Policías revoltosos fueron imputados por atentados contra la autoridad

Los 21 policías detenidos por el intento de revuelta del martes a la noche en Santa Ana, fueron trasladados a Posadas, donde el juez Carlos Giménez, a cargo de la investigación, les imputó por los delitos de sedición y atentados contra la autoridad pública. Finalmente, pasadas las 22, los suboficiales recuperaron su libertad supeditados a la causa y volverán a ser indagados la semana próxima.
Giménez les notificó a cada uno la imputación y será finalmente el fiscal del caso el que determine la acusación para elevarla a un posterior juicio.
Recuperaron su libertad ya que el magistrado consideró que no había riesgo procesal ni de entorpecimiento de la investigación, pero cada uno volverá a ser indagado la semana próxima.
Los policías fueron detenidos después de encabezar una protesta en la comisaría de Santa Ana en reclamo de pago de adicionales y “mejores condiciones de trabajo”. Todavía queda uno de los cabecillas prófugos y la Justicia intentará determinar si no hubo civiles y entidades gremiales, además de un medio de comunicación, como instigadores del delito de sedición.
Los policías revoltosos habían sido alojados en dependencias de la Gendarmería de Oberá y San Ignacio y en la propia comisaría de Santa Ana. Una suboficial que había sido derivada al hospital Madariaga por descompensación, fue dada de alta.

Un hecho político
El ministro de Gobierno, Jorge Franco consideró que la toma de la comisaría en Santa Ana no tuvo nada que ver con los levantamientos anteriores en distintos puntos del país sino que responden a un sector político opositor que estimuló fuertemente a los cabecillas. “Yo creo que es un anticipo del año electoral, va a haber esto y otras cosas más seguramente en la provincia”, señaló.
Asimismo remarcó que hubo un medio de comunicación que contaba las cosas antes de que sucedieran. “Entonces quiero pensar que hubo alguien que estaba por lo menos muy interesado en el tema, en relación a dirigentes políticos de oposición. No está mal que sean opositores pero sí que usen a la policía para la política… Pero la Justicia ya tomó cartas, seguimos las instrucciones y hemos puesto las cosas en orden”, dijo.

Aclaró que el 99,9 por ciento de la policía trabajaba normalmente y que independientemente de que haya cuestiones que todavía se tienen que resolver, hay una mesa de diálogo destinada a la resolución de las necesidades. “Nuestra policía está trabajando, la inmensa mayoría tiene vocación de servicio”, aseguró.
En cuanto al reclamo que hizo el grupo de policías en contra de las sanciones y los traslados a policías señaló: “Si hay algo que no discute en la autoridad policial es el principio de autoridad. No hay sanciones, las sanciones se hacen cuando hay una causa que lo amerita, es como criticar el código penal. Por otro lado, no hay traslados compulsivos, hay traslados cuando se decide en función de las conveniencias del servicio y cuando ellos entran en la policía se les hace saber que esto es parte de su función. Ellos no pueden cuestionar la autoridad de un jefe y cuando entran a la fuerza se les explica esto. No obstante siempre se trata de pedir que estén lo más cerca posible de su domicilio por una cuestión de conveniencia de situación… Pero hay un reglamento y hay que cumplirlo. No se puede discutir en una fuerza de seguridad”.
“La reacción de estos policías fue acorde de alguien que usa armas para atentar contra el Estado. Por eso estoy pidiendo que se investigue si hubo delito de sedición no solo a ellos sino a civiles porque también hay una ley de la democracia y un código penal que está vigente para estas circunstancias”, añadió.
“Va a haber vivillos de la política y lo lamentable es que haya gente que se prenda por acción o por omisión. Pero para eso está el orden y la justicia”, dijo.
“Nosotros tenemos una gran policía y estas personas sabían bien lo que hacían y a quién respondían. Pero el país no quiere más sangre, ya sufrió mucho para defender la democracia”, concluyó.
En el mismo sentido, el vocero del Gobierno, Eduardo Morales Lezica instó a “defender las instituciones” y no amparar hechos violentos. Indicó además que los efectivos que tomaron la comisaría de Santa Ana no mostraron voluntad de diálogo, y cuando fue el subjefe de la Policía lo “desconocieron”. Tampoco quedó claro cuáles eran los requerimientos que iban desde pedidos a la Entidad Binacional Yacyretá, hasta presencia del Gobernador, dijo.
Respecto a la respuesta del Gobierno indicó que “así como el se dieron señales claras de que los cortes de rutas no serán permitidos en cuanto molesten a los demás vecinos, también en esto, se pide un rechazo de la sociedad este tipo de actitudes”.