Veintiun policías fueron detenidos y dados de baja después de un intento de rebelión en la noche del martes en la localidad de Santa Ana.
El juez Carlos Giménez, a cargo de la causa, adelantó que podrían ser acusados por el delito de sedición que tiene penas que van de uno a cuatro o seis años, de acuerdo al grado de responsabilidad, con el agravante de pertenecer a una fuerza de seguridad.
El intento de levantamiento se produjo en la tarde-noche del martes, cuando efectivos de la comisaría de Santa Ana -todos suboficiales- con el respaldo de gremialistas vinculados a la UTA, iniciaron una protesta que incluyó la toma de la comisaría y una asamblea en la calle “generando un clima de extrema tensión pública y alternación del orden institucional y social”.
Los efectivos estaban armados a la hora de la protesta y habrían retenido contra su voluntad a quienes no quisieron plegarse a la medida de fuerza.
Cuando el subjefe de la Policía, Favio Sosa fue hasta el lugar para dialogar, no hubo posibilidad de un acercamiento con los revoltosos, por lo que se ordenó la intervención del Grupo de Operaciones Especiales para disuadirlos. Finalmente, fueron detenidos 21 efectivos y uno sigue prófugo.
Por orden de la Justicia, los 21 efectivos de diferentes jerarquías quedaron apresados, al tiempo que sus conductas comenzaron a ser investigadas por la dirección de Asuntos Internos de la fuerza.
Si bien aún no están claros los motivos del reclamo, algunas fuentes allegadas a los manifestantes dejaron entrever que los motivos no son salariales sino vinculados a “las condiciones laborales”.
De hecho, los agentes en actividad recibieron un incremento del 30 por ciento en los últimos meses y los acuerdos con los retirados se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado. Con los haberes de marzo, se elevó el tope del doble beneficio a 12 mil pesos y se les abonó la primera movilidad de 2015, acordada a fines del año anterior, lo que suma un total de 3.667,828,33 pesos.
Los cabecillas del intento de revuelta tienen aceitados vínculos con gremialistas enrolados en la oposición política, que ya tuvieron protagonismo en la protesta policial pasada.
Al hablar de los motivos del conflicto, el ministro de Gobierno, Jorge Franco, explicó que tuvieron que ver con reclamos a la Entidad Binacional Yacyretá, para que aumente el pago de adicionales, “y también cuestionaron a miembros de la mesa de enlace con el Gobierno provincial, pero esos miembros fueron elegidos por ellos mismos, por eso no se entiende bien cual es el eje del reclamo”.
Franco aclaró que «el gobierno está gestionando la compra de patrulleros y equipamiento para varias comisarías, entre ellas la de Santa Ana”, lugar donde se inició el conflicto.
Agregó asimismo, que se investiga la participación de sectores externos a la fuerza, civiles y integrantes de gremios que pudieran estar detrás del intento de rebelión como así también un medio de comunicación que informaba de lo que estaba ocurriendo al mismo momento o incluso antes de que sucediera la protesta.
“Pedimos que se investigue porque algunos sectores de la política misionera por el año electoral pueden haber tenido participación en el hecho”, aseguró.
En efecto, en la revuelta habría además de sectores sindicales, empleados de la Municipalidad de Santa Ana y funcionarios cercanos al intendente Pablo Castro, como su secretario de Gobierno, Jorge Alfredo Mierez. Según trascendió, el propio intendente habría ido a apoyar la revuelta en la comisaría y a garantizarles suministros para pasar la noche.
También fueron identificados a través de fotografías, otros empleados municipales, como Marta Morales, Luz Galeano, Mari Recalde, Miguel González, Mari Prieto, entre otros.
Si la Justicia confirma que respaldaron o incentivaron la protesta, también podrían ser incluidos en una causa por sedición, al igual que algunos familiares de los policías revoltosos.
Los nombres de los policías presos por el intento de sedición en Santa Ana
