El Gobierno provincial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, directivos de la Universidad de La Plata y abogados que llevaron a juicio a la casa de estudios, se reunieron ayer para avanzar en la restitución de más de seis mil hectáreas de tierra a comunidades guaraníes que habitan en la zona de Aristóbulo del Valle.
Después de varias horas de análisis, se avanzó en un borrador que seguirá siendo discutido para definir el acuerdo definitivo de restitución de la extensa propiedad, hoy en manos de la Universidad de La Plata, por una donación en 1991 de la empresa Celulosa Argentina.
El jefe de Gabinete, Ricardo Escobar y el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, además del subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, sostuvieron la postura de la Provincia de restituir la propiedad a cinco comunidades que viven en la zona, además de cuarenta productores “blancos” y declarar a las seis mil hectáreas como una reserva natural en la que sólo se podrá hacer una explotación sustentable.
También participaron del encuentro el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas, Daniel Fernández; el intendente de Aristobulo del Valle, Eldor Hut; representantes de la UNLP y de los abogados del EMIPA.
Daniel Fernández presidente del INAI explicó que en la provincia se han relevado más de 60 comunidades Mbyas, que ocupan una 150 mil hectáreas. Este relevamiento llegará a unas 80 comunidades Mbya en la provincia para fin de año.
En el caso de las seis mil hectáreas en Cuña Pirú, explicó que se firmará un acuerdo marco entre el Gobierno nacional y la Universidad Nacional de La Plata, donde la Universidad le otorgará el título de propiedad al INAI y éste procederá a transformar el espacio en propiedad comunitaria. Aclaró que la Universidad firmará el convenio a cambio de que “cesen las acciones legales contra la UNLP y el Estado nacional”.
Indicó que este proceso llevó varios años porqué “hay que conciliar las tres posiciones, de la Universidad, de las comunidades originarias y del Estado provincial”. Consideró este tema como histórico, porque desde José Gervasio Artigas no se “ha llegado a una política nacional tan abarcativa, en la entrega de tierras a comunidades originarias, como la que ha logrado este Gobierno nacional”.
Explicó que en todo el país se han relevado más de 6 millones de hectáreas y ahora se procede a la etapa de “transferencia y aplicación de la propiedad comuntaria”. Recordó que en el caso de estas tierras, el proceso lleva una década, porque el proceso comenzó con una demanda a la UNLP y recién el año pasado el consejo Superior de la UNLP aprobó la entrega de las tierras.
El funcionario nacional consideró que es “un acuerdo complejo” en el que se trabajó con el consenso de las partes. Se tomó en cuenta la realidad local del terreno, donde se “relevaron tres comunidades, ahora hay dos comunidades más y desde el municipio, como la provincia pidieron que se tome en cuenta la realidad de 40 familias campesinas que viven en la zona. Nosotros aceptamos esa realidad y sobre ella se trabajó”.
Adelantó que “primero debemos firmar los convenios marco y luego tendremos seis meses, para la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena en la provincia”.
Aclaró que con la reforma del código Civil, en su artículo 18 se establece el derecho a la propiedad comunitaria indígena. Este año deben instrumentarse una serie de leyes provinciales que den el marco legal en cada provincia para que se pueda aplicar esta propiedad comunitaria de las comunidades.
“No hay una fórmula para esto, estamos hablando de un traje a medida de las necesidades. Vamos a trabajar en la segunda etapa para ver cómo se avanza con la presencia de los campesinos de forma que no se afecte la propiedad comunitaria de las comunidades originarias”, indicó el funcionario, quien recordó que no es la primera vez que se dan casos de coexistencia de las familias campesinas y las comunidades originarias, lo que se debe lograr es la coexistencia pacífica, conciliando posiciones.
Observó que «una vez que se transfiera las tierras a las comunidades, se sancionarán normas y resoluciones provinciales para compatibilizar la propiedad comunitaria indígena con el estándar que la provincia quiere mantener en las reservas medioambientales. Porque sabemos que Misiones no es una provincia muy extensa territorialmente y es necesario preservar su biodiversidad».
Remarcó que «la Universidad transfiere todo lo que haya en el predio, la transferencia es total y la única condición de la Universidad es que haya desistimiento de todas las acciones legales iniciadas contra ella. Y también del aspecto impositivo, que de eso se hace cargo el Estado nacional».
Una reserva natural comunitaria
En la nueva ley de propiedad comunitaria «no se va a permitir la explotación de terceros para evitar que el territorio comunitario sea disminuido en sus posibilidades o mal aprovechado”.
“No se busca un criterio comercial productivista, lo que se busca es que puedan habitar y reproducirse y un mínimo estándar de producción que les alcance para la reproducción de ellos y sus familias. No estamos hablando de una propiedad de acumulación capitalista. Por ello la explotación de terceros quedará totalmente prohibida, a partir de la sanción de la nueva ley», indicó el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
