Jaime Ledesma. Radio Libertad
La metodología del acuerdo social territorial consiste en dialogar entre todas las partes implicadas (Estado, municipio, propietarios, quienes están en los terrenos) y que cada uno aporte algo desde su lugar, explicó el subsecretario de Tierras y Colonización de la provincia, Jaime Ledesma. Gracias a esta modalidad el Estado logró resolver problemas de tierras en Pozo Azul, Puente Alto, Premidia y Panambí, entre otras zonas de Misiones.
El 1° de mayo el gobernador Maurice Closs reveló en su discurso que el Estado pudo avanzar en la regularización administrativa de más de 62 mil hectáreas de tierras fiscales rurales, y más de 2.2 millones de metros cuadrados fiscales urbanos, beneficiando con esta operatoria a más de 5.200 familia. En una entrevista con Radio Libertad, el subsecretario Ledesma detalló cómo es el trabajo que realizan desde el Estado para avanzar en la regularización de tierras.
El funcionario destacó, en primer término, que al pasar a situación de regularidad el ocupante recibe un sinnúmero de beneficios. “Esto es un instrumento para mejorar la calidad de vida y posibilitar un desarrollo territorial sostenible”, remarcó.
En cuanto a los datos esbozados por Closs, Ledesma sostuvo que “el Gobernador reflejaba los resultados cuantitativos las, el derecho a la tierra está consagrado en la Constitución y el estado en esto tiene un compromiso muy fuerte”, expresó.
Explicó que una vez que se logra regularizar tierras, trabajan articuladamente con otros organismos del Estado provincial.
“Por un lado está todo lo que se hace con la regularización administrativa de tierras fiscales. Las tierras que están en manos del Estado, se manejan en ese ámbito. Eso no es mayor problema, sí lo es cuando se producen conflictos de intereses, cuando hay un privado que reclama tierras que están usadas por otros”, aclaró. Y es ahí que desde la Subsecretaria plantean los denominados “acuerdos sociales territoriales”. Este acuerdo pretende una plataforma metodológica para abordar el desarrollo territorial. “Primero identificamos el terreno involucrado, los actores y las posibles soluciones. Nos sentamos en una mesa de negociación los actores territoriales, actores sociales, instituciones”, detalló.
Precisó que 800 mil hectáreas rurales están en proceso de producción. “Si nos referimos a la superficie rural de la provincia, hablamos de 2 millones de hectáreas, es decir un 8 por ciento. De estas tierras en situaciones de tensión, la Provincia adquirió, bajo distintas alternativas, una tercera parte, un 36 por ciento”.
Indicó que aún quedan 100 mil hectáreas en situación de conflictividad. Al respecto explicó que si el Estado tendría que comprar todas estas tierras, implicaría una inversión de más de mil millones de pesos. “Entonces lo que planteamos nosotros en este escenario es ver qué puede poner cada uno, el Estado, gobierno, municipio, predisposición de propietarios, y lo que puede pagar el que ocupa. Intentando llegar a soluciones razonables. Una regla de oro es no comprometer aquello que no se va a poder cumplir”, señaló en referencia al nombrado acuerdo social territorial.
A modo de ejemplo, recordó que en la ciudad de Posadas resolvieron el caso de la chacra 130, donde 65 familias acordaron pagar al propietario, y este aceptó un monto. Ahora ya hay 10 familias en condiciones de escriturar.
Los datos brindados por el Gobernador el 1° de mayo:
La problemática de la Tierra es uno de los temas más difíciles de resolver, especialmente en una provincia que crece, que tiene mucha población joven y que además está en una zona fronteriza.
Lo ideal en una sociedad sería que cada familia tenga su tierra, para vivir en la zona urbana o para vivir y trabajar en la zonas rurales. Este es un tema que genera tensiones, puesto que hay que administrar la vigencia y la protección de los Derechos de los propietarios y las expectativas y necesidades de quienes no cuentan con la tierra.
Hemos logrado un volumen enorme de soluciones de tenencia y propiedad de la tierra, tanto si tenemos en cuenta la cantidad de superficie como la cantidad de familias beneficiadas.
Para abordar esta problemática el Estado tiene 3 mecanismos: PRIMERO la asignación y regularización de tierras fiscales; SEGUNDO la resolución de conflictos entre quienes ocupan y quienes son propietarios; y TERCERO la expropiación.
A través de una nueva legislación el Estado pudo avanzar en la regularización administrativa de más de 62 mil hectáreas de tierras fiscales rurales, y más de 2.2 millones de metros cuadrados fiscales urbanos, beneficiando con esta operatoria a más de 5.200 familias.
De estas 5.200 familias involucradas, más de 3.200 ya tienen su título de propiedad en la mano, muchos con tramite iniciados a mediados del siglo pasado. Estos 3.200 títulos entregados corresponden a unos 2.243 lotes rurales y unos 962 lotes urbanos.
En estos años hemos logrado avanzar en el segundo esquema de resolución de la problemática de la tierra, comprando y haciendo transacciones que significaron acuerdos con los propietarios originales y resolviendo la situación de quienes ocupaban esas tierras.
Hemos resuelto el problema de ocupación irregular y/o conflictividad ocupacional adquiriendo 54.596 hectáreas y beneficiando a 3.307 familias principalmente de pequeños productores con una enorme asignación de recursos.
En este momento seguramente allá por Pozo Azul, por Colonizadora o Puente Alto, allá por Premidia, Garumi o Panambí estarán muchas familias escuchándonos y tranquilos porque gracias al Estado misionero han resuelto el problema de la tenencia de la tierra.
A este tema hay que abordarlo con sinceridad, sin hipocresías ideológicas y no cayendo en el error de establecer una falsa dicotomía entre héroes y villanos.
No se debe incentivar la intrusión. No debemos nosotros resolver el problema que no pueden resolver hermanos paraguayos o brasileños, no podemos aceptar a la intrusión como algo normal, y digo esto con la autoridad que me da haber resuelto y comprado más de 50 mil hectáreas de tierras.
Este es un dilema que ira a requerir siempre nuevas y creativas estrategias, asignación de recursos y anticipación. Esa anticipación debe significar que el Gobierno provincial y también los intendentes deben poner en sus presupuestos recursos para generar sus propios bancos de tierras que le permitan prevenir situaciones de conflicto.
Un ejemplo de ello han sido las expropiaciones de las 736 hectáreas de Itaembe Guazú, y la reciente Ley de expropiación de 1.816 hectáreas para un nuevo banco de tierras en Posadas.
