El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Santiago Ros, estuvo en el programa Debate sobre el Futuro y explicó cómo fue el proceso de regularización de la tierra en el futuro municipio de Pozo Azul, donde el domingo el gobernador Maurice Closs entregó 1.100 boletos de compraventa de la tierra.
En total, se trata de 1600 boletos de compraventa. El domingo se entregaron 1090, 467 meses atrás y quedan 50 que en 30 días se completarán, precisó Ros.
El funcionario indicó que quienes recibieron hasta 25 hectáreas, pagan 675 pesos por hectárea. “Quienes poseen más de 200, pagan 2000 la hectárea. Y el terreno urbano de hasta dos hectáreas, diez mil pesos la hectárea. Es un promedio 30 mil pesos”, aseguró.
En total se trata de unas 35 mil hectáreas y para determinar los valores, se dividió por el costo de mensura, los gastos operativos y un seguro por fallecimiento.
“Ahora entraron al circuito formal de la economía. Censamos a 1.600 familias, con promedio de tres o cuatro miembros, muchas familias jóvenes. Todos son productores agrarios, de madera, tabaco y hay mucha ganadería de buena calidad”, contó Ros.
De todos modos, Ros sostuvo que el proceso de Pozo Azul es especial, porque desde hace años se viene trabajando para solucionar la tenencia de la tierra. “Hay una señora lucha desde 1991 por comprar la tierra. Muchos jóvenes son descendientes. Hay otros lugares, pero en menor escala”, indicó.
Por otra parte, Ros anunció que hoy se sortearán otras 700 viviendas para el barrio Itaembé Guazú y en octubre serían 500 más. “Con eso, cubrimos el stock de lo que hoy estamos construyendo”, aseguró.
El titular del organismo habitacional ratificó que “la demanda de viviendas es tremenda”.
“Con lo que hemos construido a lo largo de estos años, hemos reducido 40 por ciento el déficit, pero no se ha detenido la demanda. Seguimos con una demanda de cuatro mil viviendas por año, que dependen de nuestra capacidad de ejecución y del financiamiento. Eso se va a sostener por lo menos diez años más”, analizó.
Ros indicó que el sector privado cubre la demanda de quien se puede autoresolver la construcción o el financiamiento. “Más que el Procrear no hay otra línea en condiciones de abastecer al mercado de la clase media, que ha crecido mucho. Después está el sector de menores recursos, que es demandante y tiene derechos. Eso lo incorporó el Instituto, que antes no la tenía, porque la política lo desconocía”, aseveró.
“El principal problema es el acceso a la tierra. Si tengo terreno, puedo construir. Pero con el precio desmesurado de los terrenos, las condiciones de compra de la tierra, son de contado. Se paga cien dólares por metro cuadrado, al contado y es inaccesible. Entonces es dinero que se vuelca a autos, al plasma”, enfatizó.
El funcionario no dudó al dar su diagnóstico. “El Estado debe comenzar a regular la tierra urbana y la rural con más políticas fiscales”.
“El Estado regala toda la inversión en infraestructura. Se han volcado 30 o 40 mil millones de pesos en diez años en infraestructura, que lo capitalizó el poseedor de la tierra, no la sociedad. Hay un gran stock de la tierra urbana que salió del circuito inmobiliario, porque el negocio es acaparar. El mejor plazo fijo es acaparar la tierra”, explicó.
Ros contó que hay 1200 préstamos del Procrear en Posadas con 500 mil pesos promedio por vivienda que no se pueden ejecutar. “Es plata que hace un año está adjudicada a Posadas y la ciudad no la puede recibir”.
“Cuando no se usa racionalmente la política fiscal, se traduce en un freno a la economía y a la capacidad de invertir, no solo en vivienda, ya que hay otros sectores no puede invertir porque no tienen tierras”, sentenció.
