Peritos de la Corte Suprema harán una auditoría externa al Sistema de Gestión Digital de la justicia misionera

El Superior Tribunal de Justicia pidió a la Corte Suprema de Justicia el aporte de sus peritos para analizar el funcionamiento del Sistema de Gestión Digital después de la denuncia de manipulación de datos realizada por varios jueces penales. Además se abrió un sumario administrativo para deslindar responsabilidades sobre el supuesto hackeo que denunció el juez César Yaya.

El pedido de auditoría externa busca garantizar la transparencia, indicó una fuente del STJ. La auditoría se realizará en cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti habilite el envío de los peritos.

De todos modos, ya se realiza un sumario administrativo interno, a los fines de esclarecer los hechos denunciados, designándose como instructora sumariante a la vocal de la Cámara de Apelación en lo Laboral, María Luisa Avelli de Lojko.

El STJ recordó en una acordada que “se encuentran plenamente vigentes las normas y disposiciones tendientes al uso obligatorio del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales, el que da plena validez y eficacia jurídica a los documentos digitales equivalentes a los que obran en papel”.

 

En paralelo, el STJ realiza una investigación sobre la situación de más de un centenar de vehículos entregados en depósito judicial con presuntas irregularidades. Según magistrados consultados, se habría violado la ley que regula los depósitos judiciales que prohíbe la entrega a particulares. Asimismo, muchos vehículos no estaban registrados en el Sistema de Gestión Digital, lo que sería otra irregularidad.

El Superior ordenó la devolución de todos los vehículos en depósito judicial en manos de particulares. Sin embargo, algunos jueces incluyeron en la nómina a los que estaban debidamente entregados a instituciones oficiales. Uno de ellos, fue el juez César Yaya, quien le retiró los poderes a todos los organismos públicos y oficiales. En total, hay 279 vehículos registrados en depósito judicial, de los cuáles más de cien tendrían irregularidades. Según fuentes del STJ, ahora se analizará la legalidad de estos actos.



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