El juicio que busca determinar responsabilidades en el traslado de más de dos toneladas de marihuana en un camión oficial del Servicio Penitenciario Federal, llega a su punto final. Este jueves se escucharon los alegatos del Ministerio Público Fiscal y las respectivas defensas.
Están en el banquillo cuatro funcionarios ligados en su momento al SPF,: el ayudante principal de la División Suministros, Emar Favián Tévez; el ayudante de cuarta de la misma repartición, Sergio Daniel Briñóccoli; el alcaide mayor, jefe de la sección Suministros de la prisión de Devoto, Buenos Aires, Armando Hipólito Vallejos; y el penitenciario retirado Hernán Vargas.
También Sandro Salazar, María Estela Montiel, Julio Otto Schwarz, Darío, Javier, Aníbal y Virginia Samudio, Juan Darío Betros y Emilio Betros.
La fiscalía a cargo de la doctora Vivian Barboza entendió que la organización que todos tienen su participación importante en el hecho, salvo casos de Estela Montiel y Emilio Betros. La primera de ellas es la dueña de la vivienda que tenía dentro de su predio un galpón donde habrían cargado la droga en Eldorado ya que supuestamente no podía conocer las actividades que realizaban en ese lugar tanto su hijo (Julio Otto Schwarz) y su empleado Sandro Salazar. La otra persona porque simplemente se trató del padre de uno de los acusados, a quien su hijo le habría usado el auto para operar en alguna oportunidad e incuso llegar hasta Misiones.
La causa que se inició el 24 de mayo de 2011 luego de que se detectara un camión del SPF con más de dos toneladas de marihuana en un control de Gendarmería en Puerto Rico sobre la ruta nacional 12.
La fiscal Barboza pidió 15 años de prisión para quien entendió que eran los máximos responsables de la organización. La referencia es para Juan Betros y Hernán Vargas. El primero de ellos reconoció en su declaración que solamente él sabía lo que había en las cajas de madera, que tenían la marihuana. En cuanto a Vargas, para la funcionaria, fue quien consiguió el transporte luego de un pedido a su ex camarada Armando Vallejos, jefe en su momento de la división de Suministros de la fuerza en Buenos Aires.
Justamente para Vallejos, la representante del ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 años, porque lo consideró con participación necesaria en el hecho, por «facilitar» el transporte oficial de dicha fuerza para que se realizara una mudanza, aunque luego el itinerario se desvío para el traslado del estupefaciente.
El camión lo conducía Emar Tévez e iba acompañado del misionero Daniel Briñóccoli. Para estos dos, la pena solicitada fue de 10 y 5 años respectivamente, teniendo en cuenta que al parecer Tévez respondía directamente a Vallejos. Según la Fiscalía, ambos sabían lo que llevaban, algo que los defensores negaron rotundamente.
En los casos de Julio Otto Schwarz y su allegado Sandro Salazar, de acuerdo con la fiscal, permitieron el ingreso del camión a una especie de galpón en Eldorado donde se cargó la droga. Para ellos hubo un pedido de 8 años de prisión. Cabe recordar que todos los imputados ya llevan alrededor de cuatro años detenidos.
Otros imputados son los hermanos Darío, Javier y Virginia Samudio. Y el padre de los tres, Aníbal. A estas personas se les achaca la figura de participes necesarios, «colaboradores» locales que tenía Betros.
En el alegato se mencionó que la mujer incluso tenía una relación sentimental con Betros. Y hasta quedó embarazada y ese era el motivo por el cual el sujeto le mandaba dinero de vez en cuando. Para ellos Barboza pidió una pena de cuatro años, con lo cual de ser así, ya estarían en condiciones de recuperar la libertad si es que el tribunal no le otorga más años, debido al tiempo que llevan presos.
Todas las conclusiones
El primer defensor en tomar la palabra fue la doctora Diana Rivadavia Correa, quien defiende a Betros. Aceptó que su cliente fue el que solicitó a Vargas una ayuda con un transporte pero nunca lo tomó como la figura dentro de una organización. Esto teniendo en cuenta que Betros aceptó que solo él sabía lo que había en el cargamento, pidió cambio de calificación y en todo caso una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, la defensora oficial Susana Criado, encargada de asistir a seis de los trece imputados, que son la familia Samudio, Vargas y Betros padre, comenzó su alegato aduciendo que nunca hubo probabilidad para los casos de Virginia, Darío, Aníbal y Javier Samudio, como partícipes necesarios en el delito.
Recordó el hecho de que Javier en su momento aceptara que tuvo inconvenientes con la droga y que los restos de estupefacientes encontrados en un allanamiento en su vivienda, le pertenecerían pero no guardaban relación al caso investigado y que encima ese operativo se realizó tres meses después de que se descubriera el camión.
También mencionó que Aníbal fue detenido en su momento con marihuana con un auto que solía usar uno de sus hijos para movilizar a Betros cuando este venía a Misiones. Sin embargo, pidió que no se le atribuyera responsabilidad en la causa a ninguno de ellos porque simplemente eran «familia» de Betros, que tenía una relación con Virginia.
En cuanto a Vargas, Criado dijo que lo único que el hizo fue conseguirle a su compadre Betros un móvil para trasladar un cargamento, pero nunca supo de qué era. Según se ventiló en el debate, todo fue un engaño hacia Vargas diciendo que se iba a llevar electrónica y que no imaginó un cargamento de marihuana.
Vallejos y Tévez
Después llegó el turno del abogado Diego Spiegeil, defensor de Vallejos. El letrado aseguró que el hombre nunca ordenaba las comisiones y que esa tarea se encargaba de diagramar Tévez por ser el más antiguo en la repartición, ya que su cliente estaba hace poco tiempo. En todo caso, lo que hacía su defendido era elevar los pedidos de comisiones y luego sus superiores eran los que determinaban las fechas a salir de las distintas comisiones y quienes las ejecutaban. Al mismo tiempo dijo que Vallejos no sabía lo qué se llevaría en esa oportunidad y que su autoría o participación en el caso no pudo ser probada por la fiscalía. Es por eso que solicitó la absolución o en todo caso la pena mínima disponible en hechos como estos, que según el código de procesamiento penal es de unos cuatro años.
Gustavo Staude, abogado defensor de Tévez, concluyó que su cliente solo respondió a una orden de su jefe (Vallejos) de que tenía que desviarse en una comisión e ir a buscar un cargamento a Eldorado cuando inicialmente tenía destino a Chaco. Y que no sabía qué traería en el camión.
Argumentos de todo tipo
José Rufino Aranda es defensor de Sandro Salazar. Manifestó que su cliente participó en el hecho simplemente en limpiar el galpón por pedido de Schwarz y que nunca hubo prueba para acreditar otra cosa.
Ricardo Fores es defensor de Schwarz. Coincidió que esta persona no fue parte de ninguna organización. De ellos se piensa que fueron los que abrieron el galpón para que entrara el camión y se cargara la droga. En los dos casos pidieron absolución o beneficio de excarcelación.
El último en exponer fue Ramón Grinhauz, quien defiende a Briñóccoli. El conocido penalista misionero estableció como argumento para pedir la absolución e inmediata liberación de su defendido que se debe tomar en cuenta la declaración de Betros en decir que solamente él conocía lo que había en el cargamento.
Jornada de ocho horas
El Tribunal Federal de Posadas, que en esta ocasión está compuesta por tres subrogantes: Lucrecia Rojas de Badaró (presidente e integrante del TF de Corrientes), Eduardo Belforte y Fermín Amado Ceroleni (estos dos últimos del TF de Chaco), decidió que la jornada de ayer fuera tomada exclusivamente para concluir con lo alegatos, también de los defensores que uno a uno fueron exponiendo en una jornada que se tornó extensa y duró más de ocho horas.
Este viernes a las 8.30 habrá réplicas y dúplicas, si las solicitan, y luego se conocerá la sentencia.
