El zorro y el gallinero

Escribe Juan Carlos Argüello, Jefe de Redacción de Misiones Online

Los argentinos que marcharon el miércoles bajo la lluvia lo hicieron convencidos de que la muerte del fiscal Alberto Nisman es una herida incurable para el país. Fueron muchos, marcando una presencia imponente magnificada por el persistente aguacero. Fue una postal generosa para la mirada condescendiente de los dirigentes de la oposición que también marcharon, casi escondidos, en un segundo plano, detrás de los fiscales organizadores de la caminata por “la justicia”.
A primera vista, debe advertirse que las expresiones de enojo con el Gobierno son válidas, tanto como aquellas que celebran sus acciones. Lo que debe destacarse, en última instancia, es que cada una pueda hacerse notar en la calle, con libertad plena.
Pero basta una mirada un poco más profunda para comenzar a desmenuzar los ingredientes de una manifestación política que, aunque motivada por la muerte de un fiscal, se parece demasiado a otros intentos por unir espacios esencialmente en contra del Gobierno. Incluso, sus referentes deberían preocuparse porque el liderazgo que ellos pretenden ejercer, sea representado por un puñado de fiscales o el principal grupo mediático. La experiencia indica que una vez logrado el objetivo, las corporaciones se deshacen con facilidad de quienes se esmeran en complacerlas.
Para las corporaciones, la política es antipática, porque les roba el poder de decisión que vienen ejerciendo sin contratiempos casi desde siempre.
Ya hubo marchas similares a las del 18F y con el mismo público como protagonista.
De ninguna de ellas la oposición pudo salir victoriosa y, en cambio, el que se robusteció fue el kirchnerismo por animarse a redoblar la apuesta e ir más a fondo con la toma de decisiones y transformaciones que mutaron el mapa político y social.
Nada indica que la oposición pueda hoy capitalizar un descontento mayor al de otras oportunidades.
La situación es distinta, en cambio, para el propio kirchnerismo. Esta vez no está en sus manos la resolución del conflicto originario. No puede ofrecer una respuesta por la muerte de Nisman, que no sea la enardecida diatriba de algunos funcionarios que poco aportan para la serenidad necesaria en el momento.
Esta vez no hay medidas que puedan apurarse ni reformas que calmen las aguas –las que se ofrecieron antes en la Justicia fueron rechazadas por muchos de quienes marcharon el 18F-. Ni siquiera la disolución de la ex SIDE y su transformación en un organismo un poco más transparente, sirven para disuadir a quienes creen que la Presidenta es la responsable por la muerte del fiscal.
El Gobierno quedó relegado a un incómodo lugar de espectador, en el que nada de lo que haga modificará lo que pasa en el escenario. No quiere decir esto que deba resignarse a la situación pasiva, sino que deberá esforzarse más para leer entre líneas y poder recuperar el protagonismo que ahora está en la calle. Pero el golpe por golpe no es el mejor espectáculo que puede ofrecer en un año en el que está en juego mucho más que un cargo presidencial.
Sin embargo, el desacostumbrado rol de espectador del Gobierno no es peor que el de los dirigentes de la oposición que tuvieron que salir a mojarse y vieron como, quienes marcharon, reclamaban algo que difícilmente estén en condiciones de conseguir: unidad para derrotar al oficialismo. Macri y Massa afloran como referentes dentro del intento restaurador de la oposición y en ellos se juegan las esperanzas de fin de ciclo. Pero ese doble liderazgo atenta contra el mismo objetivo propuesto, ya que divide votos y en el reparto, el candidato que promueva el kirchnerismo, puede ser beneficiado. El intendente porteño es quien suma más figuras a su staff, como Elisa Carrió o ahora Carlos Reutemann, quien podría ser su candidato a vice. Fernando “Pino” Solanas, el despechado partenaire de Carrió, se sumaría como candidato a intendente de Buenos Aires por el Frente Renovador de Massa. Parece que fue ayer que ella y él desparramaban críticas para los dos competidores en punta. Desde afuera, lo que queda del radicalismo y los socialistas, se convirtieron en la tercera corriente opositora, con ganas de sumarse a alguna de las otras dos, que le asegure un mejor reparto en el futuro.
Falta todavía para octubre y cada aspirante del oficialismo se cuida de no salir dañado en el combate, al mismo tiempo que debe mantener las banderas en alto para contar con el respaldo de la Presidenta y, esencialmente, de quienes se sienten representados por el modelo. No son pocos y nadie puede aventurar que sean menos que los descontentos.
Los candidatos del oficialismo se preocupan por mostrar que la gestión sigue su marcha. Florencio Randazzo es quien capitaliza los logros del Gobierno, mientras que Daniel Scioli se mantiene en el plano de la firmeza sin dejarse obnubilar por quienes lo quieren más lejos del kirchnerismo. El gobernador de Buenos Aires se reunió con intendentes misioneros que le dieron su respaldo en una muestra más de que su postulación tiene muchos adeptos. Pero al motonauta le cayó muy mal una presencia en el encuentro que no era esperada. Marcelo Canteros quiso copar el encuentro con los alcaldes e invitarlo a que venga el 13 de marzo a Misiones. Scioli ya sabe de los problemas de trasnoche del autoproclamado “referente” y no quiere saber nada con que se asocie su nombre a la del ex funcionario de Desarrollo Social.
La sensación de impunidad que aflora como catalizador tras la muerte de Nisman, no es atribuible y mucho menos con exclusividad, al Gobierno, sino a los mismos hombres de la Justicia –jueces y fiscales- que tienen en sus manos las llaves para destrabar innumerables causas que esperan desde hace años, como la de la propia AMIA, Papel Prensa, hijos de desaparecidos, delitos económicos, como la evasión de divisas en cuentas en Suiza y otras tantas. Pero solo avanzan aquellas que tienen como sospechados a quienes integran las filas del oficialismo.
Si la misma celeridad se aplicara a todas las causas, el fantasma de la impunidad desaparecería casi instantáneamente.
“Hacer una marcha para pedir justicia y que sea encabezada por quienes fuimos convocados para impartirla es casi un absurdo”, definió con claridad una funcionaria judicial misionera con un currículo intachable, quien, obviamente, no asistió a la manifestación. Es como la paradoja de pedirle al zorro que cuide del gallinero.
En ese escenario, la caminata bajo la lluvia sirvió únicamente para meterle mayor presión a la fiscal Viviana Fein, que ya debe lidiar con la investigación, las operaciones de prensa, las críticas de funcionarios y hasta testigos que aparecen ante los medios y que ensucian el escenario en los medios aunque poco aporten a la investigación.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff afirmó este viernes que “la impunidad lleva agua para el molino de la corrupción”.
Se refería al escándalo por corrupción en Petrobrás, que salpica peligrosamente a su Gobierno y a ella misma. Pero la jefa de Estado, a quien en la oposición amenazan con un juicio político, se refería a la impunidad de más de 20 años, que es cuando se calcula que comenzó a funcionar el mecanismo de corrupción en la petrolera estatal, con funcionarios que siguieron en sus puestos hasta el año pasado y aceitaron todo el engranaje en el que se involucraron funcionarios y decenas de empresarios.
Se estima que la red de corrupción movió más de 3.856 millones de dólares en la última década.
“No es que antes no existía. Antes no hubo investigación. Es que no fue investigado ni descubierto. Cuando uno investiga, descubre e impide que eso se repita”, agregó Dilma.
El escándalo de Petrobrás traza un paralelismo con cualquiera de las causas más resonantes desde el retorno de la democracia en la Argentina. En pocas hay presos. En otras, los funcionarios acusados ganaron por cansancio.
En la mayoría reina la impunidad y no hubo devolución de dinero –como ocurrirá en Brasil- sino que cada sospechoso de corrupción camina con libertad por las calles.
Sin embargo, quienes son responsables de impartir justicia, salieron a la calle para reclamarla. Insólito acto que solo puede ocurrir bajo un trasfondo político.
De todos modos, aunque imponente, no puede pensarse que la marcha del miércoles haya representado el pensamiento de todo el Poder Judicial.
La Federación Argentina de Magistrados dejó “librada a la decisión personal” la adhesión o no a la marcha y, en el caso de Misiones, ningún juez o fiscal se plegó a la marcha central o a su réplica en la plaza 9 de Julio, dominada por dirigentes de la oposición que están pensando más en octubre que en la muerte del fiscal.
En el seno de la FAM hubo una fuerte disputa por la postura ante la marcha. Jueces de las provincias rechazaron la adhesión plena a la convocatoria del 18F y advirtieron que, aunque dolorosa, la muerte de Nisman debe ser investigada por la Justicia y no ser utilizada por sectores políticos al acecho.
Una fuente judicial que estuvo en ese álgido encuentro se quejó del centralismo que pretenden imponer los representantes de los fueros federales, cuando, en la práctica, son los jueces de las provincias los que ponen la cara en el día a día ante la sociedad. “El 95 por ciento de la Justicia es aplicada por los jueces provinciales. Somos los que ponemos al ladrón en la cárcel, los que resolvemos los conflictos vecinales y los que nos comemos la crítica social y de los medios. Pero somos los peor pagados. Los jueces federales manejan presupuestos infernales y nosotros nos arreglamos como podemos ante miles de causas”, relató.
Entre los jueces provinciales, una frase resume lo anterior: “Cuando Oyarbide se pone las plumas, el sopapo lo recibimos en las provincias”.
En la reunión de funcionarios y magistrados judiciales se hizo hincapié en que nadie salió a marchar por los “magros salarios” que se reciben en algunas provincias –en comparación con los jueces federales-, ni por cientos de víctimas de violencia o causas que lesionan el desarrollo institucional.
“Aprovechan la coyuntura y esto no puede ser coyuntural. Cinco fiscales no representan a la Justicia”, definió un juez consultado por este diario. Ni siquiera son los fiscales, sino apenas un puñado.
Otro magistrado, con un alto cargo en el Poder Judicial de la Provincia, dictó una sentencia similar. “La marcha fue netamente con contenido e intención política por parte de los organizadores, los fiscales federales, la corporación mediática y la oposición, que saben que la gente común se va a sensibilizar y lo aprovechan”, cuestionó.
Es claro que los jueces de las provincias expresan una opinión distinta a la que se pretende imponer desde el conveniente escenario mediático porteño. Pero también es distinta a la lectura de la presidenta Cristina Fernández, quien calificó al 18F como la fecha de nacimiento del partido judicial, una corporación que vendría a ocupar el rol del partido militar que tanto protagonismo supo tener en otras épocas.
Aunque para la Presidenta no caben dudas de la intencionalidad política de la marcha y de sus protagonistas, es poco probable que pueda adquirir dimensiones preocupantes para la continuidad democrática. Si se hiciera una lista de candidatos, no sería más relevante que cualquier otra de la oposición. No quita ello que “el partido judicial” pueda cobrar mayor protagonismo institucional imponiendo trabas al accionar del Poder Ejecutivo o arrinconando a los funcionarios aceptando denuncias aunque éstas tengan escasa consistencia. El fiscal Gerardo Pollicita, quien se hizo cargo de la denuncia de Nisman contra la Presidenta, por el supuesto desvío en la investigación de la causa AMIA, no se animó a exponer ante el Congreso los motivos por los que decidió sostener la acusación. Fue invitado para que los diputados de todas las bancadas conozcan los detalles de tamaña denuncia, pero prefirió no ir para “no entorpecer” la investigación. Para el oficialismo es otra prueba de lo endeble de la acusación. A sabiendas de que está en el centro de la escena, Pollicita aclaró que “todavía no está probado lo que figura en el expediente” y que la causa se encuentra “en un estado inicial”.
“Se ha propuesto la producción de una importante cantidad de medidas de prueba tendientes a corroborar tanto la existencia del hecho denunciado como si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables”, explicó, tomando una enorme distancia de lo que aseguraba Nisman antes de morir, pocas horas antes de ir, también invitado por los legisladores, a dar a conocer los detalles de la denuncia en el Congreso.
La crisis de liderazgos de la oposición se refleja en Misiones. Sus dirigentes intentaron replicar en la plaza 9 de Julio la marcha de Buenos Aires. No lograron juntar a más de un centenar entre militantes y personas que se identifican claramente en la vereda opuesta del Gobierno nacional –ni siquiera del misionero-.
Claudio Wipplinger, diputado del partido Trabajo y Progreso aseguró que “es grave lo que acontece a un fiscal de la nación, que muere en una situación confusa y más confuso es todo el proceso posterior a la muerte”.
El candidato a gobernador de la UCR, Gustavo González aseguró que el radicalismo participó de la marcha “aunque no de manera institucional, sino como ciudadanos”. Un ciudadano aséptico, apolítico. Rara definición de representatividad de quien aspira a representar no sólo a su partido, sino a todos los misioneros.
El diputado nacional de la UCR, Luis Pastori, aprovechó para reclamar la definición de una fecha para las elecciones, que nada indica que se realicen en otro mes que no sea octubre. “Es urgente e imprescindible contar con reglas claras y a tiempo, no solamente con los amarretes 90 días previos que dispone la actual legislación, la que por cierto, reclama varios cambios para hacerla más democrática y transparente”, se quejó el legislador.
“Las elecciones serán convocadas en los tiempos constitucionales y pensando en el interés misionero y no de fracciones partidarias. Así que muchachos, a no disfrazar las incapacidades de resolver cuestiones internas con supuestos aires democráticos”, refutó el ministro de Gobierno, Jorge Franco.
Ramón Puerta también se sacó fotos frente a la Casa de Gobierno, epicentro de la concentración del 18F en Misiones. “Los argentinos buscamos un camino para expresar nuestra preocupación, no solo por lo que ha ocurrido con el fiscal Nisman sino con lo que ocurre con nuestra democracia, es una expresión masiva de buscar el camino que reconstruya la democracia, el federalismo, las instituciones y el primer hecho es el repudio a una muerte trágica de un fiscal que está investigando a la presidenta, muere con un tiro en la cabeza 12 horas antes de presentar la prueba, y ese es el motivo por el cual el pueblo argentino reacciona de esta manera”, expresó el ex mandatario provincial.
El gobernador Maurice Closs, en cambio, afirmó que se debe dejar trabajar a la Justicia que es la encargada de esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Me parece que esto está siendo usado políticamente por muchos sectores y, por supuesto que no lo comparto”, advirtió.
“No lo digo yo, sino que lo ha dicho la ex mujer del fiscal Nisman, la jueza Sandra Arroyo de Salgado”, afirmó.
Enfocado en la gestión, el Gobernador inauguró obras en Puerto Iguazú a través de una videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández y otras en varios puntos de la provincia.
Mañana mismo podría venir a la provincia el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para presentar inversiones en materia de seguridad, junto al ministro de Gobierno, Jorge Franco. Habrá equipamiento para los efectivos, vehículos especiales y se potenciarán unidades como la de la Policía Montada.
La seguridad es una preocupación permanente, pero mucho más a raíz de una sucesión de hechos delictivos con componentes desacostumbrados en Misiones.
En paralelo, a pocos días de iniciarse el ciclo lectivo, también hubo intensas gestiones para arribar a un acuerdo salarial con el gremio docente. Se descuenta que las clases se iniciarán el 2 de marzo con normalidad en Misiones, pero el Gobernador pidió serenidad a los docentes a la hora de negociar la pauta del año. “Siempre arreglamos porque este Gobierno tiene una enorme predisposición al diálogo, y vamos a arreglar”, aseguró. Pero pidió que se tenga en cuenta que la economía no está en la misma situación del año pasado y que hubo desaceleración de la inflación en los últimos meses, que, con un incremento del 38 por ciento como reclaman los gremios, se volvería a acelerar.
“Pido que cada uno en el rol que le toca, tenga la responsabilidad de hacer lo mejor. Obviamente los trabajadores defienden sus derechos peleando por un mejor salario y nosotros estamos administrando la provincia, tratando de que las cosas sean mejor para todos”, aseguró.



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