El Concejo analiza pedido de juicio político contra la jueza Irigaray

Los ediles iniciaron hoy el proceso que tiene un plazo de 20 días hábiles. Un médico posadeño pidió que se le iniciara juicio político de destitución a la jueza de faltas porque considera que le cercenó su derecho a la defensa. El denunciante dio positivo en un test de alcoholemia y pidió que se le realizara una contraprueba mediante un análisis de sangre, pero Irigaray le negó esa posibilidad.  La jueza será notificada y tendrá 10 días hábiles para presentar su descargo.

La comisión de Legislación y Enjuiciamiento del Concejo Deliberante de Posadas se reunió este mediodía para tratar un pedido de juicio político contra la jueza Carolina Irigaray, a cargo del juzgado de faltas número tres de la capital provincial. Según explicó el titular de la comisión, Julio Vivero, hoy se notificó a la presidente del Concejo, Magdalena Solari, que la comisión de Legislación y Enjuiciamiento recibió la denuncia y quedó conformada la comisión investigadora que deberá resolver la cuestión.

A partir de lo actuado hoy por los ediles, se abre un plazo de veinte días hábiles para que la comisión investigadora defina si la jueza irá a juicio político. El paso siguiente será notificar a la magistrada, que tendrá diez días hábiles para presentar su descargo por la vía que considere oportuna y sería convocada a dar explicaciones al Concejo.

El pedido de juicio político lo inició un médico de Posadas en septiembre pasado, quien consideró que la jueza vulneró su derecho a la legítima defensa. El galeno había dado positivo en un control caminero de alcoholemia, de acuerdo al aparato utilizado en la oportunidad, tenía 1,3 por ciento de alcohol en sangre, más del doble del mínimo permitido para conducir un vehículo.

Disconforme con el resultado, el médico solicitó que se le realizara una contraprueba mediante un análisis de sangre que despejara cualquier duda respecto al nivel de alcohol que tenía en sangre. El pedido fue negado por la jueza Irigaray, lo que motivó que el denunciante considerara que se le estaba impidiendo ejercer su derecho a la defensa.

JRC PP

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