El juez federal Martínez Di Giorgi es quien investiga al misionero Ramón Héctor «Allan» Bogado por supuesto tráfico de influencias, ya que se habría presentado como espía. La denuncia en su contra la hizo el año pasado Jaime Stiusso, por entonces director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia.
El juez tiene un expediente iniciado el 12 de noviembre pasado que puede transformarse en una nueva pieza del caso Nisman. Es una causa penal de cincuenta fojas iniciada por Stiuso contra Allan Bogado, quien fue acusado por el fiscal Alberto Nisman de operar para el entorno presidencial en las negociaciones con Irán como supuesto agente de Inteligencia.
Stiuso se aseguró con esta denuncia desconocer a Bogado como parte de su estructura, dos meses antes de la presentación del fiscal Nisman en la que se señala a “Allan” como un hombre cercano a la presidenta Cristina Fernández y supuesto eslabón de la cadena de encubrimiento del atentado a la AMIA. El Gobierno confirmó que Bogado no reviste como agente de la SI.
El 27 de octubre de 2014, Stiuso ordenó iniciar una investigación preliminar interna sobre Bogado en el Departamento de Contrainteligencia. La orden se basó en un llamado que Stiuso dijo recibir de un funcionario de la Aduana, Damián Sierra. El 12 de noviembre instruyó al director de Asuntos Jurídicos de la SI, José María Padilla, para que denunciara a “Allan” ante la Justicia por supuesto “tráfico de influencias”. La causa tendría algunas contradicciones entre la denuncia de Stiuso y la versión de un testigo.
El 24 de octubre, Bogado hizo una gestión para ser recibido por el director nacional de la Aduana, Carlos Alberto Sánchez, un hombre de Jorge Capitanich. Según la denuncia, la reunión fue pactada por el dirigente kirchnerista Roberto Porcaro, y Bogado entró al edificio central de la Aduana, en Azopardo 350, junto a un funcionario pingüino, Eduardo Balceda, subdirector general de Operaciones de Aduanas del Interior. La denuncia dice también que Bogado se presentó como miembro de Inteligencia para comunicar al jefe de la Aduana que el Grupo Clarín preparaba una supuesta “operación de prensa” contra dos funcionarios de la cartera. A Daniel Santana, subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, lo iban a acusar de “manejar el contrabando en la Argentina”. A Damián Sierra, pareja de la ex titular de ese organismo, Silvina Tirabassi, le iban a apuntar “con un tema viejo de Brasil”.
El juez citó a Sánchez como testigo. El jefe de la Aduana confirmó que recibió a Bogado y que éste le comunicó sobre la supuesta “operación de prensa de Clarín”. Que no pidió dinero ni favores, que estaba con un joven de unos 20 años a quien presentó como su hijo, que el funcionario Balceda no estaba y que Bogado no se presentó como hombre de la SI sino como “de Presidencia”. Bogado y Sánchez se conocían desde 2013. El funcionario Balceda avala su versión.
Sin embargo, Stiuso sostiene otra versión. Según la denuncia, después de escuchar a Bogado, las autoridades de la Aduana pidieron que Sierra llamara al “ingeniero Stiuso” para saber si Bogado era realmente un agente o trabajaba para él. Stiuso lo negó y ordenó abrir un expediente interno para investigarlo.
Dos semanas después del encuentro entre el director de la Aduana y Bogado, se publicó la anunciada nota sobre una lujosa posada en Buzios que sería de Damián Sierra, funcionario de la Aduana. Luego del artículo, Sierra fue denunciado penalmente. Sierra, sostienen altas fuentes de la Aduana, tendría una estrecha relación con Stiuso y ante el juez Rodríguez avaló la versión del espía.
La instrucción de Stiuso de denunciar penalmente a Bogado fue tres días después de la publicación de esa nota. Es por supuesto “tráfico de influencias” al haberse presentado como agente de Inteligencia del Estado.
Es la palabra de dos contra dos. La Justicia determinará quién dice la verdad. El juez Rodríguez ordenó copia de las cámaras de seguridad del edificio de la Aduana para corroborar si registraron el ingreso de Bogado al edificio y con quién lo hizo.
