La diputada provincial, Myriam Duarte presentó al subsecretario de Seguridad y Justicia, Julio César Lenzken, y a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Ramona Velázquez -acompañada por integrantes del Colectivo de Acción contra la Violencia de Géneros- una nota solicitando que se preste especial atención al desenvolvimiento de la causa judicial sobre el intento de femicidio que sufrió la docente Silvia Quiroz (50) el 4 de marzo pasado en San Javier, de manera que se garantice el acceso pleno a la justicia de la víctima, y se tomen todos los recaudos para salvaguardar su seguridad.
«Teniendo en cuenta que de acuerdo a la legislación vigente, el Estado tiene responsabilidad indelegable en la defensa de las víctimas de violencia de género, pedimos especial atención al desenvolvimiento de la causa judicial, para garantizar a la víctima, el acceso pleno a la justicia, y que se tomen los recaudos para salvaguardar su seguridad», destacó Duarte en la nota que presentada junto a integrantes del Colectivo de Acción contra la Violencia de Géneros.
El grupo manifestó su apoyo y solidaridad ante el temor de la mujer y su hija Yanina, y consideró que en este sentido «es primordial que la misma esté debidamente asesorada legalmente, y que el proceso se desarrolle en forma sumaria, sin las dilaciones que ya la pusieran en situación de extrema vulnerabilidad», señaló la legisladora.
Reiteró que es «fundamental que se tomen medidas de protección especial, ante la eventualidad de que el acusado sea excarcelado, lo anterior tomando en cuenta el antecedente de la falta de garantías brindadas por la Justicia y las fuerzas de seguridad para evitar la reiteración del ataque».
Reiteró que es «fundamental que se tomen medidas de protección especial, ante la eventualidad de que el acusado sea excarcelado, lo anterior tomando en cuenta el antecedente de la falta de garantías brindadas por la Justicia y las fuerzas de seguridad para evitar la reiteración del ataque».
Myriam Duarte recordó que anteriormente al intento de femicidio del 4 de marzo, existía una orden de restricción de acercamiento desde diciembre de 2014, que no se hizo cumplir, no se establecieron controles para que así fuera, como tampoco se le retiró al acusado el permiso de portación de armas, algo que está contemplado en los casos de violencia. «El sábado 17 de enero, el mismo atacante ingresó en la casa de Silvia Quiroz, desobedeciendo la orden de restricción, la golpeó brutalmente, e intentó acuchillarla. Por fortuna, en un descuido de su atacante ella logró escapar, y así alertó de lo sucedido a la Policía. El suboficial López, a pesar de que seguía profiriendo amenazas contra su ex mujer y dos de sus hijos, estuvo preso sólo dos días y se le abrió una causa por “lesiones leves”. Ni siquiera esto logró que se establecieran controles policiales», lamentó la diputada.
Los hechos
De acuerdo al relato de Silvia Quiroz y otros testigos, el 4 de marzo de este año, su ex pareja, el suboficial principal del Ejército, Aníbal López (53), ingresó a la vivienda de la víctima por una puerta trasera -vestido con el uniforme del Ejército- y una vez dentro de la morada, se dirigió hasta su habitación, al parecer con la firme intención de terminar con la vida de la docente. En el camino se encontró con Mario M. (52), otra ex pareja de la docente y quien había comenzado a convivir con Silvia para protegerla de una posible concreción de las amenazas de López.
Luego de un intercambio de palabras, el uniformado comenzó a disparar contra Mario con el revólver calibre 32 que llevaba en la mano y lo hirió sin gravedad. En medio de forcejeos, los dos hombres llegaron hasta la habitación de Silvia, el suboficial volvió a disparar; en este caso contra la mujer, a quien hirió gravemente en el abdomen. La víctima fue puesta a salvo por su hija de 12 años quien logró sacarla por la ventana del dormitorio. Luego fue auxiliada por los vecinos y finalmente traslada al Hospital Madariaga, donde fue sometida a una intervención de más de seis horas para suturar las 16 perforaciones intestinales y dos en el útero que le provocó la bala. Actualmente Silvia se repuso de la herida y fue dada de alta.
De acuerdo al relato de Silvia Quiroz y otros testigos, el 4 de marzo de este año, su ex pareja, el suboficial principal del Ejército, Aníbal López (53), ingresó a la vivienda de la víctima por una puerta trasera -vestido con el uniforme del Ejército- y una vez dentro de la morada, se dirigió hasta su habitación, al parecer con la firme intención de terminar con la vida de la docente. En el camino se encontró con Mario M. (52), otra ex pareja de la docente y quien había comenzado a convivir con Silvia para protegerla de una posible concreción de las amenazas de López.
Luego de un intercambio de palabras, el uniformado comenzó a disparar contra Mario con el revólver calibre 32 que llevaba en la mano y lo hirió sin gravedad. En medio de forcejeos, los dos hombres llegaron hasta la habitación de Silvia, el suboficial volvió a disparar; en este caso contra la mujer, a quien hirió gravemente en el abdomen. La víctima fue puesta a salvo por su hija de 12 años quien logró sacarla por la ventana del dormitorio. Luego fue auxiliada por los vecinos y finalmente traslada al Hospital Madariaga, donde fue sometida a una intervención de más de seis horas para suturar las 16 perforaciones intestinales y dos en el útero que le provocó la bala. Actualmente Silvia se repuso de la herida y fue dada de alta.
La vida de Quiroz y su familia están bajo responsabilidad del Estado
La diputada Duarte, destacó el hecho de que su supervivencia se debe a sus allegados, y los recaudos que tanto ella como su familia tomaron por los ataques los anteriores, y las amenazas reiteradas del violento militar. «Ante las implicancias del haber atentado contra la vida de su ex mujer con un arma de fuego, aunque existían denuncias previas, una causa abierta y órdenes judiciales; es decir ante la ineficacia previa en la protección de la víctima, hacemos notar que tanto la integridad física como la seguridad y la vida de Silvia Quiroz y su familia, están ahora bajo absoluta responsabilidad de las dependencias del Estado de la Provincia de Misiones. Es su deber actuar garantizando las medidas de protección necesarias para la seguridad de todas las víctimas de violencia», reclamó la legisladora.
