Hay expectativa en el Poder Judicial. Este lunes vence el plazo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia para que los juzgados de la Primera Circunscripción Judicial (Posadas, Apóstoles y Alem) devuelvan los vehículos que habían entregado en depósito judicial.
La Corte misionera designó a un secretario para que reciba los rodados, de distintas marcas y modelos, en el propio inmueble donde funciona el Palacio de Justicia, sobre la avenida Santa Catalina.
La normativa vigente establece que los jueces penales tienen la facultad de ceder a “depositarios judiciales” los rodados que fueron incautados y que se encuentran bajo custodia de la Justicia. Pero esa entrega debe hacerse a dependencias del Estado que tengan una necesidad de movilidad o a instituciones de bien público.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la entrega de esos rodados se habría convertido en un verdadero festival. Algunos magistrados habrían entregado motos, autos y camionetas (algunas muy lujosas) a empleados de confianza, amigos y parientes, sin que se ejerciera sobre ellos control alguno.
A los ministros del STJ empezaron a llegarles versiones de esa desprolijidad. Al punto que hasta se habría dado casos de osados que acudieron al Palacio de Justicia a ver si podían conseguir algún auto. Increíble.
Cuando se produzca la correspondiente devolución se sabrá a ciencia cierta cuántos rodados se encontraban en esta condición. Solo a policías “amigos” se habrían entregado alrededor de 150 vehículos.
Ante este panorama, el Superior Tribunal ordenó que todos los depósitos fueran revocados y que los juzgados pongan a disposición del máximo órgano judicial todos los rodados.
Por eso, desde este lunes por la mañana se espera que al Palacio de Justicia empiece a desfilar el lote de VW Amarok, Ford Ranger, Mercedes-Benz clase A, VW Bora, VW Vento Renault Step Way y otras joyas que se encuentran en poder de distintos allegados de algunos jueces de Instrucción.
La denuncia que caldeó los ánimos
La denuncia del juez de Instrucción Dos, César Yaya, sobre un supuesto espionaje informático de las causas que tramita durante un presunto hackeo al Sistema de Gestión de Expedientes Digitalizados terminó de enervar los ánimos en el STJ, donde ya había mucho malestar por la desprolijidad en la entrega de autos secuestrados bajo la figura del “depósito judicial”.
Fuentes de la Corte misionera indicaron que la principal sospecha es que esta denuncia pretende tapar el escándalo de la cesión de vehículos y golpear a una herramienta en la que los ministros han puesto mucho empeño para darle celeridad y transparencia al proceso judicial.
En las próximas horas, la fiscal Amalia Spinnato debe pronunciarse acerca de la denuncia de Yaya.
