Corría el mes de enero de 1996, cuando uno de los más destacados integrantes del Opus Dei en la Argentina y por entonces Obispo de la Diócesis de Posadas, Alfonso Delgado, llegó hasta el presidente de la Nación Carlos Menem para pedirle al gobierno nacional «la intervención federal a la justicia penal» de la provincia de Misiones.
El escrito entregado al Presidente por Delgado también llevaba la firma del jesuíta Joaquín Piña, obispo de la Diócesis de Iguazú. Ambos, argumentaban la “ingobernabilidad” del fuero penal misionero.
Como se recordará, nunca hubo una respuesta de Menem, aliado político del entonces gobernador Ramón Puerta.
Aquella petición de los obispos fue el reflejo de lo que sucedía en Misiones con la justicia penal, fuero que pese al paso de los años y pese a los cambios estructurales implementados en el Poder Judicial, casi como un estigma imborrable continúa generando la sensación permanente de convivir entre enredos y confusiones.
Vale repasar algunas fotografías de ese estigma, que al mirarlas una y otra vez, conforman una película en la que no se logra encauzar la solución del problema.
En agosto de 1997 el Jurado de Enjuiciamiento enjuició al juez Ricardo Bartolomé Sladek, denunciado por la fiscal Liliana Mabel Picazo, a quien el magistrado había pretendido ofender tildándola de “zurda” y amenazado con «reventarla», cuando ésta lo acusó de manejar de manera irregular un juicio.
Sladek la hubiera golpeado si no la frenaban dos camaristas y la secretaria del tribunal. Pero eso no fue lo peor. El juez fue acusado de haber “rescatado” arma en mano a su pareja Yolanda Báez, quien estaba detenida por un intento de homicidio. También se sospechaba que el juez se pasaba de copas.
Su pareja “rescatada” recién se presentó a la Justicia cuando el por entonces juez de Instrucción Ramón Grinhauz caratulara la causa como lesiones graves, un delito excarcelable. Para evitar ser echado, Sladek «negoció» jubilarse por invalidez.
Ya en el año 2000 Misiones fue noticia por una escandalosa red de venta de bebés. La jueza Aída Rosa Araujo Vázquez de Moreira fue echada por cuestiones administrativas, como no respetar el registro único de adoptantes, fallas en el proceso de las guardas “al haber delegado funciones a empleados de menor jerarquía inherentes exclusivamente a los magistrados”. En la resolución también se destacó que la doctora Moreira “conocía la existencia de mafias que actúan en Misiones, sin haber actuado con la firmeza que exige el cargo de magistrado”.
Nunca se avanzó sobre la complicidad de médicos y abogados en un «negocio» que no ha sido erradicado en Misiones.
El 27 de septiembre de 2001 el propio Ramón Grinhauz renunció en medio de un escándalo por el blanqueo de autos en depósito judicial. Con su renuncia el magistrado abortó el jury que pendía sobre su cabeza, acusado de ser el cabecilla de una organización que se dedicaba a blanquear con documentos judiciales decenas de lujosos autos robados. El juez estuvo algunas horas preso, pero la causa prescribió y nunca fue condenado.
A Grinhauz lo defendió José Luis Rey, por entonces un abogado amigo, quien, apenas un año después ocuparía la oficina dejada vacía por su asistido. “Solo tuvo irregularidades administrativas”, justificó Rey sobre el juez renunciante, quien siguió teniendo las puertas abiertas en la Justicia y aún es hombre de consulta en los despachos de algunos noveles magistrados.
Rey sería protagonista de dos casos que sacudieron a la Justicia. Primero como juez y después como acusado.
Entre 2006 y 2007 estalló la megaestafa, causa que estuvo a cargo de Rey y que involucró a una colega suya: la jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales.
Rey consideró probada la existencia de una asociación ilícita de la que formaban parte la jueza y un numeroso grupo de colaboradores internos y externos.
La magistrada estuvo detenida hasta mediados de 2007 junto a Cayetano «Nani» Castelli; la ex jefa de despacho Nora Castelli; y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández, sindicados como los principales engranajes piezas del grupo que se hizo de cientos de miles de pesos de depósitos judiciales con la falsificación de oficios con los cuales retiraban el dinero.
Los abogados Alejandro Jabornicky, José Alberto Tuvi, el contador Eduardo Solís, el empresario constructor Roberto Motta, y la ex secretaria del Civil Nº 1, Miriam Saidman, también fueron procesados pero nunca estuvieron entre rejas ya que quedaron fuera de la asociación ilícita que habría obtenido ganancias por entre seis o más millones de pesos. Hasta ahora no hubo juicio.
Rey no bajó nunca de la cima. Después de investigar uno de los mayores escándalos, protagonizó el propio. Junto al juez Horacio Gallardo –ya fallecido- fue acusado de darle el marco legal una extensa red de escuchas ilegales que se hacía desde Misiones a dirigentes políticos, empresarios y familiares del intendente porteño Mauricio Macri, quien gestaba la Policía Metropolitana con prácticas no muy transparentes.
El denunciado por encubrimiento de la voladura de la AMIA, comisario Fino Palacios, comandaba la Metropolitana de Macri y contrató al espía Ciro James, el enlace con policías para realizar las escuchas avaladas por Rey y Gallardo, quien tenía un poco más de años en el Poder Judicial, a cargo del juzgado de Instrucción Penal Nº 1 desde principios de los años 90.
Ambos fueron destituidos el 21 de abril de 2010 por la abrumadora cantidad de elementos en su contra y aunque intentaron decir que no sabían que las escuchas eran para espionaje, por lo mismo, dejaron claro que no controlaban lo que sucedía en sus oficinas. Gallardo pasó unos días presos y Rey estuvo algunas horas prófugo.
Todavía resta realizar el juicio definitivo por las escuchas, que tiene como procesado al candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, aliado al radicalismo y a Elisa Carrió.
Tres años antes se había ido, también por la puerta de atrás, el juez de Apóstoles, José Antonio Reyes, sometido a juicio político por habilitar un escandaloso recurso de amparo de manera irregular. Reyes había renunciado sin éxito durante el proceso para evitar el juicio político, pero igual fue destituido en enero de ese año.
Cuatro meses después, el que se iba en medio de otro escándalo, pero esta vez social, era el juez Carlos María De la Cruz.
Fue noticia nacional al considerar que una nena murió en el acto de la ablación de órganos y no cuando fue atropellada por una mujer en una Ford Ranger que transitaba en zigzag y a contramano por la avenida Las Calandrias de Puerto Iguazú. Nadie hasta ahora logró entender su fallo.
Pasaron casi 20 años de aquella denuncia premonitoria de Delgado y Piña y aunque mucho se ha hecho por modernizar el servicio y acercarlo al ciudadano, todavía queda la sensación de que, especialmente en el fuero penal capitalino, hay una brecha enorme que separa al juez del judiciable.
Reiteradamente el ministro de Gobierno Jorge Franco pide que la Justicia «termine con la puerta giratoria», que permite a rateros, ladrones y delincuentes de toda índole ingresar detenido y pocas horas después estar en libertad realizando un nuevo atraco.
Las causas se siguen acumulando en los despachos con culpables que andan libres, acusados sin condena y cientos de delincuentes consuetudinarios que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra a las pocas horas.
Cuando el SIGED empezó a mostrar los números, el Superior Tribunal de Justicia comenzó a observar el trabajo del fuero penal de la primera circunscripción.
Fuentes del Palacio de Justicia aseguran que los números son contundentes: durante todo 2014, entre los siete juzgados de Instrucción de la primera circunscripción judicial, apenas se elevaron a juicio correccional 300 causas, y a juicio criminal, menos de 100 causas.
Según los jueces que esta semana se pusieron en el centro de la escena, el flujo de un juzgado de instrucción, es de 3000 causas por año. Multiplicado por 7 juzgados de Instrucción, da 21 mil causas por año.
En el STJ aseguran que de esa enormidad de demanda de servicio de Justicia, sólo 400 llegan a juicio. ¿Y el resto?, se preguntan. «Y eso sólo este año, miren para atrás todos los años anteriores», decía un integrante del Alto Cuerpo.
En el Palacio de Justicia destacan que el Poder Ejecutivo y el Legislativo crearon más juzgados, y el STJ dotó de 5 a 6 secretarios por Juzgado, y entre 30 y 40 empleados por juzgado. Sin resultados a la vista.
El Gobierno creó innumerables juzgados y órganos de apelaciones para aliviar el trabajo, pero para la sociedad, la justicia sigue llegando tarde y cuando eso sucede, generalmente no hay justicia. La pasmosa lentitud en el manejo de algunas causas es comparable con las quejas de los ciudadanos que recurren a la Justicia.
Pero hay más del estigma en el fuero penal. En el primer año de trabajo, un magistrado acumuló nada menos que ocho pedidos de jury en su contra acusado de mal desempeño.
Cambiaron los protagonistas, pero la Justicia vuelve a estar en el ojo de la tormenta con serias acusaciones de espionaje y la sospecha, nuevamente, de desmanejos en la entrega de autos en depósito judicial, en una trama recurrente.
En los principales despachos se habla de una enorme turbulencia que afecta severamente a la imagen de la Justicia. No es menor que cuatro jueces denuncien un supuesto espionaje en el Sistema de Gestión Digital con el que se pretende agilizar el tratamiento y seguimiento de las causas.
La digitalización es una necesidad impuesta por los tiempos que corren y fue puesta en funcionamiento hace poco tiempo por el Superior Tribunal de Justicia. Permite dotar de celeridad a las causas y respuestas más rápidas de los litigantes. También brinda la posibilidad de un control exhaustivo del movimiento de cada causa y el trabajo de los jueces.
Por eso, la denuncia del juez Yaya, acompañada después por Cardozo, Verón y Balor, sobre un supuesto espionaje, golpea de lleno no solo al sistema, sino a la mismo Poder Judicial, y a los ministros del Alto Cuerpo.
El Superior Tribunal niega que haya habido alguna manipulación de las causas y advierte que cada una tiene un soporte en papel, por lo que cualquier intromisión externa al sistema es inocua. Para garantizar transparencia, pidió que peritos de la Corte Suprema vengan a Misiones a auditar el sistema.
En los pasillos judiciales consideran por lo menos llamativo que la denuncia apareciera justo después de que el Superior Tribunal haya hecho un llamado de atención a los magistrados por la mora en algunas causas –que queda expuesta con el Siged- y después de un pedido de informes sobre la situación de centenares de vehículos entregados en depósito judicial, de los cuáles por lo menos cien, según trascendió, tienen severas irregularidades. Los propios jueces se “entregaban” lujosos vehículos, que también eran repartidos a amigos, familiares o hasta parejas de empleados. También fueron asignados en forma directa a policías y gendarmes, cuando la ley dice que deben ser entregados a los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, organismos de la Constitución, de la Administración Central, entes autárquicos o descentralizados, municipalidades e instituciones de bien público. Hay autos que ni siquiera figuraban en el registro obligatorio y otros que nadie sabe dónde están. De los 279 registrados, más de cien tendrían irregularidades. “Es una verdadera concesionaria judicial”, graficó un magistrado, sorprendido por la magnitud de los movimientos que volvieron a salir a la luz y que amenazan con dañar la ya manoseada imagen de la Justicia. Más llamativo es que muchos integrantes de la familia judicial prefieran mirar al costado y dar por sentado que se trata de una “interna”, cuando en realidad, se está hablando de jueces que no están predicando con el ejemplo. En los corrillos judiciales sorprendió que el ex juez Grinhauz, quien renunció en medio de un escándalo por el blanqueo de autos robados, sea el hombre de consulta de varios de los jueces penales que hoy tienen problemas para justificar el destino de decenas de vehículos “desaparecidos”.
El control que el STJ inició sobre los juzgados tiene un disparador político. Desde hace tiempo el Gobierno sostiene que la seguridad no depende únicamente de un mayor número de policías, sino, como un eslabón clave, de la labor de los jueces. La queja recurrente es la “puerta giratoria” que deja en libertad a conocidos delincuentes que vuelven a las tropelías por no tener una condena firme.
Caen diez, veinte veces presos y vuelven a salir en libertad. Ningún juez condena el robo de garrafas, sino que “se concentra” en las causas mayores, que, como se ve, tampoco avanzan demasiado.
En su último mensaje en la Legislatura, el gobernador Maurice Closs asumió como un desafío mejorar el servicio de Justicia en Misiones no sólo en cantidad, sino en calidad.
Sin tapujos, admitió que “este esfuerzo que hicimos para aumentar la oferta de Justicia viene chocando con problemas cualitativos”.
El mandatario advirtió que la cantidad de concursos para cubrir vacantes y nuevos cargos, trae como consecuencia una participación de concursantes no del todo satisfactoria, tanto en el número como en la cualificación y trayectoria de los aspirantes. Es decir, en algunos casos, se termina eligiendo al mejor de entre quienes no cubrían las expectativas.
Por eso, Closs propuso establecer que el Consejo de la Magistratura deba descartar a los postulantes que en sus exámenes no alcanzan un puntaje mínimo a determinar.
También pidió modificar el Código de Procedimientos, para establecer como elemento fundamental a la hora de denegar las excarcelaciones la cantidad de excarcelaciones anteriores que puede gozar un imputado de delitos.
Al mismo tiempo, reclamó que se pueda elevar las causas a juicio oral en el menor tiempo posible, cuando se trate de delincuentes que tienen reiteradas acusaciones de comisión de delitos, aplicando el criterio hoy vigente para los casos de delitos en flagrancia.
En su apuesta por mejorar el servicio, Closs puso a disposición a 28 policías para que actúen como auxiliares en la lucha contra la puerta giratoria.
“Esta propuesta busca desterrar los expedientes que se mueren luego de la excarcelación, y lograr llevar a juicio oral a los delincuentes consuetudinarios”, indicó.
En pleno año electoral, el Gobierno reconoció la cuenta pendiente y propuso algunas medidas para resolverlo.
Es un gran debate para el tiempo político, pero también debería ser aprovechado por los propios jueces para desterrar mecanismos que parecen reñidos con la transparencia. No sólo tienen que ser, sino parecer.
Una de las preocupaciones centrales de los misioneros es la seguridad. Que no se resuelve con más policías o mano dura, sino con herramientas que, puestas en práctica, revertirán la sensación de impunidad. Los misioneros esperan una Justicia accesible, moderna y firme con el delito, cualidades que parecen obvias, pero que, sin embargo, se hace necesario remarcar.
En los últimos años fueron muchos los avances alcanzados y también en la Justicia, pero quedan cuentas pendientes y el primer paso para resolverlas es reconocerlas.
Se abre el tiempo decididamente electoral y comienza a transitarse el último tramo hacia el 25 de octubre.
El Frente Renovador presentará a sus candidatos principales en un acto antes de que finalice el mes, con Hugo Passalacqua, quien irá por la gobernación y Closs y Carlos Rovira encabezando las otras boletas.
La fórmula completa se conocería antes de que llegue junio, aunque por todos lados se menciona con insistencia a la figura de Oscar Herrera Ahuad para integrar la fórmula como ocandidato a vicegobernador.
En la oposición, en cambio, sigue sin haber certezas sobre cuántos espacios buscarán llegar a la pelea final.
La alianza entre el PRO y la UCR sigue en veremos, aunque se mantienen abiertas las negociaciones. Los expulsados Hugo Escalada y María Losada iniciaron negociaciones para un frente alternativo, en el que confluyan los radicales indignados con Macri, Claudio Wipplinger y Héctor “Cacho” Bárbaro.
Los dos últimos diputados consideran que tienen los votos suficientes para encabezar una fórmula sin la necesidad de ir detrás de la alianza UCR-PRO que los dejaría como actores secundarios. Resta saber que hará el peronismo, aunque la idea que predomina es volver a sumar esfuerzos con el Frente Renovador.
Estigma penal
