Cámara de Apelaciones pidió informes sobre el supuesto espionaje judicial

Las denuncias de supuestas intromisiones en el sistema de gestión digital de la Justicia misionera generaron la reacción de todo el Poder Judicial y también de la Legislatura, donde se giró a comisión un pedido de informes sobre el supuesto espionaje denunciado la semana pasada por varios magistrados penales.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, conformada por José López, Ricardo Venialgo, Ruth Di Laccio y José Jacobo Mass también elaboró un pedido de informes dirigido al Sistema de Gestión Digital para que informe cómo se manejan los programas y quienes tienen acceso además de los jueces.
Según trascendió, a priori los camaristas no avalaron la denuncia de supuestos delitos, pero sí hicieron un pormenorizado pedido de informe sobre el funcionamiento del sistema.
En paralelo, la oposición en la Legislatura impulsó un pedido de informes por el escándalo judicial derivado de las denuncias de espionaje al sistema de gestión digital y la entrega de autos en depósito judicial, que involucran a varios jueces penales, incluidos varios de los que revelaron el supuesto hackeo de sus cuentas.
El objetivo fue pedir un informe de “urgencia” al Superior Tribunal de Justicia sobre la situación, pero los votos del oficialismo enviaron el proyecto a ser analizado en la comisión de Legislación Penal y Justicia.
“Las denuncias de espionaje tienen una gravedad institucional, por eso pedimos un tratamiento preferencial de un pedido de informe al Poder Judicial sobre el tema, que la Renovación votó en contra”, acusó el diputado Gustavo González, candidato a gobernador del radicalismo.
Su par, Germán Bordón, indicó que “los hechos denunciados son de una gravedad inusitada, que deben ser investigados por los órganos competentes, incluidos el fuero Penal, y este Poder Legislativo, que como encargado de sancionar las leyes, autorizó al Superior Tribunal de Justicia la implementación de la digitalización del proceso judicial”.
El también ex vicepresidente del Colegio de Abogados sostuvo que “de comprobarse la intromisión ilegal en el SIGED, configura un delito, y pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema de gestión digital, y a los procesos mismos, que ante tales intromisiones ilegales, podrían ser alterados ilegal e indebidamente, con la consecuente vulneración de la seguridad jurídica que debe reinar y también la garantía del debido proceso”.
Para el legislador, si se confirmara, podría ser causal de nulidad de causas en trámite.
El Colegio de Abogados de Misiones también emitió un comunicado en el que considera las denuncias como “de suma importancia y requiere de las autoridades y de la Justicia Penal su profunda investigación y pronta dilucidación”.
De todos modos, los letrados coincidieron en que las denuncias “no deberían ser excusa para dilatar” la utilización del SIGED y “someter a los ciudadanos a sostener un proceso judicial escrito y del siglo XIX, pensado para otra era tecnológica”.
“Sin perjuicio de la investigación profunda que esperamos se realice manifestamos nuestra convicción en apostar al desarrollo del sistema tal como se viene realizando y renovamos nuestro compromiso como parte necesaria en el mismo”, sentenciaron en un documento.
Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia espera la llegada de los peritos que pidió a la Corte Suprema de Justicia para que auditen el sistema de gestión digital.
En el STJ sostienen que no hubo intromisiones externas en las causas y mucho menos “espionaje” como denunció el juez César Yaya, sino que se trató de la tarea habitual de los técnicos informáticos que revisan el funcionamiento del sistema. Pero para garantizar la transparencia, se pidió la auditoría externa de la Corte, para que se identifiquen movimientos y quienes fueron los operadores que realizaron los movimientos denunciados como sospechosos por los jueces penales.