Reiteró que es «fundamental que se tomen medidas de protección especial, ante la eventualidad de que el acusado sea excarcelado, lo anterior tomando en cuenta el antecedente de la falta de garantías brindadas por la Justicia y las fuerzas de seguridad para evitar la reiteración del ataque».
De acuerdo al relato de Silvia Quiroz y otros testigos, el 4 de marzo de este año, su ex pareja, el suboficial principal del Ejército, Aníbal López (53), ingresó a la vivienda de la víctima por una puerta trasera -vestido con el uniforme del Ejército- y una vez dentro de la morada, se dirigió hasta su habitación, al parecer con la firme intención de terminar con la vida de la docente. En el camino se encontró con Mario M. (52), otra ex pareja de la docente y quien había comenzado a convivir con Silvia para protegerla de una posible concreción de las amenazas de López.
Luego de un intercambio de palabras, el uniformado comenzó a disparar contra Mario con el revólver calibre 32 que llevaba en la mano y lo hirió sin gravedad. En medio de forcejeos, los dos hombres llegaron hasta la habitación de Silvia, el suboficial volvió a disparar; en este caso contra la mujer, a quien hirió gravemente en el abdomen. La víctima fue puesta a salvo por su hija de 12 años quien logró sacarla por la ventana del dormitorio. Luego fue auxiliada por los vecinos y finalmente traslada al Hospital Madariaga, donde fue sometida a una intervención de más de seis horas para suturar las 16 perforaciones intestinales y dos en el útero que le provocó la bala. Actualmente Silvia se repuso de la herida y fue dada de alta.
La vida de Quiroz y su familia están bajo responsabilidad del Estado
La diputada Duarte, destacó el hecho de que su supervivencia se debe a sus allegados, y los recaudos que tanto ella como su familia tomaron por los ataques los anteriores, y las amenazas reiteradas del violento militar. «Ante las implicancias del haber atentado contra la vida de su ex mujer con un arma de fuego, aunque existían denuncias previas, una causa abierta y órdenes judiciales; es decir ante la ineficacia previa en la protección de la víctima, hacemos notar que tanto la integridad física como la seguridad y la vida de Silvia Quiroz y su familia, están ahora bajo absoluta responsabilidad de las dependencias del Estado de la Provincia de Misiones. Es su deber actuar garantizando las medidas de protección necesarias para la seguridad de todas las víctimas de violencia», reclamó la legisladora.