La semana pasada ingresó al Congreso de la Nación, un nuevo proyecto del diputado nacional Luis Pastori (UCR) vinculado a la problemática del gas, solicitándose en esta oportunidad, que “el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que correspondan, garantice la distribución y precios accesibles del gas en garrafas (Gas Licuado de Petróleo o GLP), en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, debido a que no cuentan con distribución de gas en red (gas natural)”. El año pasado Pastori había presentado un proyecto de Ley para declarar como “Servicio Público” el acceso al gas en garrafas.
Sobre el nuevo proyecto que lleva el número de expediente “3353-D-2015” y que podría ser tratado en la Comisión de Combustible y Energía, Pastori argumentó que “la Ley 26.020 sobre la comercialización del Gas Licuado de Petróleo sancionada en el 2005, poco ha colaborado en su objetivo de asegurar el suministro a los sectores de escasos recursos y a zonas que no cuentan con acceso al gas natural por redes, principalmente Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa”. Para el legislador “los ciudadanos de estas provincias necesitan tener la certeza de que no les va a faltar el gas para calefaccionarse o cocinar, por eso, no pueden estar a merced de cualquier tipo de coyunturas que le impidan acceder a tales necesidades básicas”.
Volvió a insistir con las diferencias de precios de acceso al gas entre las provincias
Al igual que en el proyecto del año pasado, recordó que sectores medios y altos de la población en provincias centrales del país gozan del gas subsidiado que le llega a través de las redes, mientras que los sectores de menores recursos, y la población de las provincias del NEA carecen de tal beneficio, y a pesar de las nuevas medidas de subsidios, “seguimos padeciendo la injusticia que provoca que aquellos que más tienen, pagan menos por un producto esencial, mientras que los que menos tienen, abonan cifras altamente onerosas para sus bolsillos”.
De declararse servicio público el acceso al gas “implicaría que el Estado se ajusta a lo establecido en nuestra Constitución Nacional, en donde el artículo 42 establece que «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno».
