Hace un par de días la presidenta, Cristina Fernández, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para ajustar las asignaciones dos veces al año y un aumento del 30 por ciento en el monto que perciben los beneficiarios desde junio, que en el caso de la Asignación Universal por Hijo pasará de 644 pesos a 847 pesos. En ese marco la mandataria hizo mención a la reciente publicación del sociólogo Bernardo Kliksberg, que escribió junto Irene Novakovsky, «El Gran Desafío. Romper la trampa de la Desigualdad desde la Infancia», y destacó algunas de las recomendaciones y conclusiones de los autores, que elogian la AUH como una de las más importantes políticas públicas.
«Los programas sociales de transferencias de recursos en América Latina responden a condiciones contextuales. Se focalizan en poblaciones beneficiarias que son admisibles por reunir condiciones de vulnerabilidad, generalmente familias en situación de pobreza. La AUH establece un salto cualitativo en comparación con dichos programas dado que se concibe la estrategia de intervención no como un programa, sino como una extensión del sistema de asignaciones familiares al que ya tenían acceso otros sectores de la sociedad», indicaron los autores del libro.
Los diferentes estudios y análisis que se hicieron a lo largo de estos años sobre la Asignación Universal por Hijo en el país (fue anunciada hacia fines del 2009) fueron sincrónicos en el sentido de destacar el impacto positivo que tuvo en sectores postergados.
El coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Héctor Salvia, planteó que quizás sea el momento de pensar en medidas complementarias que ayuden a estos sectores a salir de la pobreza estructural en la que aun se encuentran.
«La transferencia de ingresos por medio de la AUH genera un impacto significativo estadísticamente y positivo en materia de bienestar, con un efecto progresivo. Ahora, si bien es cierto que son positivos no son lo suficientemente compensatorios del mayor déficit absoluto que presentan los grupos más vulnerables, es decir, atiende a los más pobres pero no compensa las situaciones de mayor pobreza estructural»
Los datos de la UCA
El informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, expone que en hogares en donde no hay Asignación Universal el nivel de indigencia es del 19 por ciento, mientras que en los hogares que reciben la AUH hay un 12 por ciento de indigencia, es decir, sacó a un 7 por ciento de los hogares de la indigencia.
«Al evaluar la inseguridad alimentaria el impacto es mucho menor aunque la reducción es mayor en los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), no se reduce la inseguridad alimentaria con respecto a otros indicadores como los educativos, o en los niveles de ingreso, y esto se da porque las familias no vuelcan todo lo que reciben de AUH a los alimentos, sino a cubrir necesidades económicas, adquirir insumos para un trabajo o cubrir otras necesidades familiares».
El informe del año 2013, señala que en el grupo de niños que percibe la asignación, el porcentaje de inasistencia escolar es del 3,5 por ciento mientras que en el grupo de comparación, esto es los que no perciben la transferencia, ese índice alcanza el 9,5 por ciento. «Es muy importante el impacto y lo que logró en inclusión al sistema. Este impacto se nota con mayor fuerza en el grupo de los adolescentes de 13 a los 17 años, y esto es porque los déficit de inasistencia en el grupo que va desde los 5 hasta los 12 años es muy bajo en la Argentina, no así en el nivel secundario. El punto es que la ayuda promueve que el chico ingrese a la escuela pero no garantiza que la termine», expresó Salvia.
Agregó que en cuento al trabajo infantil el índice se redujo mucho menos que otros indicadores. Baja de 16,8 por ciento a 14,2 por ciento, en el grupo con Necesidades Básicas Insatisfechas baja menos que en el grupo de comparación, y esto es así porque el sector con mayor pobreza estructural puede darse menos «el gusto» de dejar que el chico siga dentro de la escuela aunque signifiquen menos ingresos al hogar.
En el marco del Congreso de Ajunaf, la asociación de magistrados y funcionarios de la Argentina en justicia de menores y familias que se desarrolló en Puerto Iguazú, Salvia planteó desafíos:
«Desde el año 2010 hasta incluso el 2014 se redujo el porcentaje de niños en situación de NBI. Se redujo también el porcentaje de pobreza por ingresos. En pobreza extrema se redujo de un 12, 13 por ciento, a un 8 por ciento en este momento. Para resumirlo en números, hay hoy tres millones de niños en situación de NBI, 4,7 millones de niños en situación de pobreza, dentro de ellos 1,1 millones en condición de pobreza extrema y aproximadamente el mismo número en condición de inseguridad alimentaria. Hay aun, un 50 por ciento de niños que no asiste a ningún sistema escolarizado, 600 mil niños en esta situación, uno de cada diez niños en déficit escolar, y en los sectores más pobres un 20 por ciento de los adolescentes no está dentro del sistema. Entendemos que se requiere entonces de mucha más inversión no solamente de transferencia, sino también de mercado de trabajo, que terminen la escuela y reciban educación de calidad».
Salvia precisó que la implementación de la Asignación Universal por Hijo es el camino, aunque no es suficiente aun para garantizar condiciones de inclusión social en la infancia.
«Esto requiere de una política más integral de inversión, oportunidad de empleo, para quienes hoy compensan a través de este beneficio lo que no reciben de trabajo. Algo que le podría ocurrir a esta asignación y que sería una buena noticia, es que se reduzca en términos de quienes la necesitan».
Consideró que el dinero que se vuelca a través del programa es importante y que sin él, el nivel de pobreza sería mucho mayor.
«Hoy por hoy sirve a las familias aunque falta para sacar a la gente de la pobreza. Logra un piso mínimo de contención y seguridad, pero no logra hacer que la familia tenga un funcionamiento social más pleno”, sentenció.
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