Media sanción del Senado al proyecto de reforma del sistema de inteligencia

Obtuvo 38 votos positivos y 7 negativos, en una sesión especial en la que se rindió homenaje al fiscal federal fallecido Alberto Nisman y en la que se repudió a la vez su denuncia contra la Presidenta.

El Senado dio media sanción al proyecto de ley promovido por el Gobierno que reforma el sistema de inteligencia argentino, con 38 votos positivos y 7 negativos, en una sesión especial en la que se rindió homenaje al fiscal federal fallecido Alberto Nisman y en la que se repudió a la vez su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento del caso AMIA.

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado, probablemente mañana en comisión por la Cámara de Diputados, que podría convertirlo en ley en una sesión especial el próximo miércoles.

La sesión no contó con la presencia de la mayoría de la oposición.

La sesión se inició a las 14.15 presidida por el vicepresidente Amado Boudou y con un pedido de la puntana Liliana Negre de Alonso, cuyo bloque fue el único opositor que asistió al recinto, para recordar al fiscal que apareció muerto, con un tiro en la cabeza, en su domicilio de Puerto Madero.

El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, adhirió al homenaje, expresó en nombre de su bloque la «solidaridad» con la familia de Nisman, pero al mismo tiempo rechazó por «injusta» y «falta de consistencia» la denuncia que el fiscal formuló contra la Presidenta.

«Somos solidarios con su familia y estamos expectantes como ciudadanos y como representantes del pueblo para que la Justicia avance en el esclarecimiento», sostuvo Pichetto en el recinto, al destacar que «es muy importante para el país y el prestigio internacional saber qué pasó y cuál es la causa real de la muerte».

Para el senador por Río Negro, «hacer cualquier tipo de aseveración no parecería prudente» respecto a las causas de la muerte del fiscal, y «la fiscal y la jueza a cargo del caso tienen que actuar con toda la libertad».

Al mismo tiempo, defendió a la Presidenta al rechazar la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento en el atentado a la mutual judía AMIA. «No podemos dejar de analizar -advirtió- la consistencia de la denuncia que ha agraviado la figura de la Presidenta, una persona que siempre estuvo comprometida con la causa AMIA».

«Esta ley -resaltó Pichetto-, no es un hecho de oportunidad como ha sido calificado por la oposición. Todos necesitamos saber lo que pasó», y añadió que «la Justicia tiene un gran desafío» porque «actúa muchas veces con lentitud».

El legislador se preguntó por qué «no se envió antes una circular al Banco Central para ver si había cuentas o cajas de seguridad a nombre del fiscal Nisman y se tardaron 15 días en hacer allanamientos como el de hoy».

El jefe de los senadores kirchneristas dijo que más allá del «proceso de la denuncia de Nisman, de sus antecedentes y de su valía intelectual» es necesario que las circunstancias de su muerte «no queden en la penumbra, en el marco de otras muertes dudosas de la vida de este país».

También defendió el memorando firmado con Irán en el marco de la causa AMIA, al señalar que era «necesario destrabar la causa que estaba paralizada en la justicia argentina porque no se podía tomar indagatoria a los imputados con un país que se negaba a indagar a los imputados».

«La Presidenta intentó tomar una opción para encontrar la verdad» ya que éste «es un gobierno que ha hecho mucho por esta causa así que me parece muy injusto que se agravie a la Presidenta acusándola de encubrimiento».

Al justificar su pedido de homenaje a Nisman, la senadora Negre de Alonso declaró que el Parlamento «no podía iniciar una sesión omitiendo un hecho luctuoso que ha consternado a la Argentina, que nos ha hecho llorar a todos».

Al término de las exposiciones de Pichetto y Negre de Alonso comenzaron a exponer los miembros informantes del oficialismo, Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino, quienes detallaron los aspectos fundamentales de la nueva ley de inteligencia y la calificaron como una deuda pendiente con la democracia que viene en sintonía con la política gubernamental de defensa de los derechos humanos.

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