Investigan en Entre Ríos a una familia policial por trata laboral contra misioneros

La Cámara Federal de Apelaciones instó al juez Pablo Seró a que finalice la instrucción de una causa por trata de personas con fines de explotación laboral que tiene entre los involucrados a un policía provincial y varios integrantes de su familia. La causa se inició a raíz de una denuncia que Gendarmería recibió por correo electrónico a través del formulario del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, 27 de octubre del año pasado, donde una persona que dice ser trabajador en una cosecha de arándanos en el departamento Federación asegura que vive alojado en un galpón sin ventanas y con muros alrededor, ubicado detrás de la casa de su patrón, en la ciudad de Concordia, junto con otras 55 personas oriundas de Corrientes y Misiones.Un mes después, luego de realizar tareas de inteligencia tendientes a corroborar la denuncia, Gendarmería realizó tres allanamientos, y en uno de ellos se constató la presencia de 28 trabajadores, entre ellos 2 mujeres, alojados en un galpón en construcción, de aproximadamente 15 por 20 metros, sin ventilación, ubicado detrás de la vivienda de Lindolfo Lima, en calle Chile 1560 de Concordia.

Tras los procedimientos y las declaraciones de los trabajadores, Lindolfo Lima y su hijo, el policía Osvaldo Javier Lima, fueron procesados por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad y por el número de víctimas, además de la condición de funcionario público.

Hace unos meses, en mayo pasado, se amplió la imputación contra Estela Griselda Lima, Irma Ester Aguilar y Jorge Ignacio Barrientos. Sin embargo, a tres meses de haber sido indagados, el juez Seró no ha resuelto su situación procesal.

El tribunal integrado por Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso instó al magistrado a resolver la situación procesal de los tres imputados y le concedió una prórroga de 60 días para finalizar la instrucción. «No se trata de una causa compleja ni que posee personas privadas de su libertad», señalaron los camaristas en la resolución, a la que accedió El Diario y publica el sitio Análisis Digital.

Golondrinas

La trata laboral tiene una relación directa con el trabajo de personas migrantes. Los denominados trabajadores golondrina constituyen la mayoría de las víctimas de la explotación laboral en Argentina.

El hecho de trasladar a alguien con el fin de darle un empleo, el desarraigo que le representa, la contratación informal y para trabajos periódicos, son circunstancias que acrecientan la vulnerabilidad de los obreros. Esta situación suele ser aprovechada para imponer condiciones de trabajo abusivas que traspasan las fronteras de las leyes laborales y se constituyen en formas modernas de esclavitud.

Los obreros, procedentes de Misiones, Corrientes y Salta, describieron un cuadro de precariedad extrema. Algunos habían sido traídos por Osvaldo Lima en un colectivo desde sus lugares de origen hasta la casa de su padre. El trabajo se realizaba de lunes a viernes, en jornadas de siete u ocho horas diarias, habían pactado una remuneración por tanto, es decir, por cantidad de bandejas de arándano que colectaran; por cada uno de ellos recibían una ficha y al final del día las entregaban a Estela Lima, hermana de Osvaldo, quien las registraba en una planilla para luego liquidarles el sueldo.

A su vez, dijeron que vivían en un galpón en el fondo de la casa de Lindolfo Lima, el padre de Osvaldo, y todos los días eran trasladados desde Concordia hasta Federación en un colectivo que ponía a disposición «el señor Tato», como llamaban a Osvaldo.

Allí comían y dormían; el lugar no tenía ventilación, las camas eran rudimentarias, muy juntas entre sí, el sector donde comían estaba al lado de los baños; y también mencionaron que a cierta hora del día emergía un olor nauseabundo de los sanitarios, lo que aumentaba el nivel de insalubridad en el galpón.

Dijeron, además, que todas las semanas, luego de recibir su paga, debían abonarle a Irma Ester Aguilar, la madre de Osvaldo, por el alojamiento en el galpón; mientras que los trabajadores que dormían en las habitaciones de la parte superior de la vivienda tenían que pagar 500 pesos por semana todos los domingos, también a la mujer. Incluso algunos tuvieron que pagar 200 pesos por única vez por el colchón, con la salvedad de que no se lo podían llevar cuando finalizara el trabajo. No les daban ropa de cama, ni elementos de seguridad, ni alimentos, sino que debían proporcionárselos cada uno; tampoco contaban con heladera o sistema de refrigeración por lo cual hacían la compra diaria de carne y/o verdura, y el resto al por mayor o en un negocio, cerca del galpón.

La situación de vulnerabilidad también quedó reflejada en el informe de los profesionales del programa nacional de acompañamiento a las víctimas de trata: «La mayoría eran trabajadores jóvenes oriundos de Misiones, Corrientes y Salta con poco nivel de instrucción, con poco trabajo en sus lugares de origen, con situación económica familiar desfavorable y familias numerosas».

Policías

Los Lima, Lindolfo y Osvaldo, eran policías provinciales. El padre fue destituido de la fuerza en 1994 luego de que se constataran anomalías en el manejo de fondos del Círculo de Suboficiales y Agentes de Policía de Concordia. El cargo que le imputaron fue el de «administración fraudulenta» y su cesantía fue firmada por el entonces gobernador Mario Moine. En 2011 pidió su reincorporación a la Policía, pero su pretensión fue rechazada por Sergio Urribarri, dado que Lima no ofreció nuevos argumentos ni pruebas en su favor.

En tanto, Osvaldo Javier Lima, el hijo, también es policía en Concordia y ha sido señalado como «una persona prepotente con los vecinos», que lo reconocen como integrante de la fuerza y lo han visto portar armas.

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