener miedo» a la multinacional y deslizó la idea de impulsar una expropiación de las tierras en caso de que no cumpla con las leyes provinciales.
Llamativamente, el radical González sostuvo que el incumplimiento de la multinacional es «culpa del Estado» por la falta de controles y sostuvo que la fusión de Arauco y Pérez Companc «se aprobó con este Gobierno». «En Chile es respetado y cumple las leyes», consideró desconociendo las innumerables denuncias que tiene Arauco en el país trasandino, además de multas y sanciones que le aplicó el Estado vecino.
En la misma línea, Claudio Wipplinger dijo que el Estado «debe generar condiciones para que haya competencia a Apsa para que pague lo que corresponde», porque «sino, sabemos que las leyes no valen nada». La diputada del PAys, Myriam Duarte cargó contra la «perspectiva empresaria» de Wipplinger y Bárbaro insistió en que «Arauco prefieren pagar multas y no mejorar al trabajador».