El misionero Allan Bogado declaró ante la Justicia por una causa de estafa

Ramón “Allan” Héctor Bogado tenía algunas cuentas pendientes con la Justicia. El supuesto agente de Inteligencia tuvo que declarar ayer como imputado del delito de estafa ante el juez federal Sergio Torres. Bogado había sido denunciado por el fiscal Alberto Nisman como el enlace entre el gobierno kirchnerista y los contactos informales de la diplomacia iraní en Buenos Aires. En esta causa por estafa estaba prófugo, pero como desde la semana pasada tiene custodia, pudo ser ubicado y llevado ante la Justicia Federal, para ser interrogado por una presunta falsificación en el marco de una estafa inmobiliaria.

Antes de ser denunciado por el fiscal federal Alberto Nisman como un supuesto agente secreto que operaba desde las sombras, el nombre del misionero Ramón Allan Héctor Bogado ya figuraba en tres expedientes judiciales: por “tráfico de influencia”, “extorsión” y por una deuda por el alquiler de una casa. En al menos dos de esos expedientes, la Secretaría de Inteligencia informó que Bogado nunca había pertenecido a sus filas.

Ayer, mientras le tomabna declaración por la última de sus causas, Bogado habló del tema.

– ¿Ocupación?- preguntó la secretaria del juzgado. 

– Desocupado, por un largo tiempo-, bromeó Allan Bogado.

Acompañado por dos abogados jóvenes, Bogado respondió el cuestionario judicial después de esperar una hora en el pasillo de los tribunales de Comodoro Py. Lo habían citado del Juzgado Federal 12 para dar explicaciones por deber dos meses de alquiler de 2009 de una casa en la localidad de Exaltación de la Cruz, en el norte del conurbano bonaerense.

Según el expediente, en 2005 Allan Bogado alquiló una vivienda en ese municipio de 8 mil habitantes junto a su esposa de entonces, Verónica Edith Pacífico. Pagaban una cuota de 5.400 pesos por mes. Como garantes, firmaron el padre de Verónica –Alfredo Antonio Pacífico- y otro matrimonio.

Tres años después, la pareja dejó de pagar. La dueña de la casa quiso cobrarles la deuda a los fiadores, pero se encontró con que habían aportado datos falsos y que los nombres pertenecían a otras personas. La pareja a quién los falsos garantes le había usurpado la identidad radicaron la denuncia en la Justicia Federal, ya que al haber un escribano de por medio se trataba de un documento público.

En el juzgado de Sergio Torres, por las huellas digitales (la escribana las había agregado al contrato), llegaron hasta la mujer que había firmado con el nombre falso. “Se elevó la causa a juicio, pero la mujer nunca asistió”, cuenta una fuente de la pesquisa. Nunca pudieron dar con el hombre del falso matrimonio de fiadores. La huella de Bogado se correspondía con su verdadero nombre, y lo citaron. En 2011, después de varias intimaciones, el secretario lo declaró rebelde por comparendo, aunque –por el tenor del delito- no pidió su captura.

Cuatro años después, cuando su nombre apareció en la acusación de Nisman, desde el juzgado de Torres le pidieron que fuera a explicar por qué había dado nombres falsos para garantizar el pago del alquiler. El supuesto espía descargó la responsabilidad en su suegro y en su ahora ex mujer. Dijo que al matrimonio lo llevó Pacífico y que luego del divorcio no supo que había quedado una deuda. Una causa menos para él. A su ex suegro, en tanto, se lo seguirá investigando.

La extorsión

La segunda causa en la que apareció el nombre de Allan Bogado se inició en 2012. Según el expediente, al que Infojus Noticias tuvo acceso, el supuesto agente fue el nexo entre un policía de la Metropolitana –esposo de su prima- y un amigo suyo condenado en otra causa por ser parte de una banda que estafaba bancos.

El subinspector de la Policía Metropolitana Leandro David Cabrera declaró que durante una fiesta familiar a mediados de 2012 le contó a Bogado, primo de su esposa, que necesitaba dólares para comprar una propiedad. El hombre –conocido como el “Polaco”- le  dijo que tenía un “amigo que traía dólares de Montevideo”. El mínimo de compra eran 10 mil dólares, a una cotización que en aquel momento rondaba los 4,70 pesos. El policía le pidió plata prestada a su jefe y juntó 40 mil pesos. El supuesto agente se habría comprometido a prestarle los 7 mil restantes.

El amigo que vendía dólares era Adrián Darío Marcal Gago, un empresario que suele frecuentar los bares de Puerto Madero y es dueño de un conocido boliche de Quilmes. Hace algunos años lo procesaron por integrar una banda de estafadores junto a Miguel Lamparelli –que saltó a la fama después de comprar una Ferrari a Leonardo Fariña- y Marisa Pomponio. En otra oportunidad lo acusaron de haber engañado a los representantes de la firma La Economía Comercial S.A de Seguros Generales por un monto de 5.320.000 pesos.

Bogado coordinó el encuentro en el bar Modena, frente a la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. El policía llegó alrededor de las 15:30. “Allan tomaba whisky y Gago una gaseosa”, recordó el policía durante el juicio.  Les entregó un sobre con 40 mil pesos y se fue. En su declaración aseguró que, luego de unos días sin tener novedades de sus dólares, intentó contactar sin éxito a Gago y a Bogado.

El 23 de julio esperó a Gago en la puerta del café La Biela, en la Recoleta.

—Adrián —lo llamó mientras se arrimaba por la espalda —vamos a caminar.

Cabrera le dijo que era policía y que pertenecía a la comisaría 17 de la Federal, donde había prestado servicio unos dos años, antes de integrar las filas de la Metropolitana. Le contó que lo estaban investigando y sabían de sus estafas. Si no quería terminar preso, debía pagar. Una versión asegura que -en vez de sus diez mil dólares- le pidió el doble. Para intimidarlo llamó a unos amigos de la comisaría. El patrullero frenó en la esquina y charlaron un rato. Cuando quedaron solos de nuevo, el policía le entregó un sobre. El empresario vio fotos de su casa, la familia y el auto.

Gago intentó tranquilizarlo. Contó que hacía mucho tiempo que “trabajaba con Allan”.

-Quedate tranquilo –le dijo-. Yo tengo códigos.

De Recoleta fueron a Puerto Madero, donde según declaró el policía, el empresario tenía sus oficinas. Gago entregó mil pesos, un teléfono Blackberry y su DNI. Prometió un nuevo encuentro donde entregaría el dinero restante.

Gago presentó una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción 47, a cargo de Mónica Berdión de Crudo. La nueva reunión se hizo al día siguiente en la esquina de Figueroa Alcorta y Schiaffino. Cuando Cabrera recibió el sobre en sus manos, los policías de la comisaría 17, ex compañeros suyos, lo detuvieron. En el auto encontraron las fotos que le había mostrado al empresario.

El juicio

Durante el juicio, en el que lo condenaron a cuatro años por extorsión, Cabrera pidió ampliar su indagatoria. Contó que su primera declaración en la causa la había hecho asesorado por un defensor que le había presentado el supuesto espía. “Ese abogado”,  declaró, “me dijo que no diera los datos de Bogado y que en 24 horas estaba en libertad”.

En la segunda declaración contó de la reunión familiar en la que el primo de su esposa le habló del empresario que vendía dólares. Ella confirmó la versión.

La fiscal de juicio, Mónica Cuñarro, le pidió al Tribunal Oral N°1 que enviaran un escrito a la Secretaría de Inteligencia para saber “si Ramón Allan BOGADO, DNI N° 21.546.820 presta servicios en dicha dependencia, y, en caso afirmativo, que el mismo concurra ante este Tribunal, en el día a de la fecha, a prestar declaración”.

La Secretaría de Inteligencia respondió que el supuesto agente “no pertenece ni ha pertenecido al Organismo como personal contratado ni como personal de Planta Permanente”.

En su testimonial ante el tribunal, Bogado negó la versión de Cabrera. Declaró que en aquella reunión familiar el policía le pidió plata prestada “porque no llegaba a fin de mes”. Que nunca le devolvió el dinero y que  por eso se quebró la relación. También admitió su amistad con el empresario Marcal Gago, pero negó haberlos presentado.

Tráfico de influencia

Según explicó el titular de la Secretaría de Inteligencia en una carta remitida al Juzgado Federal de Ariel Lijo, el 12 de noviembre de 2014, el organismo denunció a Allan Bogado por el delito de «tráfico de influencia». “Se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de esta Secretaria”, explicó Parrilli.

La denuncia cayó en manos del juez federal Luis Osvaldo Rodríguez. Durante la feria judicial de enero el Juzgado es subrogado por su par Marcelo Martínez de Giorgi. “La denuncia fue presentada a fines de diciembre y entre los feriados por las fiestas y la feria todavía no se avanzó mucho en la investigación”, explicaron fuentes judiciales

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