La Provincia considera irracional la ola de demandas contra escuelas iniciada por un sindicato

Alberto Galarza, del Consejo General de Educación de la Provincia, se refirió a la andanada de acciones legales iniciadas por el sindicato Soeme y que involucra a todas las escuelas de gestión privada de Misiones. “Son típicos reclamos corporativos que se hacen sin tener en cuenta el daño que pudieran causar, en este caso a la educación”, dijo. Consideró ilegal que un gremio pretenda cobrar aportes por trabajadores que no están afiliados o que directamente no existen. Opinó que intentar imponer que las escuelas tengan un portero por cada 30 alumnos está “fuera de toda lógica”.

Para el coordinador de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de la Provincia, Alberto “Colita” Galarza, el reclamo iniciado por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) en contra de las 212 escuelas de educación pública de gestión privada que funcionan en la provincia es irracional y aseguró que si el tema avanza en la justicia, el Gobierno generará las herramientas legales necesarias para proteger a las instituciones que brindan educación en la provincia.

Las declaraciones del funcionario se enmarcan en el reclamo que impulsa el mencionado Soeme, que inició acciones legales exigiendo que las escuelas de gestión privada paguen un aporte solidario, retroactivo a enero de 2010, por empleados que el sindicato presume que trabajan en dichas escuelas, pero que desde las instituciones aseguran que no existen. Además el sindicato exige que se incorporen a esos supuestos trabajadores o que si efectivamente no existen, se los contrate.

“Estos son típicos reclamos corporativos. Una corporación, sin importarle el daño que pueda causar, en este caso a la educación de gestión privada que atiende al 20 por ciento de la matricula total de la provincia, inicia una catarata de acciones legales con claro fin recaudatorio”, dijo.

Consideró además ilegal que un gremio pretenda cobrar compulsivamente y bajo la forma “aporte solidario”, aportes sindicales correspondientes a trabajadores que no están afiliados a este gremio y que de hecho no existen.

Opinó además que la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que estima que las escuelas privadas deberían tener un portero por cada 30 alumnos resultaría inaplicable en Misiones. “Hay cuestiones que se alejan de la racionalidad, esto está fuera de toda lógica, es imposible para una escuela sostener este criterio de un portero cada 30 alumnos. La Cámara de Representantes sancionó el año pasado una norma para el personal del servicio de las escuelas que establece criterios en base a la demanda y a la real posibilidad de desarrollo del trabajo. No establece parámetros rígidos pero nosotros entendemos que debe haber entre 200 y 250 para la designación de un portero, aunque hay casos distintos, no es lo mismo una escuela especial, un NENI o en una escuela de adultos”, señaló.

Para establecer una comparación, indicó que dentro del sistema de escuelas públicas se atiende a unos 415 mil alumnos con alrededor de 1.500 porteros. “Si se aplicara el criterio de un portero cada 30 alumnos, deberíamos tener casi 14 mil porteros, lo cual es irracional”, razonó.

Cuestión de fondo

El Soeme se basa en una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que determina índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas, es decir que estima cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración, deberían tener las escuela privadas en función de la cantidad de alumnos que allí concurran.

Basándose en esta norma, el sindicato -que no tiene presencia en Misiones- se tomó la libertad de presumir que en las 212 escuelas de gestión privada que funcionan en la provincia, trabajan empleados no registrados y reclaman aportes sindicales impagos acumulados desde el 1 de enero de 2010 por esos supuestos empleados. Además exigen que todas las escuelas se ajusten a lo que dice la norma e incorporen personal a su nómina, mayormente porteros, serenos y cocineros.

El presidente de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem), Luis Bogado, desmintió de plano que las escuelas tengan personal en negro y explicó que, a tratarse de entidades educativas con mucho menores recursos que las de Ciudad de Buenos Aires, en las que se inspiró la norma, se arreglan con menos personal. Recalcó además que la gran mayoría de las escuelas de gestión privada de Misiones cumplen una función social importante, atienden a sectores de la población de bajos recursos y cobran cuotas módicas o directamente no cobran.

JRC EP

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