El desprecio a las urnas

El 2 de marzo de 2003, Luis Barrionuevo se hacía conocido en todo el país por un escándalo memorable: sus patotas quemaron urnas en Catamarca y obligaron a suspender las elecciones porque el sindicalista no podía ser candidato a gobernador porque no tenía residencia en esa provincia. Hoy es uno de los referentes sindicales de Sergio Massa. En 1995 en Misiones se denunció la quema de urnas. Ramón Puerta conseguía la reelección ese año. Hoy es el hombre de Massa en la provincia.
Esta semana, Massa, Mauricio Macri, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz denunciaron «fraude» en Tucumán por la quema de urnas por las que, paradoja, hay un dirigente radical que apoyaba a José Manuel Cano, el candidato a gobernador apoyado por toda la alianza opositora, que, sin embargo, fue derrotado por el kirchnerista Juan Manzur, quien según el escrutinio provisorio, se impone con el 54 por ciento de los votos. De las denuncias de «fraude» en Tucumán, pocas se concretaron en la justicia. Todo en los medios.
La foto de Macri, Massa, Sanz y Stolbizer tiene similitudes con una alianza histórica entre el partido Demócrata Nacional -conocido como partido Conservador-, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Esa sociedad política gobernó la Argentina durante la conocida Década Infáme que, casualmente, impuso el concepto de «fraude patriótico» que despreciaba el voto secreto, obligatorio y universal, reconocido por la ley Sáenz Peña. Vale la pena repasar algunas frases de los principales dirigentes de la época. «El fraude… impide el regreso de las masas entregadas a la demagogia y el poderío indiscriminado del número», sostenía Manuel Fresco. «Las mayorías argentinas, por su reciente incorporación al país, no se han consustanciado con la esencia de la nacionalidad, viven una minoría de edad, son arrastradas por los demagogos, no analizan suficientemente los deberes inherentes a ese derecho que se les ha otorgado y necesitan de una tutela», decía el intelectual Carlos Ibarguren.
El fraude patriótico encubriría todo un sistema de corrupción, negociados y favores hacia los grandes grupos económicos.
Ahora, toda la oposición unida también desconoce la decisión de las mayorías y se opone al «populismo». Faltó poco para que pidan el voto calificado. Pero Macri llegó a decir directamente que en Tucumán «no hubo comicios».
Pasaron casi cien años, pero la matriz sigue siendo la misma.
Macri, Massa, Sanz y Stolbizer reclamaron al unísono el cambio de sistema electoral para evitar un «nuevo fraude» en octubre. Pero en realidad, perdieron por igual con distintos sistemas.
En Salta hubo voto electrónico, como reclama la oposición. En Santa Fe, boleta única. En Tucumán, el sistema tradicional. En todas perdieron Macri y Massa y en todas hubo posteriores denuncia de fraude (en los medios). Entonces, el problema no es el sistema, sino los resultados que arrojan.
“Hay que simplificar el calendario electoral”, dijo Macri. Justo él, que hará votar hasta seis veces a los porteños.
La lógica es desacreditar el sistema que hasta ahora le arroja resultados indeseables en la mayoría de las provincias para deslegitimar no el triunfo de Manzur en Tucumán, sino la eventual victoria de Daniel Scioli en octubre.
No importa si después las denuncias no llegan siquiera a formalizarse. Lo importante es “generar la sensación” que socave las chances del oficialismo. Es curioso que el mayor enojo por el supuesto fraude, se haya concentrado en San Miguel de Tucumán, donde ganó la oposición.
La respuesta del Gobierno tucumano a las protestas lejos estuvo de ser la adecuada y la represión no hizo más caldear los ánimos exacerbados por las pantallas calientes de la televisión porteña.
La dirigencia opositora poco aportó a la mesura y al respeto por la voluntad popular. En plena protesta en Tucumán, la diputada del PRO Laura Alonso trazó un poco feliz paralelismo con la manifestación en Ucrania que duró más de tres meses. “En Ucrania, estuvieron más de 100 noches en la plaza Maidan. Mataron e hirieron a muchos. La gente no se movió hasta que no logró su objetivo», escribió la diputada.
Lo que no dijo es que esa manifestación fue impulsada por partidos neonazis y grupos de ultraderecha, que terminaron en el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich y el país al borde de una guerra civil. ¿Es una expresión de deseos?
El triunfo de Manzur no debería haber sorprendido a nadie. El Frente para la Victoria sacó más de 20 puntos de ventaja en las PASO en esa provincia. Las urnas quemadas, casualmente, habían registrado en las primarias una enorme ventaja del oficialismo, según reveló una investigación del diario La Nación.
Desde entonces se sucedieron las quejas en contra del sistema electoral, pero ninguna se plasmó en la Justicia electoral ni hubo pruebas de irregularidades que puedan modificar sustancialmente algún resultado.
El resumen de las posturas en la oposición se enfoca en los “feudos” provinciales que facilitan las irregularidades para eternizarse en el poder. Amén de la previsible mirada porteñocéntrica
Sin embargo, la oposición insiste ahora en cambiar el sistema electoral a menos de dos meses de las elecciones. Saben que es puro oportunismo, porque no hay tiempo suficiente para cambiar un sistema con un proceso electoral en marcha. Pero no importa. Lo que importa es poner un manto de dudas sobre el futuro resultado.
“No tenemos elecciones fraudulentas ni nada por el estilo”, dijo la directora del programa de instituciones políticas del Cippec, Julia Pomares, a quien no se la puede acusar precisamente de kirchnerista.
“Creo que hay que ser muy cuidadoso en hablar de fraude, una cosa son incidentes y otra muy distinta son los fraudes. Hay algo que hemos logrado en estos años de democracia, elecciones limpias», sostuvo la especialista, quien advirtió que “fraude es adulterar los datos para cambiar los resultados de una elección, que es muy distinto a saber qué es lo que está eligiendo, conocer las reglas para saber de qué partido es, a quién está votando. Hay muchas cuestiones para decir, pero eso no quiere decir que eso sea una elección fraudulenta. No diría que el sistema promueve el fraude. No tenemos elecciones fraudulentas, ni nada por el estilo”.
La implementación de la boleta electrónica, similar a la utilizada en Capital Federal como reclaman los candidatos opositores tampoco es garantía absoluta de transparencia. En Brasil se usa, pero varios países de Europa lo dejaron de lado al comprobar que los sistemas podían ser manipulados. La ejemplar Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda y el Reino Unido lo prohibieron por no garantizar la transparencia. En otros países de Europa tiene un uso parcial e incluso y cuando se utilizó, hubo problemas.
El sistema actual, aunque lento y a veces engorroso, tiene la posibilidad de controles durante todo el proceso por todos los fiscales de todos los partidos políticos. Antes, durante y después del día de las elecciones.
Es cierto que en un sistema de voto manual puede haber irregularidades, pero difícilmente a gran escala para inclinar una elección. En todo caso, podría tener impacto en pequeñas localidades, pero no en una elección presidencial o de gobernador. En los sistemas electrónicos de votación si es posible adulterar los datos de forma centralizada y, por ende, con mayor impacto. La boleta electrónica no se usó en Buenos Aires en marzo por fallas en la implementación y antes de las elecciones generales, hackers lograron vulnerar el sistema, aunque se utilizó igual.
Pero las explicaciones no sirven. La idea que tiene la oposición es instalar que todo está armado para que haya fraude en la Argentina. Lo hacen los referentes nacionales y los provinciales. Ramón Puerta agita ese fantasma desde hace meses y ahora se sumó el radical Gustavo González. «Para evitar terminar como Tucumán, Misiones debe reformar urgente su sistema político», dijo el radical que se enfrenta al difícil desafío de mejorar las chances de su partido que en las PASO sacó apenas 50 mil votos.
La oposición no parece entender que la escasez de votos no obedece al sistema, sino el contenido de lo que ofrece. El radicalismo misionero, por caso, ha perdido cien mil votos en dos años. ¿Por el sistema? O por su inexplicable giro ideológico, que terminó por entregar todas las banderas al PRO, en una serie de humillantes negociaciones que obligan ahora al partido a mendigar la figura de Macri como candidato presidencial.
No es casual que la oposición haya dejado prácticamente de lado la idea de exhibir propuestas. Ahora todo pasa, al unísono, por cuestionar el sistema electoral. Macri y Massa confesaron que trabajan juntos para impulsar una reforma, a sabiendas de que es impracticable. Para poner en práctica cualquier nuevo sistema, hay que reformar la ley electoral. Todo a menos de dos meses de las elecciones, con todo el proceso en marcha, sin capacitación. Sería una irresponsabilidad avanzar en un cambio sustancial en tan corto plazo. Pero son ellos mismos quienes reclaman “previsiilidad”. De hecho, cualquier especialista recomienda no realizar cambios en los sistemas en los años en los que hay elecciones para no confundir al electorado.
El problema de fondo, se insiste, no radica en el sistema utilizado, sino en reconocer el resultado de las urnas. Cuando las urnas favorecieron a Massa hace dos años o al propio Macri en su reelección o algunos triunfos provinciales, no hubo quejas con el sistema. En la visión centralista, los votos son fuertes y saludables cuando favorecen a la oposición, pero enfermos de clientelismo cuando reconocen las gestiones de quienes militan en el Gobierno. “Utilizan la pobreza para conservar el poder”, dijo Massa y apuntó a “los caudillos del Norte”. El manoseado norte, donde, sin embargo, tienen a muchos referentes que gobernaron durante los peores años de la pobreza.
En la oposición no terminan de asimilar el hecho de que en 20 provincias el kirchnerismo se haya impuesto en las Primarias y que ni siquiera en las provincias donde la oposición tenía puestas sus esperanzas, los votos mostraron una señal positiva. Macri perdió votos en la ciudad de Buenos Aires y Massa diluyó el caudal conseguido hace dos años, cuando soñaba despierto con ponerse la banda presidencial. Ni hablar del resto de los partidos de la oposición, casi olvidados en la consideración social, como el radicalismo, la Coalición Cívica o el propio Socialismo. La izquierda apenas superó el límite necesario para poder competir en octubre. Si los resultados de agosto se repiten en octubre y Scioli logra sumar algunos votos del peronismo o radicales frustrados, está a las puertas de ganar en primera vuelta. Lejos de un fin de ciclo.
En Misiones los partidos locales que representan a Macri y Massa junto a todos los demás sumados, no alcanzan a los votos obtenidos por el gobernador Maurice Closs como candidato a diputado nacional.
No hubo aquí denuncias de fraude y las irregularidades detectadas fueron subsanadas, pero terminaron beneficiando más al oficialismo que a la oposición.
A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, en Misiones la oposición no logró obtener la foto en conjunto. Las ganas de una gran alianza se vieron definitivamente sepultadas con el vencimiento de la inscripción de los Lemas que competirán en octubre. Era la mínima esperanza que quedaba para algunos que sostenían el objetivo de unir a todos en un frente amplio.
Pero las diferencias entre el PRO y la UCR se hicieron insalvables y los radicales que querían un acuerdo no se animaron a quemar las últimas banderas que les quedaban en una sociedad con Ramón Puerta. El ex gobernador terminó acusando a todos de recibir “sobres” para ser funcionales a la Renovación y fragmentar a la oposición.
El radicalismo volvió sobre sus pasos y terminó con sus aliados históricos. El Socialismo, la Coalición Cívica de Carrió y el GEN de Stolbizer. Incluso recuperó una vieja denominación y se rebautizó Frente Cívico y Social. Sin embargo, insiste en llevar en la boleta a Macri como candidato presidencial, en paralelo a Margarita Stolbizer, la candidata de los socialistas, que no pusieron reparos en sumarse como colectora del PRO, aunque formalmente harán campaña por la aspirante del GEN. Algunos podrán destacar la “amplitud” ideológica del radicalismo, pero lo cierto es que puertas adentro, justamente lo que desapareció fue un rumbo ideológico. Los principales dirigentes quieren ir con Macri con la esperanza de que éste arrastre votos para que la UCR no haga el papelón del siglo. El resto desprecia al PRO, pero saben que están en desventaja y esperan que el desastre no sea tan grave. Los jóvenes radicales no quieren saber nada con el macrismo, pero sostienen que son “orgánicos” para respetar el acuerdo. “Esto no es una discusión ideológica, sino una cuestion cuyuntural de caracter electoral”, sintetizó un joven dirigente que advierte que después de octubre habrá que realizar una profunda autocrítica y la conducción partidaria tendrá que dejar el espacio “porque hace muchos años lleva adelante el destino del partido y ha cometido errores”.
El Frente Renovador sabe que la diáspora opositora lo beneficia. Pero no por ello descuida el trabajo político de cara a octubre. En la inscripción de los Lemas, trascendió que ya tiene más de 300 sublemas preparados para competir en los municipios, a razón de cuatro o cinco por localidad. Es bastante más de lo que puede ofrecer el conjunto de la oposición.
Sin embargo, por estas horas, el conflicto con un sector de la docencia es la preocupación central. Miles de chicos perdieron más de un mes de clases y el núcleo duro de los sindicalistas no tiene intenciones de ponerse al frente de un aula.
El Gobierno tomó la decisión de descontar los días no trabajados y seguir manteniendo abierto el canal de diálogo. Recordó además, que el sector docente fue el que más aumentos recibió en lo que va del año con un incremento promedio del 33 por ciento, por encima, por ejemplo, de la CGT de Moyano.
En una audaz jugada, mostró los recibos de los sueldos de los cabecillas de la protesta. Hay sueldos que superan los 20 mil pesos, con un pico de 29.612 pesos en el caso de Carlos Kociubczyk, quien tuvo un incremento del 42 por ciento entre febrero y agosto. Rubén Ortiz, el proclamado líder del Movimiento “Pedagógico” de Liberación, cobraba 15.393 pesos en febrero y en la última liquidación recibió 21.801, con una suba del 41 por ciento.
La mayoría de los dirigentes no trabaja, ya que tiene una licencia gremial de dudosa legitimidad otorgada por el Consejo de Educación. Carlos Lezcano, otro de los tradicionales piqueteros, cobraba 18.645 y ahora cobra 26.281, mientras que Carlos Duarte cobraba 14.259 y pasó a cobrar 19.830. Estela Genesini percibía en febrero 17.062 y ahora cobra 23.216, mientras que Mónica Gurina, la frustrada candidata a diputada del Parlasur -obtuvo 4.262 votos en las elecciones primarias y no alcanzó el piso mínimo para competir en octubre- percibía 12.895 y ahora cobra 17.369 pesos. Mariana Lescaffette es dirigente del Frente Gremial y una de las promotoras de la huelga. En respuesta a la advertencia de nuevos descuentos a los huelguistas, la sindicalista mostró uno de sus recibos de sueldo para justificar que “hay un pueblo empobrecido”. En el recibo exhibido, cobra poco más de cinco mil pesos, por un cargo y con licencia gremial. Pero lo que no cuenta es que también trabaja en otra dependencia del Estado con un sueldo más alto.
La mayoría de los dirigentes sindicales que lleva a sus colegas a un conflicto sin fin no recibirá los descuentos salariales, ya que tienen inmunidad gremial que les permite gozar de su salario completo sin ir a trabajar. Sus seguidores, en cambio, no correrán la misma suerte.
Estos sectores minúsculos aprovechando la instancia electoral, insisten con el conflicto durante todo el año cambiando los argumentos con el único objetivo de no dar clases. En julio insistían con un proyecto de ley para modificar la grilla salarial cuando hacía menos de un mes habían hecho una huelga de hambre frente a la Legislatura para impedir el tratamiento de la reforma del Estatuto Docente que incluía la modificación de la grilla. Expuestos en su contradicción comenzaron a insistir con que la Provincia pierda el artículo 9° de la ley de financiamiento educativo que significan cerca de 500 millones de pesos anuales para complementar el sueldo de los docentes. Ante lo absurdo del reclamo de perder fondos de la Nación desistieron del pedido y pasaron a pedir adicionales que implicarían que los docentes recibirían un aumento del 40 por ciento en el año, algo que ningún sector ha conseguido y que comparado con los otros trabajadores del Estado era absolutamente injusto.
Aunque el daño causado es tremendo, el grupo sigue siendo minoritario, de entre 300 y 500 docentes, lo que representa entre el uno y dos por ciento de la totalidad de los docentes.
El Gobierno insiste en que el canal del diálogo sigue abierto, pero llama a la reflexión a los docentes sobre el impacto del conflicto permanente.
El gobernador Maurice Closs inauguró el viernes la nueva sede del Colegio de Médicos, un ejemplo de la iniciativa entre el Estado y el sector privado. Allí definió que “en la gestión, si un gobernante a cada reclamo de un grupo sectorial dice que sí, claramente estaría afectando el interés general”. Es nada menos, lo que pretenden forzar los huelguistas docentes con su eterna protesta.