Planificar la transformación de lo que era un predio destinado desde hace décadas a la explotación agropecuaria extensiva, en un área con el mayor estatus de protección ambiental, es un enorme desafío que merece un análisis integral de las condiciones socio-ambientales del territorio que se pretende ordenar desde la óptica de la conservación.
Como en cada proyecto de esta naturaleza, y en base a un diagnóstico inicial, se establecen las bases conceptuales y los consensos para generar un plan de gestión y manejo para la administración de ese espacio; que, a partir de esta nueva organización de su uso, replanteará el enfoque sobre la relación de los habitantes con los recursos naturales que integran ese entorno.
Por eso es que todas las instancias de participación, tanto de los actores locales y pobladores vinculados, como de las Legislaturas Provinciales y de ambas Cámaras del Congreso Nacional, son sumamente necesarias para la indispensable validación democrática de estas construcciones consensuadas. Ese es el camino constitucional con el que ya se incorporaron 10 áreas protegidas nacionales desde el año 2003.
Los episodios de furtivismo que se retrataron no reflejan la real estrategia de trabajo que, en conjunto con las autoridades electas de la Provincia del Chaco, la Administración de Parques Nacionales articula en los diversos planos de gestión que demanda tal desafío.
En este sentido, ambos Estados vienen desarrollando acciones concretas tanto en el ámbito político, como en el jurídico y – sobre todo – en lo relacionado con la inclusión social de los habitantes de la zona. Las múltiples problemáticas de este caso en particular no se resuelven con medidas unilaterales. Porque cualquier modificación abrupta de las históricas relaciones entre el hombre y la naturaleza, y de su historia y cultura, generará un impacto sumamente negativo en la propuesta de gestión para esos espacios territoriales.
Ante el nacimiento de un área protegida, el mayor Parque Nacional del Norte de nuestro país. Como en cada momento crítico, se enfrentan amenazas concretas, y por esta razón es que se plantea un modelo de abordaje que contemple cada uno de los derechos que pudiesen ser afectados.
Hasta el momento, la Administración de Parques Nacionales (APN) sigue trabajando en la zona, con guardaparques delegados especialmente para la instalación de un centro operativo en la localidad de Miraflores y con la elaboración de una serie de directrices que son fundamentales para la conservación de los corredores biológicos más vulnerables, como el Proyecto GEF que específicamente se planificó para la región desde hace mucho tiempo.
Financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) se ejecutará a partir del mes de octubre, y contempla acciones conjuntas respecto de la elaboración de un Plan Operativo, entre otros aspectos que incluyen una agenda de trabajo para los próximos cinco años. Esta iniciativa implicó el trabajo de equipos interdisciplinarios en un paciente desarrollo de dos importantes corredores para la conservación de la biodiversidad, que se localizan tanto en el área de influencia del Parque Nacional Chaco, como en la zona de El Impenetrable; en el Interfluvio Teuco-Bermejito.
En tanto, el Parque Nacional Chaco, con más de sesenta años de existencia en la región, es la base administrativa que mantiene permanente vinculación con la Casa Central de la APN y con sus funcionarios. Sin dudas, El Impenetrable es parte del sistema y por esta razón ya fue integrado a la planificación y al presupuesto del organismo nacional de conservación e incorporado a las herramientas de comunicación institucional. Nada es inmediato, y en menos de un año se han logrado avances significativos en cuanto a la futura operatividad de este parque nacional, como la inminente compra del inmueble que en Miraflores funcionará como la Intendencia del parque nacional.
En lo estrictamente legal, el predio aún sigue estando bajo el dominio privado; aunque la jurisdicción del área corresponde al Estado nacional, de acuerdo a la Ley 26.996, sancionada el 22 de octubre de 2014 por el Congreso Nacional y promulgada el 31 del mismo mes por el Poder Ejecutivo. Una ley nacional que designa a la APN para administrar el área protegida.
En cuanto a la evolución judicial de este caso, por una parte se están tramitando las instancias correspondientes a los derechos de los herederos del último propietario. En otro aspecto, la APN asignó a principios de este año a un equipo de abogados para interactuar con las autoridades judiciales de la Provincia del Chaco en el análisis de la cuestión referida a la jurisdicción ambiental.
De acuerdo al modelo de ordenamiento territorial liderado por los equipos de gestión política de la Provincia del Chaco, se fomenta la permanente participación de los actores locales e instituciones para garantizar la integración de los entornos sociales al proceso de toma de decisiones. Un modelo inclusivo que promueve la conservación y el desarrollo sustentable.
En las últimas semanas hubo una serie de importantes avances en materia judicial que influyen positivamente en el proceso de construcción de la mayor área protegida nacional del Norte argentino. En primer lugar, la jueza civil subrogante de Juan José Castelli, Gladis Regosky, desestimó una apelación, y confirmó una resolución para que el Estado chaqueño convierta a pesos los bonos Boden 2015 de la indemnización por la expropiación, y los deposite en una cuenta creada en el Nuevo Banco del Chaco.
Por otra parte, el máximo tribunal de justicia del Chaco avaló la constitucionalidad de las tres leyes provinciales que permitieron la expropiación del predio de la estancia La Fidelidad. El Superior Tribunal de Justicia del Chaco en una sentencia dictada el pasado jueves 13 de agosto, con las firmas de los ministros Alberto Modi, Iride Grillo, Rolando Toledo y María Luisa Lucas, desestimó el planteo de inconstitucionalidad de las leyes provinciales N° 6928, 6929 y 5994.
Está naciendo un nuevo parque nacional, y para que se consolide como tal es necesario que todos los esfuerzos realizados sean en el marco del respeto a la Ley, que es insoslayable en la ejecución de todas las políticas públicas del Estado.-
