Investigan millonaria estafa de una empresa maderera

El abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Diego Lagomarsino, uno de los implicados en la muerte del fiscal Alberto Nisman, vino a Misiones a litigar en una causa por presunta defraudación, estafa y lavado de dinero. Asociado con el abogado Miguel Iglesias, representan a María Luciana Mazlunian, heredera de Ricardo Ariel Mazlumian, fundador de la empresa Mazter Industrial Maderil Sociedad Anónima, Comercial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.
Cuando murió Mazlumian, quien fue presidente del Banco de la Provincia de Misiones, los hijos se quedaron con la empresa y heredaron una gran fortuna.
Quedaron al frente de la firma María Verónica y Ricardo Mazlumian (h) y como presidente, Guillermo Costa, un contador de Buenos Aires.
Llamativamente, según denunció María Luciana e intentarán demostrar los abogados en los estrados judiciales, la empresa comenzó a registrar balances negativos, pese a que la actividad seguía como siempre y las ventas crecían por el valor de la madera. María Luciana sostiene que están «vaciando» la empresa de su padre. De hecho, los trabajadores de la firma, en Tarumá, están de paro desde hace varios días reclamando salarios atrasados. «Nosotros queremos saber que está pasando con las empresa, porque hay muchas versiones, inclusive se habló del vaciamiento de la firma»; dijo el delegado gremial Juan López.
Los trabajadores revelaron datos que son claves en la denuncia. Si se toma el valor de una carga de aglomerado -aproximadamente 600.000 pesos-, la fábrica, trabajando a un tercio de su capacidad de producción, entrega al mercado, dos equipos de madera a la semana -1.200.000-, son ocho equipos al mes -4.800.000 pesos-, lo que hace un total de 57.200.000 al año, que no se reflejan en los balances anuales que tienen el carácter de declaración jurada tanto para el Fisco Nacional como Provincial.
Los costos de funcionamiento de la fábrica, incluyendo sueldos y aportes previsionales, energía eléctrica, suministros necesarios para encolados, etc., no superan los ochocientos mil pesos mensuales.
Hacia eso apuntarán Iglesias y Rusconi, que, además de disputar la herencia familiar de su defendida, pedirán la intervención de la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Sbattella, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), porque sospechan del lavado de activos.
Rusconi también hizo hincapié en la responsabilidad ambiental de la firma, ya que tiene una propiedad de 1.200 hectáreas con bosque nativo que prácticamente desapareció.
Rusconi, además de haber sido fiscal, fue Coordinador de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y representante del Ministerio Público en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Si prospera la demanda, sería el primer caso en Misiones donde se convoque a la UIF y la PROCELAC. La causa central está alojada en el Juzgado de Instrucción 7, a cargo de Carlos Giménez.