Megacausa por lavado de dinero: cuatro misioneros procesados

Los cuatro misioneros presos por la megacausa que investiga una red de lavado de dinero fueron procesados por el juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila. Para el magistrado, hay firmes sospechas de que lavaban dinero proveniente del narcotráfico.

Roberto Eduardo Rodríguez (hombre fuerte de la cerrada concesionaria de coches de alta gama RR, que se encontraba sobre la avenida Quaranta), las fundadoras de la empresa, Elba Aquino y Romina Sosa; y el encargado de ventas del negocio, Cándido Pasarrello seguirán  en prisión.

La medida de Soto Dávila también alcanzó a otros siete sospechosos, detenidos en una redada en la que hubo 33 allanamientos.  Fue el 1 de octubre.

Los abogados particulares que defienden a los misioneros, al igual que los otros letrados, ya adelantaron que van a apelar a la Cámara Federal la resolución, que fue notificada el lunes a las partes.

Por lo que trascendió a la prensa, no hay indicios de que los vehículos de alta gama decomisados en la concesionaria RR no tenían origen ilícito, sin embargo, los pesquisas creen haber detectado el uso de facturas truchas y también la presunta vinculación de los sospechosos con una banda que ingresaba marihuana a la Argentina.

RR VIP nació como sociedad el 11 de julio de 2013. Esa es la fecha de constitución de la SRL, según lo publicado en el Boletín Oficial el 24 de septiembre del año pasado. Se detalló que son socios Griselda Romina Sosa, soltera, comerciante, con domicilio real en Quaranta 6145; y Selva Elba Aquino, casa, comerciante y también con residencia en Posadas.
De acuerdo con el documento oficial, las mujeres fijaron domicilio de la sociedad en Quaranta 6195 y establecieron una duración de 15 años. En ese tiempo, “la administración y representación será ejercida por Sosa, en su carácter de socio gerente”.
El capital social de la SRL lo constituía la suma de 320 mil pesos, se detalló.

Las fuentes indicaron que algunos de los autos de alta gama que estaban a la venta estarían a nombre de personas que no podrían justificar cómo los adquirieron. De ahí que la propia Administración Federal de Ingresos Públicos es querellante en la causa.

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