La Jefatura de Policía ordenó el pase a disponibilidad de ocho policías, entre ellos dos oficiales y médico de la fuerza, que se desempeñaban en la comisaría de Guaraní y el destacamento de Villa Industrial, en relación a la investigación abierta en la Justicia por la muerte del ciudadano Julio Antonio Lloret, cuya familia acusa como responsables del deceso a efectivos de la fuerza de seguridad provincial.
La cúpula de la institución del orden argumentó la decisión en «resultados preliminares obtenidos por Asuntos Internos» y «tras verificarse la posibilidad de una serie de irregularidades administrativas en los procedimientos concretados».
«Además de los relevos correspondientes, se dispuso la intervención de la comisaría de Guaraní con un oficial superior de la Unidad Regional II y del destacamento Villa Industrial, prosiguiéndose con las actuaciones sumariales administrativas por parte de Asuntos Internos de la Policía Provincial», añade el comunicado difundido por la Jefatura.
Pasaron a disponibilidad a: un oficial jefe, un oficial subalterno, tres suboficiales y un agente de la comisaría de Guaraní; como así también a un suboficial que prestaba servicios en el destacamento Villa Industrial y a un oficial médico de la división Sanidad Policial de la Unidad Regional II.
Antonio Lloret tenía 25 años. Falleció el viernes luego de haberle contado a un hermano que tres hombres “con borceguíes” le habían dado una brutal paliza. Su familia cree que fueron policías, pero que no lo decía abiertamente porque estaba amenazado.
El miércoles en el cementerio de Picada Yapeyú exhumaron el cuerpo del joven por orden judicial. El cadáver fue llevado a la morgue judicial de Posadas para la realización de la autopsia. Fuentes judiciales confiaron que se trató de una «muerte violenta». En la necropsia se determinó que el muchacho presentaba un «hematoma subdural», que derivó en un «edema». Es decir, un golpe en la cabeza, sin fractura, que le provocó un sangrado interno, que lo llevó al fallecimiento.
En la diligencia participaron tres empleados de la Municipalidad de Guaraní y personal de la propia Policía.
La denuncia que disparó la investigación la radicó Ricardo Lloret (22), hermano del fallecido.
El martes, la Unidad Regional II de la Policía difundió un comunicado en el que negaba que algún integrante de la fuerza haya tenido que ver con el hecho. Allí se detallaba incluso que una patrulla de la UR llevó al joven hasta el hospital Samic de Oberá para que lo atendieran y que una vez que se conoció el deceso del mucho, el médico policial Luis Liesenfeld diagnosticó que el deceso se produjo por ‘un paro cardiorespiratorio, muerte súbita’.
La familia rechaza las versiones que indican que al muchacho lo atacó una patota, que se le cayó un árbol encima o que lo sorprendió otro vecino cuando intentaba robar y lo castigó duramente. Cree que el martes de la semana pasada un grupo de policías lo abordó cuando esperaba el micro para irse a Oberá, donde tenía una changa al día siguiente, y le propinó una brutal golpiza, por motivos que desconoce.
MAS- EP-CP
La Policía rechaza que algún efectivo esté vinculado con el deceso de un vecino de Guaraní
