El registro de “reiterantes” que lleva la Policía tiene entre 200 y 300 delincuentes conocidos. Muñoz es uno de los más peligrosos de ellos, con no menos de 23 causas por distintos delitos, pero aún en libertad.
Pero irremediablemente recuperan la libertad a los pocos días porque no hay un proceso en contra o el juez no hace un análisis exhaustivo de sus antecedentes, que le permitiría sumar delitos para establecer una condena.
Desde hace bastante tiempo el ministro de Gobierno, Jorge Franco, viene bregando por un mayor compromiso judicial para actuar con los “reiterantes”, que en la mayoría de los casos entran por hurtos menores y delitos excarcelables.
El problema es que al no tener una condena –aunque sea excarcelable-, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, generando la «puerta giratoria de la Justicia Misionera».
En el registro se aprecia que la mayoría pasa menos de un mes detenido. Y apenas liberados, vuelven a las andadas, tanto que a los pocos días, están presos nuevamente.
Aunque son delitos menores, alimentan la sensación de impunidad y ellos mismos escalan posiciones en el mundo del delito. De un robo menor, a uno a mano armada hay un paso.
Franco considera que “el sistema judicial debe ser diferente” y revela que “hay jueces de primera instancia que se juegan por la seguridad, pero en segunda instancia los liberan y hasta retan a los jueces”.
Por eso, además del registro de reiterantes que fue puesto a disposición de los jueces, con resultados inmediatos con delincuentes procesados, ahora enviará a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal que apunta a restringir la figura de exención de prisión ya que al ser contemplada en forma indefinida en cuanto a la cantidad de veces que puede ser dictada a favor de una misma persona, “desvirtúa el fin del Derecho que es preservar y garantizar en forma equilibrada los derechos de toda la ciudadanía”.
La reforma apunta a denegar las excarcelaciones por la cantidad de beneficios anteriores que demuestran las constantes reiteraciones en la comisión de delitos. El proyecto de ley que se enviará a la Legislatura modifica el artículo 319 del Código Procesal Penal de Misiones y apunta a que las excarcelaciones “podrán denegarse” cuando hay vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer el proceso, fugarse o poner en peligro a las víctimas.
Pero le agrega elementos: actualmente la excarcelación se puede otorgar si el delincuente no pondrá en riesgo (nuevamente) a la víctima. La reforma suma que no podrá otorgarse el beneficio cuando el juez considere que el delincuente representa un “peligro para la integridad y los derechos de cualquier tercero”.
También aporta un nuevo inciso, el C, que indica que “no procederá condena de ejecución condicional en virtud de la cantidad de beneficios de exención de prisión o excarcelación concedidos al imputado en hechos anteriores y cuyas causas permanezcan abiertas”.
Claro está, esto demandará de una mayor intensidad y compromiso de los jueces a la hora de evaluar pruebas y antecedentes, porque deberán tener mayores fundamentos los permisos de libertad. Las excarcelaciones son el elemento principal de la “puerta giratoria” y provocan un grave daño a la credibilidad del sistema judicial, pero también en el ánimo de los policías, que ponen en riesgo sus propias vidas para detener a un delincuente para ver que a las pocas horas, está de nuevo en la calle “permiso” de un juez.
