Actualmente, las recomendaciones y normas de la Comisión Mundial de Represas (CMR) son las que guían la planificación, diseño y construcción de las grandes represas en todo el mundo. El marco establecido por esta comisión se basó en cinco principios esenciales: equidad, sustentabilidad, eficacia, toma de decisiones participativas y responsabilidad. Este nuevo enfoque implica integrar las dimensiones sociales, ambientales y económicas en materia de desarrollo y crear una mayor transparencia y seguridad para todos los implicados en este tipo de proyectos.
El documento base de la CMR, que ya tiene 15 años y se ha vuelto una norma reconocida internacionalmente, parte del reconocimiento de derechos y de la evaluación de riesgos. El reconocimiento de derechos implica identificar a los grupos afectados que tienen derecho a participar en el proceso consultivo y, llegado el caso, en la negociación de acuerdos específicos relativos, por ejemplo, a la participación en los beneficios, los reasentamientos o las indemnizaciones.
La evaluación de riesgos, tal como es definida actualmente, representa un giro de 180 grados respecto de concepciones tradicionales en la materia: mientras que antes la definición de riesgo se restringía al que corren los promotores o el inversor en términos de capital invertido y de los beneficios previstos, actualmente se reconoce que los riesgos se extienden a un grupo más amplio que el de los gobiernos o los promotores que incluye tanto a las personas afectadas por un proyecto, como al medio ambiente como un bien público.
Estos grupos enfrentan riesgos de forma involuntaria que afectan directamente su bienestar personal, sus medios de subsistencia y su calidad de vida. Así, las normas y las buenas prácticas actuales para la construcción de represas implican la protección de los derechos de todos los grupos de personas afectadas, la facilitación de la participación y el acceso a la información y la evaluación exhaustiva de opciones para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de represa, en las cuales son tan importantes los aspectos sociales y ambientales como los factores económicos y financieros.
En este sentido, se volvió una prioridad tomar medidas que eviten los impactos, seguidas por la minimización y mitigación de los daños ocasionados en la salud e integridad de los ecosistemas. Asimismo, el Estado y las promotoras de los proyectos deben comprometerse y responsabilizarse de mitigar los impactos y no solo reasentar a las poblaciones afectadas, sino también promover su desarrollo.
Un largo camino
Desde hace miles de años se construyen represas para suministrar agua para usos domésticos, industriales y de riego, para controlar inundaciones y, desde el siglo XIX, para aprovechar el agua como energía hidráulica. Pero los modos y normas para su planificación y construcción han variado a lo largo de la historia.
En el período que va de 1930 a 1970, la construcción de represas creció dramáticamente en todo el mundo, hasta el punto que, a fines del siglo XX, casi la mitad de los ríos del mundo tenían, al menos, una represa. En esa etapa, la construcción de estas grandes obras se convirtió en sinónimo de desarrollo y progreso económico, además de símbolo de modernización y de la habilidad humana para controlar y utilizar los recursosde la naturaleza. Así, su construcción aumentó espectacularmente y alcanzó su apogeo en la década de 1970, cuando se iniciaba una media de dos a tres nuevas grandes represas por día en alguna parte del mundo.
En esa etapa de su historia, se consideraba que los beneficios de las represas eran evidentes y que los servicios que prestaban eran suficientes para justificar las importantes inversiones realizadas.
Sin embargo, avanzando hacia el siglo XXI, la construcción de represas comenzó a ser cada vez más cuestionada y se volvió fuente de controversia. El tema de los costos versus los beneficios se convirtió en una preocupación pública. Si de un lado se las defendía como un importante medio para satisfacer necesidades de agua y energía, y como fuente de múltiples beneficios adicionales, como la creación de empleo y la promoción de una base industrial con potencial exportador -entre otros-,del otro se destacaban los problemas que causaban y sus impactos sociales y ambientales: el impacto sobre el curso de los ríos, la discusión sobre los derechos a los recursos, la posibilidad de que la represa desarraigue los asentamientos existentes, afecte la cultura y los mediosde subsistencia de las comunidades locales y de que reduzca o degrade los recursos ambientales.
Esta problemática tomó escala global y se volvió necesario implicar en este debate a todas las posiciones. Así, en 1997 se constituyó la Comisión Mundial de Represas, con auspicio de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) y el Banco Mundial, y con representantes de distintos intereses –gobierno, sociedad civil, empresas-, para formular criterios aceptables internacionalmente que condujeran a guías y normas de buenas prácticas para la planificación diseño, evaluación, construcción, funcionamiento, inspección y desmantelamiento de represas.
El producto de ese debate mundial fue el informe “Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones”, publicado a fines del año 2000 por la Comisión Mundial de Represas (CMR) y que implicó el principio de un profundo cambio en los modos de planificar, diseñar y ejecutar estos proyectos.
A ello se suman otros instrumentos de carácter internacional con el objetivo de lograr sustentabilidad en los proyectos hidroeléctricos, como el Protocolo de Evaluación de Sustentabilidad Hidroeléctrica, desarrollado por la Asociación Mundial de Hidroelectricidad.
La creciente preocupación en el mundo por las cuestiones ambientales y la mayor protección de derechos de poblaciones vulnerables, en el marco de un sostenido aumento de los consumos de electricidad han motorizado la búsqueda de herramientas para que los proyectos hidroeléctricos no solo satisfagan las demandas de energía, sino también que cumplan con las premisas de sustentabilidad social y ambiental.
¿Qué es una gran represa?
Según la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD), una gran represa tiene una altura mínima de 15 metros (desde los cimientos). También se consideran grandes las represas de 10 a 15 metros de altura con un embalse de más de 3 millones de metros cúbicos.
Según el Organismo Regulador de Seguridad de Presas de la Argentina (ORSEP), existen en el país unas 200 grandes represas, de las cuales sólo unas 50 generan electricidad, mientras que el resto tiene como uso prioritario el riego, el control de inundaciones o la provisión de agua potable.
En comparación, Brasil tiene actualmente más de 700 represas hidroeléctricas en funcionamiento –además de las existentes para otros usos-, que en conjunto aportan más del 70% de la electricidad que se consume en ese país.
