Una acción civil pública ambiental, con pedido de elevación a juicio, fue interpuesta por el Ministerio Público Federal en Santa Rosa en conjunto con el Ministerio Público de Río Grande do Sul contra el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama) y las Centrales Eléctricas Brasileras S.A. – Eletrobrás –exigiendo la inmediata paralización del proceso de licencia ambiental de la usina hidroeléctrica binacional (Tratado Internacional entre Brasil e Argentina, aproado por el Decreto Legislativo 82, de 1982), cuya cota de inundación prevista (130 metros) implicará la afectación de la zona intangible del Parque Estadual do Turvo –frente a los Saltos del Moconá-, Unidad de Conservación de Protección Integral.
Además de ser una unidad de conservación de Protección Integral, que no puede sufrir cualquier alteración e intervención humana, el parque Estadual do Turvo es tutelado por el régimen jurídico que lo caracteriza como un bien cultural y socioambiental del Estado do Rio Grande do Sul.
«El emprendimiento causará daños irreversibles a la Reserva de la Biosfera del Parque Atlántico, en un área prioritaria para la conservación, además de provocar daños irreversibles al patrimonio arqueológico y de la biodiversidad de la cuenca hidrográfica del río Uruguay, para las especies amenazadas de extinción, como los dorados y surubís, que no podrán reproducirse en los reservorios”, señaló la procuradora federal Leticia Carapeto Benrdt, autora de la acción judicial.
La construcción de la represa afectará a once municipios riograndenses que están localizadas en las márgenes del río Uruguay: Alecrim, Doutor Maurício Cardoso, Novo Machado, Porto Mauá, Santo Cristo, Tucunduva, Tuparendi, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul, comprometiendo la subsistencia de comunidades ribereñas de la región.
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil realizará en Santa Rosa una audiencia pública para discutir el impacto ambiental y social de la construcción de la represa hidroeléctrica Garabí-Panambí. El objetivo es analizar los efectos al medioambiente y en la población que será afectada por la posible instalación de la represa.
El debate se hará el 3 de febrero en el salón de Fiestas Navegantes, en Porto Mauá. La fiscal federal Letícia Carapeto Benrdt será la representante del MPF en la audiencia y coordinará los trabajos.
Será escuchados organismos de administración pública, la comunidad e instituciones locales.
