Arietes

La muerte del fiscal Alberto Nisman fue transformada en una poderosa herramienta utilizada por un sector que desde hace tiempo busca algún elemento que sirva de ariete contra la fortaleza política del kirchnerismo. Es el mismo sector que alienta y se sube a cualquier “crisis” en contra del Gobierno, ya sea apoyando a millonarios sojeros o a los poderosos fondos buitres que viven de la especulación financiera. El grupo se puede identificar con claridad: su agenda es impuesta por los titulares de los diarios y rara vez puede exponer una iniciativa propia.

La iniciativa política, en estos, años, siempre estuvo en manos del Gobierno, aún en los peores momentos, que le sirvieron como catapulta para retomar impulso.

Las mejores medidas del kirchnerismo nacieron después de la erupción de focos de conflicto, como la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones, las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo, la estatización de YPF o la recuperación de Aerolíneas Argentinas, convertida hoy en una de las principales 25 compañías aéreas del mundo. A cada una de esas decisiones, el mismo grupo que hoy saborea el enigma de la muerte del fiscal, se opuso directamente y promete, si alguna vez llega a hacerse cargo de la Casa Rosada, borrarlas de un plumazo.

La rara muerte del fiscal después de haber presentado una aún más rara denuncia contra la Presidenta y varios de sus principales funcionarios por un supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA ocurrido hace más de dos décadas, fue un golpe a la sensibilidad del Gobierno, que, paradoja, fue el que más hizo por impulsar una investigación que iba rumbo al archivo. Pero la sobreactuación de algunos funcionarios, como la del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hace mella en la credibilidad del Gobierno y lo expone innecesariamente al malhumor social.

Es el Gobierno el más interesado en develar los orígenes de la acusación del fiscal. Y Nisman sería mucho más útil vivo para desmitificar la idea del encubrimiento o el pacto con los iraníes. Su fallida asistencia al Congreso perjudica más a la Presidenta tanto como la lentitud en las investigaciones sobre la muerte.

Pero a lo largo de todos estos días, parece ser que era el fiscal el que tenía más cosas que esconder, como sus oscuros vínculos con el espía Jaime Stiusso, con quien habló tres veces horas antes de su muerte o la dudosa familiaridad con el informático fantasma de la causa AMIA, Diego Lagomarsino, quien le entregó el arma que acabó con su vida. Tampoco son claros sus métodos para acceder a las supuestas pruebas del encubrimiento y el vínculo de subordinación con servicios de espionaje de otros países, como la CIA de Estados Unidos o el Mossad de Israel.

Durante los más de diez años que estuvo al frente a la causa AMIA, Nisman no varió demasiado el libreto de lo que era la investigación inicial originalmente en manos del juez Juan José Galeano, hoy a punto de ir a juicio por encubrimiento, junto al ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE y su segundo, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchezar, respectivamente; el ex comisario Jorge “Fino” Palacios –elegido después por Mauricio Macri para comandar la Policía Metropolitana y envuelto en una causa de escuchas ilegales que tuvo como escenario a Misiones-, los ex fiscales Federales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja.

Nisman consideraba que todos ellos sirvieron a una maniobra para plantar la pista falsa de la conexión local del atentado que dejó 85 muertos.

Se sospecha también que el propio ex presidente colaboró para enfriar la pista siria para enfocarse únicamente en el sendero que lleva a Irán, en el que finalmente se montó Nisman para seguir con su investigación. Es decir, la causa AMIA está embarrada desde sus orígenes y en 20 años, lo único que se aprecia es una cadena de encubrimientos que ensuciaron el camino hacia la verdad.

Aunque, como puede verse, durante toda su investigación Nisman no aportó nuevos elementos que permitieran alcanzar ese fin último, ahora es visto como un mártir por la oposición y un sector de la sociedad que detesta el rumbo tomado por el país en la última década.

No tiene más mérito que haber firmado una denuncia que cualquier jurista serio destrozaría ante un tribunal. Sin embargo, la oposición tiene en la denuncia un elemento desestabilizador que quieren exprimir hasta el cansancio. La endeble acusación no importa, sino todo lo que se diga alrededor. Hasta el borrador sacado de un basurero y que llamativamente llegó a la redacción de un diario antes que a conocimiento judicial, sirve para alimentar el estado de sospecha. Jurídicamente no tiene ninguna validez. Que Nisman haya “pensado” y él mismo desechado pedir la detención de la Presidenta no suma más que para sospechar del buen juicio del fiscal o de las presiones que estaba recibiendo.

Por la misma figura de “encubrimiento”, recordemos, están procesados Menem y varios más, pero nunca se pidió su detención en esta causa. ¿Por qué si a la Presidenta?

En Argentina, como en muchos otros países, el jefe de Estado goza de inmunidad y sólo puede ser llevado ante los tribunales si un juez solicita la celebración de un juicio político para tal fin. Rara coincidencia. Es lo que muchos quieren en la oposición, aunque no encuentran motivos válidos.

Ante los escasos argumentos de peso en la denuncia del fiscal, más allá de las lecturas políticas, lentamente se va corriendo el foco hacia la conveniencia de su muerte. La acusación va camino a la nada y la muerte paga más en tiempos políticos.

Cada aspirante opositor al Gobierno utiliza la muerte del fiscal como elemento de campaña, pero en cambio, se le exige al kirchnerismo sobriedad. Mientras tanto, la oposición acelera los tiempos de campaña con discursos de barricada y promesas disparadas en conferencias de prensa conjuntas en la que sus protagonistas lo único que exhiben en común es rechazar lo que provenga del Gobierno.

Es fácil desfilar en los medios cuando no es necesario argumentar posiciones o presentar alternativas. El último rechazo masivo ha sido a la idea del Gobierno de desmembrar la ex Side, origen de muchos de los males de la Argentina desde que fue dominada por una visión militarista que tuvo sus orígenes en la “Revolución Libertadora” que derrocó a Juan Domingo Perón. ¿Que Side sería ideal para la UCR? ¿La que está sospechada de haber pagado sobornos en el Senado a pedido de De la Rúa? ¿La que evidentemente no pudo evitar los salvajes atentados durante los 90? ¿La que infiltró al represor Raúl Guglielminetti en la custodia presidencial de Alfonsín? ¿La que brindó información durante la dictadura que dejó miles de víctimas? ¿O una a la medida de Mauricio Macri con el espía Ciro James o el comisario Fino Palacios? ¿O la de Jaime Stiusso, quien durante el interinato de Eduardo Duhalde, fue designado para realizar un informe sobre la causa AMIA? Nadie, ni el kirchnerismo está limpio con los servicios de inteligencia, pero nadie antes se había enfrentado a la tarea de depurarlos y democratizarlos. Pero bastó que el Gobierno decidiera echar luz al cono de sombras para que la oposición decidiera ponerse en la vereda de enfrente. Las críticas en las ruedas de prensa, ni sumadas, pueden convertirse en un proyecto de reforma.

El kirchnerismo avanza, como casi siempre, en soledad. Pero en el debate en el Senado incorporó varios elementos clave a la reforma del sistema de Inteligencia. Se precisan los alcances de esas actividades a los “hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la nación”, además los delitos contra el orden económico y financiero, así como los atentados contra los poderes públicos y el orden constitucional”. La Agencia Federal de Inteligencia tendrá poder sobre el “conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado Nacional”, incluidos los organismos de inteligencia militar y las hipótesis de conflicto con otros Estados. También se corrigió el proyecto original que parecía dejar afuera al terrorismo y al crimen organizado (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, por ejemplo) si no tuvieran origen en una “amenaza externa” o “trasnacional”. Asimismo, se ratifica con claridad que las Fuerzas Armadas no pueden hacer ningún tipo de inteligencia sobre asuntos de política interna. En el dictamen quedó establecido que las actividades de inteligencia solo podrían ser dispuestas por las máximas autoridades de cada organismo. Caso contrario, si una urgencia lo justifica, se pueden disparar los mecanismos, pero con un informe inmediato a estos funcionarios. Las escuchas, en tanto, serán autorizadas y custodiadas por el Ministerio Público Fiscal. Probablemente no solucione problemas de fondo, como sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales, pero es un paso adelante en la transparencia de un organismo acostumbrado a moverse en la oscuridad.

La oposición, mientras tanto, prefiere seguir con la novela de intrigas que le brinda un amparo a su falta de propuestas. Sabe que la mejor herramienta política para destronar al kirchnerismo es apostar a su debilitamiento, antes que cultivar su propio crecimiento. No sorprende entonces que resurja la idea de una gran alianza opositora para enfrentar al oficialismo en las elecciones. Macri se alió con Lilita Carrió y el radicalismo está a un paso de sumarse. Falta convencer a Sergio Massa de la necesidad de un frente común ante el adversario que lleva doce años en el poder. Macri y el propio Massa necesitan de una fuerza como el radicalismo que ofrece un despliegue territorial que por sí solos están lejos de acceder. Macri se esfuerza por mostrarse en los grandes distritos. Massa apenas hace pie fuera de Buenos Aires y se pone en ridículo en los spots destinados al interior.

En Misiones, la idea de una nueva alianza cobra fuerza aunque eso signifique resignar postulaciones ya lanzadas en el radicalismo. El presidente de la UCR, Hernán Damiani confesó que “tenemos muchas diferencias en lo ideológico, pero esto no debe ser un obstáculo para armar un plan de gestión de gobierno que permita a la comunidad tener una opción de Gobierno”. El radicalismo sabe que hoy no está en el centro de la escena y un pacto de este tipo le permitiría retener bancas en el Congreso y disputar alguna gobernación.

La estrategia del radicalismo provincial no es distinta a la de sus referentes nacionales. La reedición de la Alianza parece ser la única salida para una oposición que no consigue dar el salto ante un Gobierno que tiene, pese a todo, tiene muchos puntos altos para mostrar.

La Presidenta acaba de cerrar una gira por China, la primera economía del mundo y hace poco selló acuerdos con Rusia, otro gigante mundial. Mantiene una batalla abierta con los Fondos Buitre como bastión del desendeudamiento y logró moderar en los últimos meses la inflación, uno de los problemas centrales en el bolsillo de los argentinos. En ese escenario, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que redujo su deuda en relación al PBI, según un informe que publicó la consultora MCKinsey.

El desendeudamiento es uno de los pilares de la Argentina en los últimos años y es un modelo político que se inició en paralelo en Misiones, que se convirtió en uno de los ejemplos más exitosos.  El gobernador Maurice Closs presentó un informe esta semana sobre la evolución de la deuda y aseguró que “el desendeudamiento tiene impacto en la gestión y en las futuras generaciones”. Acompañado por el vicegobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó que Misiones desde 2003 es una de las pocas provincias que no necesitó emitir bonos ni tomar deudas ni para pagar sueldos ni para acciones de Gobierno.  La deuda pública hoy es baja en relación con el presupuesto total: llegó a ser casi del 183 por ciento en 2003 y hoy es apenas del 10,96 por ciento.

En 2015, la deuda se redujo a 2.696 millones de pesos, pero con un presupuesto proyectado de 33.000 millones de pesos.

Closs recordó que “hubo un fenomenal endeudamiento” entre 1995 y 1999, que terminó en el default de 2001. El Gobierno debía destinar el 23 por ciento de sus recursos para afrontar los pagos de capital e intereses en medio de una ecuación de “deuda alta y economía en contracción”. En ese entonces, el 83 por ciento de la deuda estaba emitida en dólares y sólo un 17 por ciento en pesos. Hoy el reparto es diametralmente opuesto, lo que, ante una eventual nueva devaluación, torna manejable los compromisos para el futuro Gobierno. Misiones es una de las pocas provincias que está protegida ante el dólar, mientras que otras deben emitir deuda atada al dólar linked, que se devuelve al valor del día.

Pese a que el informe fue extenso y pormenorizado y que después se reprodujo en muchos medios, la oposición local se apuró en cuestionar los datos. Evidentemente sin haber escuchado las palabras del Gobernador, uno de los aspirantes a sucederlo, el radical Gustavo González salió a desacreditar los números. El joven eldoradense aseguró que hay una “deuda “oculta” integrada por varios conceptos como ser los bonos “Junior” y “Senior”,  que arrojan una suma estimada de 100 millones de dólares y que no pueden ser cobrados en razón de la “Ley de Emergencia Económica”. También agregó una deuda “no blanqueada” que incluye a los Bonos CEMIS”, que son “otros 100 millones de dólares”.

A eso le suma los juicios perdidos por el Estado, en particular con el Instituto Provincial del Seguro, por una cifra que “se hablaba” era de 400 millones de pesos y otra deuda de entre los 700 y 800 millones de pesos con jubilados, junto a una deuda flotante de 200 millones.

Parece no haber escuchado al Gobernador, ya que Closs explicó que la deuda con el Gobierno nacional es de 2.696 millones de pesos, a los que hay que sumarse los bonos Seniors, Juniors y Cemis, pactados en dólares, que hacen un total de 3.630 millones de pesos. Pero la mayoría de esos bonos están en manos de la Administración Nacional de Seguridad Social –a través de la estatización de las Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones-, lo que en la práctica, representa al mismo Estado nacional, por lo que no representa una urgencia mayor, ya que el mismo organismo le debe dinero a la Provincia.

Debería saber también que la emergencia económica no suspende los pagos y obligaciones del Estado Provincial, sino que establece claramente (está en la ley de Presupuesto) que los juicios contra el Estado Provincial (incluyendo los del IPS residual) una vez dictada la sentencia el actor de la demanda debe comunicar a la Cámara de Representantes para que prevea la incorporación en la partida del presupuesto de esa demanda. Si transcurrido un año, esto no se cumple el acreedor puede ejecutar la demanda contra el Estado Provincial sin restricciones.
Según información de la secretaría de Hacienda, en la actualidad las deudas del IPS residual con convenio de pago no superan los 50 millones y los juicios sin convenio, muchos de los cuales no son ejecutables porque se encuentran en instancia de caducidad, no superan los 100 millones (lejos de los 400 que imagina González).
El año pasado se pagaron del IPS residual cerca de 12 millones por juicios o sea más del 25 por ciento de las deudas en convenio.
La deuda flotante formar parte del funcionamiento del Estado, y 200 millones no es significativo respecto de los 3.600 millones totales. Pero si se compara la deuda total refinanciada más la deuda flotante entre 1999 y 2015 también se va a corroborar que la deuda flotante disminuyó. Inclusive, gran parte de la deuda flotante en los ´90 se transformó en deuda con Cemis cuando el Estado provincial entregó bonos a empresas proveedoras y constructoras.

Ese desendeudamiento alcanzado por el Gobierno provincial es clave para gestionar políticas activas que permiten sostener el empleo, acercar los servicios del Estado al interior profundo y atacar a fondo problemáticas que nunca antes fueron visibilizadas, como la pobreza.

Del otro lado, el Justicialismo misionero transita por estas horas su camino a la normalidad. Luego de un intenso y paciente trabajo de Ricardo Vely como delegado normalizador, se convocó a internas para el 1 de marzo, con una sola lista oficializada por la Junta Electoral, encabezada por el senador Juan Manuel Irrazábal. Las silenciosas gestiones tomaron por sorpresa a sectores disidentes que tienen como referente a Sergio Massa o su representante local, Ramón Puerta, entre los que se encuentra el grupo de “autoconvocados”, liderado por José Arrúa, conocido por la irrupción violenta en la sede partidaria y que ahora se postula como candidato a gobernador del massismo. Detrás de Arrúa se encolumnan el intendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos, el ex diputado Gustavo Weirich, el sindicalista Adolfo Velázquez, su hermano Ramón Velázquez, la CGT que conduce Milcíades Giménez.

Los “dos peronismos” se dividen en el futuro político. Irrazábal se juega a fortalecer la propuesta del kirchnerismo en Misiones y el resto, sueña con la consolidación de Massa.

En esa idea de consolidar al kircherismo en Misiones y aportar votos para el proyecto nacional, no sorprendería que el PJ transite junto a la Renovación el camino hacia octubre.



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