El empresario de transporte Emilio Casals fue condenado a cuatro años de prisión por la causa abierta en Misiones tras la llamada Tragedia de Rancho Quemado, despiste de un micro misionero que le costó la vida a ocho jubilados del IPS en Brasil en 2009. El imputado fue encontrado culpable de haber presentado papeles truchos para que el colectivo que llevaba el contingente de abuelos de Misiones hacia el Brasil pudiera trasponer la frontera.
De todos modos no irá a prisión, hasta que la sentencia quede firme. Cuando ello ocurra, y si la instancia judicial superior avala el veredicto, será alojado en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria.
Los jueces Norma Lampugnani (presidenta del Tribunal Federal que llevó adelante el debate), Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi hicieron saber su decisión cerca de las 13, ante un puñado de familiares de las víctimas, que en silencio siguieron la lectura del fallo. Recién el viernes que viene se darán a conocer los fundamentos de la resolución.
La jornada de hoy empezó con los alegatos. La fiscal Vivian Barbosa pidió cinco años de cárcel para el procesado.
La titular del Ministerio Público lo acusa del delito de «uso de documento público falso». En sus conclusiones, sostuvo que Casals incurrió en el mismo ilícito cinco veces en 2009: 2 de enero; 20 de enero; 2 de febrero; 15 de febrero; y 15 de abril.
A lo largo de la investigación y también del debate oral y público se comprobó que los papeles que presentó el empresario en la frontera (paso San Javier-Porto Xavier) eran apócrifos. El imputado se defendió diciendo que esos documentos los tramitaba un «gestor» de la empresa que le había vendido el ómnibus que luego protagonizó la tragedia.
La defensora oficial Susana Criado, que asiste al acusado, sostuvo que no fue comprobada la autoría por parte de Casals y proclamó su inocencia.
En su alegato, afirmó que la Prefectura siempre dejaba pasar al micro de Casals porque lo conocían y nunca le pedían la documental necesaria para certificar el cruce. Aseguró que no se detectó «el cuerpo del delito» y exigió a los jueces la absolución de su defendido.
Cerca de las 11, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar. Recién dos horas después dio a conocer la sentencia. Casals se mostró visiblemente golpeado por el fallo. Pero no terminó preso ni esposado. Se fue del recinto de debates de Félix de Azara casi Catamarca caminando como había llegado.
La causa por el accidente fue tramitada por la Justicia brasileña. El único imputado era el chofer del micro, Daniel Alberto Meza. Pero el conductor, que llegó a estar preso durante meses en el vecino país, se suicidó en Garupá tiempo después del accidente.
El colectivo de la firma Emilio Viajes (de Casals) traía desde Camboriú a un contingente de afiliados del IPS. A la altura del paraje Rancho Quemado (Santa Catarina), el micro se desbarrancó y perdieron la vida ocho abuelos. Esto sucedió en abril de 2009.
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