Roberto Rodríguez, un santafecino de 35 años, fue procesado como jefe de una organización criminal que invertía dinero obtenido por la comercialización de drogas. Blanqueaba el dinero con una concesionaria de vehículos importados de lujo, que había montado sobre la avenida Quaranta casi Jauretche de la capital provincial.
No tenía ingresos económicos. Tampoco propiedades a su nombre. No presentaba declaraciones juradas y no pagaba impuestos al fisco. Aun así, Roberto Rodríguez, un santafecino de 35 años, pudo comprarse un Porsche Coupé Cayman modelo 2010, valuado en más de 900.000 pesos; abrió en Posadas, Misiones, una agencia de compraventa de autos de lujo; invirtió dinero en un complejo turístico en la ciudad misionera de Montecarlo, y en una caja fuerte y en un valija suyas le descubrieron 304.600 pesos y 8000 dólares.
Rodríguez, según una investigación judicial y de la Gendarmería, integraba una banda dedicada a invertir dinero obtenido por la comercialización de estupefacientes.
«La organización delictiva estaría vinculada a una serie de hechos relacionados con el narcotráfico, y tendría como consecuencia el ostensible incremento patrimonial de los distintos miembros, con vínculos familiares o de afinidad entre sí, incompatibles con la actividad habitual de cada uno de ellos, sin justificación alguna de los ingresos o manejo de fondos», sostuvo el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila en una resolución donde procesó con prisión preventiva a Rodríguez y a otros siete sospechosos. Otros cinco imputados fueron beneficiados con la falta de mérito.
La investigación del juez Soto Dávila, su secretario Pablo Molina y los detectives de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) Corrientes de la Gendarmería comenzó hace tres años, en enero de 2012, cuando se dio con una presunta banda narco que traficaba marihuana desde Paraguay hacia distintos puntos de la Argentina.
La droga era distribuida en camiones por todo el país. Según consta en la resolución del juez, a la que tuvo acceso LA NACION, en los inicios de la causa se señalaba a Rodríguez como el jefe y financista de la organización.
A varios sospechosos vinculados con la banda les secuestraron importantes cargamentos de drogas. Por ejemplo, en septiembre de 2013 fueron decomisados en Mendoza 1200 kilos de marihuana. En otro procedimiento en Formosa, fueron incautados más de 1400 kilos de cannabis sativa dentro de un camión.
Durante un tiempo, Rodríguez utilizó una falsa identidad. Tenía documentación a nombre de Ricardo Gabriel Sosa. Varios autos de lujo cuya titularidad se les atribuye a integrantes de la banda tenían registrado a Sosa como persona autorizada para conducirlos, según consta en la causa.
«Rodríguez sufrió un incremento patrimonial mediante la interposición de terceros. Se encuentra acreditada su vinculación directa con el origen de la totalidad de los fondos. Con el objetivo de desvincular e integrar aquellos bienes en el circuito económico, utilizó personas físicas y jurídicas interpuestas, mediante operaciones de compraventa reales y simuladas, constitución de sociedades para la incorporación de bienes de origen ilícito, mediante la puesta en circulación en el mercado, con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos», sostuvo el juez.
Rodríguez «no posee actividades económicas o comerciales legales que justifiquen la adquisición, por sí o por terceros, de dichos bienes. No registra capacidad patrimonial ni económica, dado que no registra ingresos. Se encuentra debidamente acreditada la vinculación, relación o conexión con actividades delictivas», estimó el magistrado.
También hizo un detallado análisis de la vinculación entre Rodríguez y la agencia RR Vip Automotores, instalada en Posadas y dedicada a la compraventa de vehículos de lujo. Según el juez, era el lugar «utilizado como una de las sedes desde las cuales el sospechoso y su organización operaban cotidianamente, mediante los negocios vinculados a los automóviles».
El acusado figuraba como uno de los apoderados. La gerente de RR Vip era Gricelda Sosa. Según la causa, es la pareja de Rodríguez y también fue procesada con prisión preventiva.
Sosa sí está inscripta en la AFIP como prestadora de servicios de asesoramiento, gestión y dirección empresarial. Pero desde su inscripción, en octubre de 2013, presentó la declaración jurada de Ganancias sin movimiento. En la de Bienes Personales dijo tener un patrimonio de $ 784.035. A Sosa se le adjudica la compra de 11 automóviles de lujo.
En el expediente también se sostuvo que Rodríguez tenía participación en el complejo Tangará, en la ciudad misionera de Montecarlo. Un predio de 8,5 hectáreas, con diez cabañas, canchas de tenis y dos piscinas. Según Soto Dávila, «la actividad desplegada en el complejo responde a una operatoria similar a la llevada a cabo mediante la concesionaria».
(La Nación)
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