El instituto Argentino de Estudio Superiores, ubicado en Puerto Rico, sufrió el embargo de sus cuentas bancarias como resultado de una acción ejecutiva que impulsa un sindicato de no docentes que no tiene presencia en Misiones. Desde la entidad presentaron un recurso de amparo para revertir la situación, pero reconocen que será muy difícil cumplir con el próximo pago del incentivo docente y hay incertidumbre en relación a los salarios. Anticipan que todas las escuelas de gestión privada de Misiones corren riesgo de embargo.
El instituto Argentino de Estudio Superiores de Puerto Rico fue la primera víctima de la guerra que inició el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) contra las escuelas misioneras de gestión privada. La entidad educativa de nivel terciario a la que asisten unos 200 alumnos, sufrió el embargo de la cuenta bancaria en la que recibe los aportes del gobierno provincial destinados al pago de los sueldos de sus docentes.
La responsable del instituto, Adriana Weber, reconoció que la acción judicial del Soeme puso “contra las cuerdas” a la entidad. Aseguró que los reclamos del sindicato son ilegítimos y advirtió que las otras 200 escuelas públicas de gestión privada de la provincia también fueron intimadas por el gremio y corren riesgo de ver embargadas sus cuentas.
Desde la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem), admitieron que la situación alcanza a los 212 institutos de la provincia, incluidas las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) y las que funcionan en las bilingües que funcionan en las reservas guaraníes, que desde fines del año pasado son hostigadas por un sindicato de personal no docente sin representación ni afiliados en la tierra colorada.
El Soeme inició las referidas acciones legales contra todas las escuelas privadas de Misiones exigiendo que todas ellas paguen un aporte solidario, retroactivo a enero de 2010, por empleados que el sindicato presume que trabajan en dichas escuelas, pero que desde las instituciones aseguran que no existen. Además el sindicato exige que se “blanquee” a esos supuestos trabajadores, o que si efectivamente no existen, se los contrate.
El Soeme se basa en una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que determina índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas, es decir que estima cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración, deberían tener las escuela privadas en función de la cantidad de alumnos que allí concurran.
Basándose en esta norma, el sindicato -que no tiene presencia en Misiones- se tomó la libertad de presumir que en las 212 escuelas de gestión privada que funcionan en la provincia, trabajan empleados no registrados y reclaman aportes sindicales impagos acumulados desde el 1 de enero de 2010 por esos supuestos empleados. Además exigen que todas las escuelas se ajusten a lo que dice la norma e incorporen personal a su nómina, mayormente porteros, serenos y cocineros.
JRC EP
