Escribe Juan Carlos Argüello, Jefe de Redacción de Misiones Online
La novela del verano se transformó en un drama que mantiene consternados a todos los argentinos. La muerte del fiscal Alberto Nisman después de haber denunciado a la presidenta Cristina Fernández por un supuesto complot para encubrir el atentado a la AMIA provocó un cimbronazo político de imprevisibles consecuencias. A esta altura, la veracidad de la acusación y el propio fiscal quedaron en un segundo plano. Apenas se trata de quien saca mejor rédito político de un escándalo de alcance mundial.
Ningún jurista serio que haya leído la denuncia del fiscal se atreve a decir que tiene asidero. Por eso, más que la veracidad de su investigación, vale el impacto de su muerte.
Es una novela turbia, donde no hay certezas y a una semana del disparo fatal, nadie puede asegurar si fue un suicidio, inducido o no, o un asesinato.
Pero para poder echar un poco, apenas un poco, de luz, bien vale preguntarse a quien beneficia la muerte del fiscal a pocas horas de tener que presentar ante el Congreso las pruebas de su denuncia. ¿Al Gobierno? Difícil de sostener esa teoría cuando se avanza en la lectura de la acusación, que, en casi 300 páginas, no muestra un elemento contundente en contra de los acusados. Apenas elucubraciones y escuchas telefónicas que parecen husmear más en charlas de amigos que en datos reales que permitan avanzar en el esclarecimiento del atentado que dejó 85 muertos, que esa, y no otra, era la tarea asignada al fiscal fallecido.
Si Nisman iba al Congreso a exponer, probablemente el oficialismo iba a demoler sus argumentos. Los ejes de la acusación caen por su propio peso y la desmentida del ex jefe de la INTERPOL, Ronald Noble, fulmina la acusación.
La denuncia de Nisman se basa en la supuesta urgencia del Gobierno por recomponer las relaciones con Irán para comprar petróleo. Para eso, debía dejar de acusarlo de terrorista. Pero nunca se planteó la eliminación de las alertas rojas de los iraníes acusados por el atentado, no mejoró el intercambio comercial ni se compra petróleo. Tampoco las escuchas dadas a conocer hasta ahora y repetidas hasta el hartazgo por los medios de la oposición, arrojan luz sobre alguna conspiración. Todo el mundo sabe que Luis D’ Elía es pro iraní y probablemente tenga un fluido contacto con dirigentes de ese país a los que les podría interesar dejar de ser sospechosos. Pero no hay nada más que eso.
Las sospechas por supuestas negociaciones para desvincular a Irán del atentado se basan en testimonios recogidos por terceros interesados, como dos periodistas que claramente se han puesto en una vereda opuesta al Gobierno, pero que poco podrían servir en un juicio. En su acusación, Nisman dice que el plan “pergeñado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” se basaba en “el cese de las notificaciones de Interpol”, objetivo que no se cumplió, por el “firme accionar” de la Interpol.
El ex secretario general de la Interpol, Ronald Noble, quien fue titular de Interpol desde 2000 hasta 2014 desmintió lapidariamente esa argumentación.
Noble no lo dijo en off, sino que envió una carta al canciller Héctor Timerman otro de los apuntados, en los que señala que “Argentina insistió una y otra vez para que el memorandum de entendimiento con Irán no afectara la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol sobre ciudadanos iraníes sospechados de participar en el atentado a la mutual israelita de 1994. “Usted indicó que INTERPOL debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del Gobierno argentino fueron consistentes y firmes”, añadió. Después, en una entrevista, agregó que “lo que dice Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes”.
Peor aún, los supuestos espías que negociaron el pacto de “impunidad” que nunca se concretó, no pertenecieron a la Secretaría de Inteligencia y uno de ellos, el misionero Ramón Héctor Allan Bogado, fue denunciado el año pasado por tráfico de influencias, mientras que hace tres años el organismo ya había informado que no era parte de su personal en otra causa por extorsión.
Todo indica que Bogado, nacido hace 44 años en Posadas era un chanta, un vendedor de influencias que tenía algunos contactos. Probablemente haya ingresado alguna vez a la Casa Rosada –en sus redes sociales había fotos que lo mostraban en actos políticos del kirchnerismo-, pero oficialmente no pertenece a ningún organismo del Estado y menos a Inteligencia.
Sus allegados confiesan que “Allan” contó en varias oportunidades que era de la Side, pero nadie le creía, porque, básicamente, los espías no andan diciendo que lo son. “Es un vendehumos también. Tenía buenos contactos, pero nos quedamos todos sorprendidos. A veces decía que era de la Side, pero yo no le creía. Tenía contactos y siempre se manejaba en efectivo. Pero no tiene un buen pasar. Hace un tiempo, se ve que le soltaron la mano y tuvimos que ayudarlo para sostener a su familia, ya que tiene tres hijos”, contó una persona de su círculo más cercano. El hombre, que trabaja hace muchos años en una tradicional empresa de Misiones, todavía no puede creer que su familia esté involucrada en el escándalo político que sacude el país.
No basta decir que uno es espía para serlo. Lo cierto es que Bogado, uno de los eslabones centrales de la acusación de Nisman, fue denunciado el año pasado por la propia Side y se lo investigó en otra causa por extorsión. Fue denunciado por el organismo que lideraba en ese entonces Jaime Stiusso, el desplazado jefe operativo de los espías que a la vez era el principal informante de Nisman en la causa Amia. Es decir, lo denunció la misma persona que después le dijo a Nisman que Bogado era un espía de alto nivel. Llamativa falta de memoria de quien se dice, conoce los secretos de medio país.
Stiusso era un agente con vínculos directos con la CIA y el Mossad, organismos de inteligencia que desde siempre alimentaron la teoría del atentado iraní. Les convenía claramente a ellos, pero esa fue la línea que siguió la investigación en Argentina y en el camino se fueron dejando de lado otras pruebas que podrían conducir a otros países y sus conexiones locales. Tiempo y pruebas, a esta altura, irrecuperables. Pero así pasaron dos décadas del atentado, con una causa abierta por encubrimiento, por, precisamente, desviar la atención y plantar pruebas para enfocarse en una conexión local y ocultar las pistas que llevaban a Siria. O sea, se hará un juicio por una causa en la que se forzó una interpretación, el mismo argumento que utilizó Nisman para hacer su acusación actual. Los acusados en esta causa son el ex juez Juan José Galeano por peculado, malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato, junto al ex secretario de Inteligencia Alfredo Anzorreguy, por peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.
También aparecen imputados los ex fiscales Eamon, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, quienes llegarán a juicio acusados de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción, junto al reducidor de vehículos Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen, por el delito de peculado.
En la lista también aparece el ex presidente Carlos Menem por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad y el ex PFA y ex jefe de la Policía Metropolitana, José Alberto «El Fino» Palacios por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.
Palacios también está imputado por escuchas ilegales junto al intendente porteño Mauricio Macri, en una causa que tuvo como escenario central a Misiones, donde se ordenaban las escuchas con la autorización de los por entonces jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey.
El juez federal Ariel Lijo lleva adelante la pesquisa por el encubrimiento, mientras que Rodolfo Canicoba Corral es quien investiga el atentado de 1994.
En lo que hace a esta última causa, la Cámara en lo Criminal Federal a principios de diciembre del año pasado había concedido una prórroga para que se complete la etapa de instrucción y se eleve a juicio la causa por el atentado. Así, la Sala I de la Cámara concedió el pedido formulado por Canicoba Corral a requerimiento de Nisman, instando a ambos a concluir la pesquisa en un plazo de 90 días.
Como argumento del pedido de prórroga Nisman, sostuvo que estaba pendiente la agregación de prueba documental y el resultado de exhortos ordenados en la pesquisa por el ataque a la mutual judía, que provocó 85 muertos y centenares de heridos, además de multimillonarios daños materiales.
La causa “principal” – también conocida como la de la “conexión local”- quedó entonces radicada ante Canicoba Corral, quien delegó la instrucción en Nisman, en tanto que derivaciones del caso, como un supuesto “encubrimiento” e irregularidades en la investigación del atentado están a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Es decir, si se habla de encubrimientos o de intentos por desviar la causa, hay que volver a las horas después del atentado, cuando se plantaron pruebas, se investigó mal y se forzaron líneas de trabajo.
Desde entonces Nisman estuvo en el centro de la escena y conocía los pormenores de la causa AMIA. Si desde hace tiempo sospechaba de la comisión de un delito por parte del Gobierno y dirigentes aliados ¿por qué nunca lo denunció? ¿Por qué adelantar el regreso de unas largas vacaciones dejando a su hija de quince años en un aeropuerto internacional? ¿Por qué, si tuvo tanto tiempo de investigación, la denuncia tiene tantas inconsistencias? ¿Fue forzado a presentarla? ¿Fue forzado a empuñar un arma? Las respuestas, lamentablemente, sólo las podría dar Nisman.
Su denuncia difícilmente prospere en los estrados judiciales, aunque el escándalo político se extenderá hasta bien entrado el tiempo electoral y será, sin dudas, uno de los ejes de la campaña de la oposición. No alcanzarán las verdades que pueda revelar el Gobierno para quitarse la mancha de la sospecha echada a correr.
Se sabe de la pleitesía de Nisman a la embajada de Estados Unidos, su mora en la causa por encubrimiento que involucra a Menem, Galeano, Beraja y los escasos avances en la investigación durante los últimos diez años. Si fuera el fiscal de una causa particular, cualquier damnificado lo estaría defenestrando en varios idiomas, aunque ahora se lo presente como un héroe de la Justicia.
Aunque en el mediano plazo el Gobierno no obtenga ningún rédito político, es quizás el momento ideal para plantear una reforma de fondo de los servicios de inteligencia, desde siempre antros de la política y de la mano de obra desocupada de fuerzas policiales poco afectas a la transparencia democrática. Antonio Horacio “Jaime” Stiusso, hombre clave en la trama escrita por Nisman, es un sobreviviente de hace más de 40 años. Ingresó a la SIDE en diciembre de 1972 y llegó a convertirse en el director general de Operaciones, el cargo más importante detrás del jefe y del subjefe, hasta que fue desplazado en diciembre pasado por la presidenta Cristina Fernández.
Stiusso trabajó junto a Nisman en la causa Amia por orden del ex presidente Néstor Kirchner y se convirtió en el enlace con los servicios secretos del mundo, especialmente con la CIA y el Mossad, que le pasaban información interesada sobre el atentado. Pero Jaime además tiene información de todos los Gobiernos, desde Alfonsín hasta la actualidad.
El nombre de Stiusso no es desconocido y su cara tampoco. En 2004, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, lo acusó públicamente de manejar fondos millonarios y ofrecer a Kirchner información falsa sobre el atentado de la AMIA. “La Side la maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los Gobiernos”, acusó Béliz, quien por esta revelación fue eyectado del Gobierno. Stiusso siguió en su cargo y ofreciendo pistas para la causa AMIA, que, quizás terminaron en el informe Nisman contra el Gobierno.
Diego Lagomarsino, el enigmático técnico informático que le cobraba 40 mil pesos a Nisman para desbloquear correos y custodiar sus computadoras, reveló que cuando el fiscal le pidió prestada el arma con el que se habría quitado la vida, le contó que “Stiusso le dijo que se cuidara”.
¿Realmente sirve un organismo que se dedica a espiar sin que nadie sepa qué recursos maneja, sin rendir cuentas a nadie y que, evidentemente no ha tenido éxito en la prevención de dos atentados, levantamientos militares y golpes económicos?
Es quizás momento para que oficialismo y oposición se despojen por un rato de ambiciones políticas y trabajen en serio por la democratización y control de un organismo que debe servir para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos. No para espiarlos desde las sombras sin control.
No aporta nada que se pongan a disparar acusaciones porque todos, en buena medida, son responsables por sostener estas estructuras. La muerte del fiscal no es lo peor que le pasó a la democracia, como sugirió el radical Ernesto Sanz. Hubo cosas peores durante los últimos 30 años y el propio atentado a la AMIA o el previo a la Embajada pueden ponerse en un escalón superior.
La crisis de 2001 con más de 20 muertos y cinco presidentes en una semana también fueron heridas mortales al sistema democrático. Levantamientos carapintadas o la toma de La Tablada de la que se cumplieron 26 años el viernes -donde Nisman también investigó y cerró la causa por dos extremistas desaparecidos que la Corte Suprema ordenó reabrir 25 años después-, también fueron severos golpes. Muchos más sutiles, pero no menos peligrosos, fueron las varias corridas económicas, las fugas de divisas y el sometimiento a las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que dejaron a millones de argentinos en la miseria. No tiene que explotar una bomba ni ocurrir un asesinato para que la democracia esté en peligro.
El gobernador Maurice Closs, quien se mostró consternado por la muerte de Nisman, pidió a la dirigencia no convertirse en “opinóloga” y dejar trabajar a la Justicia. El mandatario recordó que ahora hay tres frentes para trabajar en la búsqueda de la verdad. “Uno de difícil solución que es el que dio origen a todo esto y es el del atentado. El segundo expediente es la denuncia del fiscal, que ha puesto en duda nada más y nada menos que a nuestra Presidenta y esa denuncia con objetividad y con justicia se debe analizar y se debe resolver. Y la tercera, es determinar qué ocurrió en ese momento que perdió la vida” el fiscal, analizó.
“Si de algo me convencí, es que fue un acierto ser un tipo que siempre fui negado a esta bendita tarea de inteligencia de andar siguiendo, metiéndote en la vida del opositor, especular que está en tal o cuál lugar, jamás. Jamás lo hice, no gastamos ni un peso ni un segundo de mi tiempo porque termina en este tipo de cosas”, sentenció Closs.
Lejos del clima enrarecido de la política nacional, el Gobierno provincial mantiene un fuerte ritmo de trabajo en enero. El gobernador Maurice Closs presentó con el titular de la cartera sanitaria, Oscar Herrera Ahuad, las inversiones en infraestructura de salud que se ejecutarán durante este año.
Se trata de 1770 millones de pesos en hospitales de primer nivel en Posadas y varias ciudades del interior. Closs mostró los números y destacó que el plan sanitario exige planificar a futuro, por lo que era necesario que la oposición política también se involucre en la búsqueda de los recursos. En el palco del teatro de Lírica del Centro del Conocimiento, escuchaban atentamente los diputados Claudio Wipplinger de Trabajo y Progreso, el radical Walter Molina -acompañado por el concejal Pablo Velázquez-, Darío Pietrowski del Frente para la Victoria y la sabatellista Miriam Duarte. Llamativamente, otros candidatos a gobernador faltaron a la cita.
El viernes el Gobierno también dio un paso trascendental para afrontar con éxito una cuestión largamente sin resolver. Sentó a quince caciques guaraníes para escuchar sus planteos y diagramar juntos una solución a las problemáticas de sus comunidades. Con esa legitimidad de origen dará a luz un programa focalizado de protección social para las aldeas, con énfasis en niños y mujeres, los más vulnerables dentro de la etnia. Se ampliará el espectro del programa Hambre Cero para incluir a chicos en riesgo de bajo peso, se crearán salas de cuatro años para la inclusión educativa temprana y se atenderán las necesidades de vivienda y agua potable. En el encuentro con los caciques dos cosas quedaron en evidencia: que el vínculo actual es deficiente a través de Asuntos Guaraníes, y que su propia fragmentación atenta contra la organización de la contención que reclaman. Hace algunos años había 60 aldeas en Misiones. Hoy son más del doble, lo que complica la eficiencia en la asistencia del Estado.
