La Comisión Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) analizó aspectos que “preocupan y urgen” de una revisión crítica para la gestión de la Ley 26.331 de Bosques Nativos. Los profesionales agrónomos y forestales integrantes de la Comisión consideraron, por lo pronto, un “desacierto” el Plan Nacional de Manejo de Bosques Nativos con Ganadería Integrada, que fue lanzado a fines de febrero en forma conjunta entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El programa tiene por objetivo “contribuir como una alternativa frente al cambio de uso del suelo”, señalaron oportunamente las autoridades. “Esta iniciativa interinstitucional apunta a que las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos sean incorporadas a la matriz productiva cumpliendo criterios sustentabilidad ecológica, económica y social, a fin de establecer un marco general que esté en concordancia con la ley 26.331 de Bosques”, explicaron en el acto de lanzamiento.
Sin embargo, al respecto los profesionales sostienen que “todos los que tenemos una comprobada experiencia en el significado, objetivos y alguna gestión sobre manejo u ordenación de los bosques, sabemos de lo compleja, difícil y regularmente desastrosa que resulta la actividad de ganadería en convivencia con estos ecosistemas naturales. Creemos que utilizar los fondos de la ley de ordenamiento de bosques nativos para alentar estas prácticas es irresponsable”, remarcaron en un crítico documento al que accedió ArgentinaForestal.com donde, además, solicitan abrir un espacio de diálogo para debatir en profundidad estas medidas de promoción desde el Estado Nacional.
Al respecto, explicaron que en el caso de Santiago del Estero, la primera provincia en firmar dicho convenio, “aún debe responder por la pérdida de casi 1 millón de hectáreas de su bosque chaqueño, durante la aplicación de Ley 26.331. Sin embargo, en estos días figura en la página institucional de la Secretaria de Ambiente de la Nación una licitación para comprar dos tractores, palas niveladoras y cargadora bajo el programa “Bosque Nativo y Comunidad” para ser entregadas en Santiago del Estero y Chaco, lo que resulta en un mayor grado de preocupación”, señalaron los profesionales.
En este contexto es que desde “la Comisión Forestal del CPIA se propone debatir ampliamente sobre estas cuestiones, que son materia de la Ordenación Forestal, para lo que ofrece toda su experiencia y vinculación con el sector profesional, del ámbito privado, público y universitario”, remarcaron.
Inconsistencias de la ley
En el documento también se refirieron a otros aspectos que marcan “inconsistencias” en la herramienta legal. “Los profesionales forestales recibimos con alegría la aprobación de la Ley Nacional N°26.331 de Ordenamiento de los Bosques Nativos, conscientes de la situación en que estos se encontraban y muy conscientes de su importancia ambiental, social y económica. Considerando además el avance de la superficie agrícola, el desplazamiento hacia zonas -antes marginales- que ocurría con la ganadería y el agravamiento de los incendios forestales que mantenía a los mismos en zona de riesgo. Sin embargo, la gestión y puesta en marcha de la herramienta legal, comenzó a mostrar inconsistencias”, afirmaron desde Comisión Forestal del CPIA.
Para los profesionales una de estas inconsistencias, y quizás la más importante, fue aceptar los ordenamientos de bosque que presentaron algunas jurisdicciones provinciales que en la sumatoria, casi final aumentó la superficie de bosques en un 69% (aún faltan de algunas provincias) con respecto al inventario nacional realizado unos pocos años antes.
La superficie de Bosques Nativos, según el inventario nacional 2005, es de 31, 44 millones de hectáreas. A su vez dicho inventario registraba, como Otras Tierras Forestales, 64,95 millones de hectáreas.
En tanto, al año 2008, la suma de los Bosques Nativos según los Ordenamientos Provinciales era de 53,75 millones de hectáreas. “Está claro que las provincias agregaron o sumaron a las Tierras Forestales (léase Bosques Nativos) una significativa superficie que “pescaron” de “Otras Tierras Forestales”, sostienen en el documento.
Esta situación “oscurece y complica la aplicación de la ley, ya que según definición de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismo nacional de aplicación, Otras Tierras Forestales son “formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes grados de degradación”. Es decir que al aumentar tan significativamente el universo que se quería proteger, los montos por unidad (hectárea) disminuirían y licuarían el efecto buscado”, explicaron por un lado.
Por otra parte, consideraron que “aceptar este criterio, también, nos lleva a paradojas, como sucede en Misiones, que tiene menos bosques que La Pampa, Mendoza o San Luis. O que la provincia de Córdoba sea la poseedora o custodio de las mayores superficies de bosques “rojos” del país”, remarcaron.
“Luego de 8 años de la aplicación de la ley 26.331, finalmente el órgano de aplicación realizó una evaluación de los resultados obtenidos en junio del año en curso y consideró que “ha sido un éxito”. Pero a este respecto, los profesionales de la Comisión Forestal pensamos que por el contrario, los resultados dejan mucho que desear y se requiere una revisión crítica de los mismos y urge modificar la gestión de la herramienta legal, para no desvirtuar su esencia y nuevamente se frustre una iniciativa que podría revertir años de abandono de los bosques nativos”, indicaron.
Revisando algunos de los datos publicados, sobre pérdidas de Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales, se registró entre 2006-2007 unas 720 mil hectáreas; entre 2007-2011 fueron de 1.161.000 hectáreas, con un promedio anual de 232 mil hectáreas; entre 2011-2013 fueron pérdidas de 757 mil hectáreas, con un promedio anual 378 mil hectáreas; y entre 2013-2014 fueron 189.000 hectáreas. “Es decir, se ve como un éxito, que después de 8 años de aplicación de la Ley 26.331 y más de 1000 millones de pesos de subsidios, la pérdida de masas boscosas haya disminuido su velocidad en 50%”, cuestionaron.
Además agregaron que “esta información brindada sigue dando motivos de preocupación ya que prácticamente el 80% de la superficie de bosques que se perdieron fueron en el gran Bosque Chaqueño concentrado en las jurisdicciones de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, siendo el total de pérdidas (8 años) de 2.827.498 hectáreas, y sólo el total entre Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero fue de 2.233.183 hectáreas (79.8%). Demás está decir que estas cuatro provincias fueron “premiadas” por tal desempeño con la adjudicación del 50% del total de los beneficios monetarios de ley”, señalaron.
Inequidad distributiva
Siguiendo con el análisis de otras “inconsistencias” que aparecen en la herramienta legal, otro ejemplo expuesto fue sobre la distribución que se realiza en el destino de los fondos de la ley: mientras que San Luis recibió 43,9 millones de pesos argentinos (en ocho años) y perdió 144.692 hectáreas de bosques nativos, la provincia de Misiones recibió en el mismo periodo sólo 25, 4 millones de pesos, sin embargo perdió mucho menos, unas 45.020 hectáreas. “Es decir, con casi la mitad del dinero, la provincia de Misiones consiguió un resultado tres veces superior en conservación de bosques en comparación con San Luis”.
Para los profesionales, “estos últimos datos deberían alertar a las autoridades provinciales para hacer valer su desempeño exitoso en el ámbito del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), donde parece ser, se define la distribución de los fondos de la ley”, indicaron. “Al fin y al cabo Misiones con una superficie de 2,9 millones de hectáreas, una población de 1,1 millones de habitantes y densidad poblacional de 32,4 hab/km2, se posiciona como la cuarta provincia del país (después de CABA, Buenos Aires y Tucumán) donde la problemática de los bosques tienen gran importancia social, económica y ambiental que trasciende toda su historia, y merece que se haga justicia a su empeño y compromiso ambiental”, concluyeron.
Por Patricia Escobar
