No se rematarán las tierras en Yabotí porque los dueños hicieron un plan de pagos

La amenaza de remate de unas siete mil hectáreas dentro de la reserva de Biosfera de Yabotí generó una intensa movida de sectores ecologistas que lanzaron una campaña para “juntar” seis millones de pesos para comprar las tierras y crear una nueva reserva natural. Sin embargo, la amenaza de remate se frustró el martes pasado, apenas un día después de que el flamante juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, asumiera su cargo. La subasta fue cancelada porque la familia Durañona, propietaria de las tierras, asumieron un compromiso de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas. El organismo federal reclama seis millones y aunque se formalizó un plan de pagos, la familia aduce que el monto es menor. Rentas en tanto, reclama otro millón de pesos.

La fiscal Mariana Arjol confirmó que el remate fue cancelado por el planteo de la empresa demandada y hasta tanto se resuelva el litigio. La familia planteó un incidente de nulidad del reclamo.

La Provincia siguió de cerca los pormenores del conflicto, ya que se trata de tierras de alto valor ambiental. En paralelo, el Grupo Ecologista Cuña Pirú lanzó una “cruzada” para encarar una colecta que permita juntar 6.172.946 pesos para adquirir las 7.073 hectáreas que se encuentran en San Pedro en la zona lindante al Parque Provincial Esmeralda y luego de adquirirlas donar a la Provincia para la creación de un Parque Provincial. El grupo ecologista liderado por Rulo Bregagnolo sostiene que es una “gran oportunidad” de sensibilizar respecto al monte nativo y por eso quieren abrir una caja de ahorros para juntar el dinero.

La preocupación ecológica en realidad no tiene demasiado sustento. Las tierras actualmente no están siendo explotadas y en caso de que fueran a remate, el eventual comprador tampoco podrá hacer una explotación que no sea bajo los parámetros de la reserva. Además, la iniciativa choca con un obstáculo financiero: los seis millones reclamados por la AFIP representan la base del remate, pero no su techo, por lo que cualquiera con un poco más de dinero, se impondría en la puja. Con esa base, cada hectárea valdría 900 pesos, cuando el valor de mercado supera los 400 dólares la hectárea.

De todos modos, la familia Durañona ya descartó que el remate se concrete.

En la familia Durañona se mostraron sorprendidos por la repercusión que tuvo la amenaza de remate. Las tierras son propiedad de la familia desde hace varias décadas y desde hace algún tiempo se suspendió la explotación forestal que “se hacía bajo todas las normas de conservación” de la reserva Yabotí. “Solucionamos el reclamo impositivo y las tierras siguen en propiedad de la familia. No hay remate. Lo que se haga después es decisión exclusiva de la familia”, explicó uno de los propietarios. De cualquier modo, negó que esté en peligro la conservación, ya que, insistió, se cumplen todos los parámetros establecidos por las leyes de conservación de la reserva.

Fuentes oficiales señalaron que la Provincia sigue de cerca el proceso, pero coincidieron en que está suspendida la subasta, lo que pone en tela de juicio esta pretendida campaña de recolección de fondos.

“En la subasta se analizan diferentes posturas, es difícil determinar cuánto dinero es necesario”, señaló un funcionario que conoce el caso de cerca.

Asimismo, descartaron la posibilidad de que haya un inminente peligro ambiental. “Hay que considerar que ese inmueble está y es un área de reserva protegida, dentro de Yabotí. Tiene esa categoría. Tiene un marco de manejo específico y restrictivo respecto de los usos del inmueble. Una de las pocas alternativas económicas junto al ecoturismo es el aprovechamiento sostenible, con quitas de árboles selectivas y autorizadas, pero no se puede hacer desmonte. Esa área está expresamente resguardada por Ecología, que es la unidad de coordinación de la Reserva de biosfera, con 16 agentes, entre guardaparques, eeducadores ambientales, técnicos, que controlan el área o la caza furtiva”, enumeró un funcionario.

“No hay que generar alarma. No se trata de algo que haya que “rescatar”, agregó.

La compra de las tierras para la eventual creación de un nuevo parque trae aparejada otras complejidades. La reserva de la Biosfera es un “laboratorio de desarrollo sostenible, con un modelo de explotación sustentable”. Si se creara un parque, cambiaría ese estatus y provocaría un fuerte impacto económico y social en toda la zona circundante, que vive del uso de la madera o del ecoturismo. Yabotí es un ejemplo de la explotación con un modelo de sostenibiilidad eco ambiental y social.



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