No naturalizar la violencia y escuchar a las víctimas – más si son niños – sin revictimizarlos en el proceso judicial, fueron parte de las conclusiones en el marco de encuentro de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) que se realizó este fin de semana en Puerto Iguazú. Allí Gabriela Yuba jueza de Familia y Minoridad de Tierra del Fuego, especialista en materia de violencia de género y coautora de varios libros señaló que si bien hoy se habla de una sociedad más violenta, quizá no se reduzca solamente a eso sino a la amplia visualización social sobre estos temas. Remarcó la urgencia de poner en marcha leyes vigentes, tratados internacionales a los que Argentina adhirió y acuerdos para un verdadero compromiso social que pueda “hacernos avanzar hacia una sociedad mejor”. En materia de derechos sociales el doctor Fernando Marcelo Lodeiro Martínez recordó las leyes vigentes en cuanto al derecho a la vivienda y remarcó fallos judiciales que marcaron jurisprudencia.
Gabriela Yuba puso en duda la tésis de que si hoy se vive en una sociedad más violenta o los medios de comunicación instalaron en la agenda la temática que logrando visibilidad posibilita asistir a cientos de víctimas y hasta inclusive salvar vidas.
“Yo creo que estamos en una confusión cuando se habla de que tenemos una sociedad más violenta. Los medios de comunicación hoy visibilizan o ponen en claro este problema y eso está muy bueno porque su función no es el alimentar la violencia como muchos dicen, sino yo creo que es todo lo contrario. Se trata de exponer una realidad que es cruda y molesta. Y que nos asusta. Pero este susto nos tiene que paralizar sino motivar para poder ver de qué manera podemos trabajar.
Habló de la necesidad de seguir capacitando, de cuando no haya pedir más presupuesto y articular las estrategias para ver cómo se modifica esta realidad que compromete a todos los ámbitos, nacionales, provinciales, municipales e inclusive comunitarios. “Tenemos que ver de qué manera podemos bajar a la realidad todos esos tratados internacionales, regionales, leyes nacionales y locales que hay dictadas para la lucha contra la violencia de género. Ese es el gran desafío”.
“Si hablamos de capacitación debe ser en todos los sectores. Hablamos a nivel comunitario institucional, de los medios de comunicación que son a veces los primeros que llegan a la noticia en el lugar del hecho y que son portadores de una serie de información de la cual hay que ser muy cuidadosos, pero también creo que si se tiene que divulgar porque nos va a generar esta situación de empoderamiento. Tenemos que dotarnos de capacidades de competencias para poder ver cómo enfrentar esto y cómo exigir. Esto de un enfoque desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Porque la cuestión del abordaje de la violencia de género significa que la persona es un sujeto de derecho capaz de exigir al Estado la respuesta que debe dar a través de la ratificación de tantos tratados y la efectivización de la leyes vigentes”.
Yuba indicó además que hay que remarcar el tema de la perspectiva de género no es algo que atañe exclusivamente a las mujeres. “Es un tema que involucra hombres y mujeres de una sociedad igual sin discriminación. Esto debemos entender para poder atravesar todo lo que son las políticas públicas en cuanto a acciones concretas para realizar proteger los derechos y para lograr esa igualdad en el acceso a la justicia, a la salud sexual y reproductiva como también a la educación es fundamental”.
Finalmente expuso que la persona que es víctima de violencia debe ser escuchada, debe acercarse y contar su problema a un amigo, al médico, a la policía o a la justicia porque “podemos ayudarla”. Asimismo reconoció que hay una inexorable que no debe ser dejada de lado. “Muchas veces el agresor es sostén de familia. Por eso analizar desde el Estado medios para dar ayudas por lo menos paliativas para que eso no sea un impedimento para que eso no se vuelva revictimización y contar con el trabajo en redes. Decirles a las víctimas que no están solas y eso se da a través de un trabajo en cada comunidad porque la respuesta es local. Cada uno ver qué elementos tenemos con que contamos donde va la víctima y mejorar una ayuda concreta y efectiva. Cuando la justicia llega tarde no es justicia. Muchas veces los parientes también son agredidos, es un círculo”.
No naturalizar la violencia
La profesora María Elena Naddeo, actual directora General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un panel sobre “Explotación sexual y maltrato infantil”. “La peor trampa en la que podemos caer es en el hecho de natualizar todos los abusos”, explicó e indicó que este tipo de pensamientos se basan en tres patas muy bien identificadas. Por un lado la cuestión cultural que aún sostiene que la prostitución es la “profesión más antigua del mundo”, seguido del desconocimiento de las consecuencias de la relación de poder entre hombres y mujeres, y finalmente la supuesta justificación sobre las “necesidades sexuales de la población masculina”.
La profesional reflexionó hasta del lenguaje. Cuando se utiliza la palabra abuso, por ejemplo a la hora de hablar de estadísticas y hacer ver que son delitos horrendos. Explicó que no es el mismo impacto cuando se habla de abuso o se describen crímenes donde se explica que niños son obligados a mantener relaciones sexuales. “Las cosas por su nombre”, sostuvo y llamó a ver las conductas del modelo patriarcal que siguen sosteniendo prácticas machistas. Para trabajar en las aulas recomendó la película Billy Elliot. La temática plantea en forma excelente la enternecedora historia de un niño que lucha contra los estereotipos y los prejuicios de un pueblo de mente cerrada, bajo el símbolo de unas zapatillas de ballet que le pone en contra de todos sus vecinos, y a veces de sí mismo, por no querer ser boxeador, sino dedicarse al baile en Irlanda del Norte. Situada en un poblado minero en momentos en que el gobierno de Margaret Thatcher imponía su dureza contra los huelguistas.
“Tenemos que terminar con esto de que los hombre no pueden bailar o no deben llorar. Y a su vez dejar de tratar a las menores con conductas profundamente sexualizantes.
Derechos Sociales
Fernando Marcelo Lodeiro Martínez, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADEPRA) y actual defensor Oficial ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizó “El derecho a la vivienda adecuada para las familias vulnerables”. Contando casos y metodologías que se utilizan en Ciudad de Buenos Aires como también fallos que sentaron jurisprudencia en materia de derechos sociales definiendo el rol del Estado en cuanto a responsabilidades. Se mostró cómo un fallo de la Corte Suprema pudo modificar leyes vigentes para niños y familias en situación de vulnerabilidad estableciendo prioridades y asistencia pública.
Habló del histórico déficit de la vivienda que indica que en el mundo hay 100.000 millones de personas sin hogar y mil millones de hogares sin condiciones dignas de habitad.
Recordó las obligaciones de los Estados que no se limitan a satisfacer el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también están obligados a adoptar medidas para que de manera progresiva se alcance la satisfacción plena de estos derechos, y para ello deben utilizar el máximo de los recursos disponibles.
“El Estado está jurídicamente obligado a garantizar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, y no puede escudarse en la falta de recursos disponibles”, recordó y la obligación de proteger los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese marco nombró a familias sin techo o los niños con algún tipo de discapacidad, para que las políticas públicas los tengan primeros en la lista de prioridades sobre todo en los programas de acceso a las viviendas.
GS EP
Magistrados, funcionarios y profesionales de la Justicia visitaron ayer el Hogar de Día de Puerto Iguazú
