Se suele atribuir al fin de año ser el momento propicio para calentar los tiempos políticos. Diciembre, desde el caos de 2001, es un mes que trae a la memoria momentos dramáticos vividos por la Argentina e invita a muchos a aprovecharse de ellos para reinstalar la idea de una crisis que alimente la profecía de fin de ciclo.
Pero algo debe estar fallando en la usina de ideas de la oposición si bastan un par de gestos del Gobierno para desactivar tensiones. Algo debe fallar profundamente en la oposición y el sindicalismo si el único problema que visibilizan es la caída del impuesto a las Ganancias, tributo que afecta los salarios de quienes más ganan. Ni la oposición ni el gremialismo de todas las centrales obreras parecen preocuparse demasiado por el trabajo en negro o los 1.3 millones de personas que buscan un trabajo. No. La gran preocupación de fin de año, es el impuesto a las Ganancias y bastó un anuncio de la presidenta Cristina Fernández para desactivar amenazas de paros y dejar sin discurso a economistas y dirigentes variopintos de la oposición.
Con el aguinaldo de diciembre, quienes ganen menos de 35 mil pesos por mes, no pagarán Ganancias, dijo Cristina.
De 17.2 millones de trabajadores, pagan Impuesto a las Ganancias 1.053.667.
En la Argentina hay sólo 300.000 trabajadores que ganan más de 35.000 por mes y pagarán el impuesto. Sin contar los judiciales que de todos modos, no pagan.
Si el reclamo surge por Ganancias, eso revela que después de una década, no hay otros problemas o que, en el fondo, lo único que se pretende es la confrontación con el Gobierno. Ni sindicalistas ni opositores, ni oficialistas, plantean, por ejemplo, una reforma impositiva de fondo, que permita mejorar la recaudación sin afectar el salario.
Una buena medida sería beneficiar a los trabajadores e incentivar el consumo con la reducción de alícuotas de los impuestos que gravan al consumo, como el IVA e Ingresos Brutos.
Pero algo debe andar muy bien en el país si el único planteo de la oposición es defender los salarios de quienes ganan mucho dinero. Eso revela que hay trabajo, que hubo paritarias, que un porcentaje elevado de los trabajadores cobra bien y, en definitiva, que el sindicalismo ya no es lo que era.
Es llamativo que los términos inclusión, pobreza y creación de empleo, formen parte del discurso oficial y no del decálogo contrario.
La oposición parece no encontrar la forma de contrarrestar la gravitación de Cristina, que con un estudiado timming, es la que se encuentra con el dominio de la escena.
Así como buena parte del sindicalismo no se preocupa más que por el salario, la dirigencia opositora, no se preocupa más que por atacar al Gobierno, aunque así desnude más flancos que los que logra dañar. Cuando debe actuar en defensa del país, del Estado, que no debe confundirse con Gobierno, es la oposición la que mezcla roles y termina protegiendo intereses que afectan a la Argentina.
Durante los últimos años se vienen machacando en cuanto programa o discurso político, sobre los “hechos de corrupción”, la ruta del “dinero K”, las causas contra Boudou. Todos los caminos conducen al Gobierno.
La preocupación republicana no ha dado verdaderos frutos, porque hasta la denuncia de una embajada paralela en Venezuela se cayó por falsa; a Boudou lo complica mucho la compra de un auto realizada hace 21 años, cuando ni siquiera soñaba con ser vicepresidente y Lázaro Báez tiene una bodega en lugar de una bóveda. Y está bien que cada posible hecho sea investigado. Pero parece que hay corrupciones y corrupciones.
La corrupción, claro está, debe ser una preocupación ciudadana y estar entre las prioridades políticas. Pero no germina sólo en el Estado, sino que es mucho más estructural y se derrama por toda la actividad económica. Si es una preocupación la del Estado, también debe ser una preocupación la del privado. O se es miope o se es cómplice.
Miopes no parecen ser. Sin embargo, son muchos los dirigentes que abundan en programas de televisión adelantando el Apocalipsis que caerá sobre la Argentina por culpa de la corrupción del Gobierno.
Hace unos diez días la Afip reveló la existencia de 4040 cuentas de argentinos ocultas en el HSBC -The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation- de Suiza. Apenas 125 estarían declaradas. Las cuentas acumulan más de tres mil millones de dólares y una evasión estimada superior a los 61 mil millones de pesos desde 2007.
En el listado de dueños de cuentas ocultas, aparecen empresarios, ejecutivos de las principales compañías del país, dueños de medios y por lo menos un político, Alfonso Prat Gay.
El diputado nacional y economista fue adlátere de la incorruptible Lilita Carrió y supo ser presidente del Banco Central durante el duhaldismo. También fue jefe de Investigación de Monedas de JP Morgan y hoy deambula en Unen.
Ninguna voz opositora se alzó contra el escándalo de las cuentas suizas. Hasta acusaron al Gobierno de exhibirlas para cubrirse, lo que, en caso de ser cierto, forma parte del juego de la política, pero no hace desaparecer el hecho fundamental, que es la multimillonaria evasión tributaria.
La Afip, obligada está, intenta iniciar una causa judicial para que se investigue, pero chocó con increíbles demoras y ninguneos de la Justicia independiente.
Insólitos requisitos le puso un juez a la Afip antes de ser recusado por lento. El corporativismo judicial, defendido hasta el hartazgo, retribuye con protección.
Pero la oposición, que se escandaliza por el dinero de un empresario amigo del poder, hace la vista gorda cuando los presuntos evasores son sus propios amigos.
El Congreso votó la creación de una comisión investigadora, que se fijó un plazo de 90 días para realizar un informe sobre la evasión. Con seis dictámenes de minoría, la oposición exigió ampliar la investigación de la comisión bicameral a todos los casos de lavado de dinero, evasión y corrupción, y no sólo limitarla a los 4.040 casos detectados por la AFIP. Investigar todo, para no investigar a nadie en particular.
La macrista Patricia Bullrich dijo que “el único objetivo que tiene esta comisión es intentar decirle a la sociedad que en Argentina la corrupción es de todos, y de esa manera tapar la investigación que está llegando a la cabeza, las balas están llegando cerca”. ¿Balas en la cabeza? Curioso concepto de justicia.
¿Realmente cree que la corrupción es únicamente del Gobierno? La ministra responsable del recorte de salarios durante la Alianza, hoy en el PRO, hizo su carrera política basada en las denuncias de corrupción que siempre apuntó al Estado.
Ella misma fue denunciada por traición a la patria por la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 1390, por el cual “a cambio de mejores tasas de interés el Gobierno nacional garantizaría el pago de los bonos de la deuda con la recaudación, incluso antes de asegurar la liquidación de jubilaciones y salarios de la administración pública”.
Como sea, la investigación parlamentaria fue avada por 135 votos del oficialismo y sus aliados y rechazada por el arco opositor, con 27 votos en contra y 53 abstenciones.
De ese modo, el oficialismo giró la iniciativa al Senado para que lo pueda convertir en ley en la sesión del 17 de diciembre, que será la última del año. Uno de los que votó en contra de investigar a los grandes evasores fue el misionero Luis Pastori, quien también tiene a la corrupción como una de sus palabras favoritas en los discursos de barricada.
Paradoja, el radicalismo misionero impulsó una denuncia penal contra el presidente del Instituto de Fomento Agro Industrial por el supuesto gasto extra en la plantación de jatropha de 6.014.000 pesos.
Mientras se “indignan” por 6 millones, no quieren investigar maniobras de evasión con tres mil millones de dólares.
Con esa misma doble moral, toda la UCR, el PRO, Martín Insaurralde, Lilita Carrió, los socialistas, Sergio Massa y sus massistas, votaron en contra o faltaron a la sesión clave que creó la comisión investigadora de la evasión en Suiza. Son los siempre indignados con la corrupción… si es del Estado.
Hasta el Vaticano decidió investigar sus cuentas sucias y se encontró con cientos de millones de euros escondidos en bancos a nombre de miembros honorarios de la misma Iglesia que manejaban el dinero como propio.
George Pell, prefecto de la secretaría de Economía de la Santa Sede reconoce que, durante décadas, personajes “sin escrúpulos” se han beneficiado de la “ingenuidad financiera” del Vaticano para blanquear dinero sucio.
El dinero del Vaticano desde hace mucho tiempo está sospechado de tener vínculos con poderosos hombres que poco tenían que ver con la religiosidad. Las operaciones hasta fueron llevadas al cine en la mítica película El Padrino, con Al Pacino como heredero de la fortuna Corleone que pretende “limpiar la imagen” de la famiglia.
El año pasado, el Papa Francisco firmó un documento pontificio en el que dejaba claro la necesidad de adaptar las cuentas de Dios a los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional para “adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Las nuevas revelaciones sobre las cuentas ocultas muestran que en la Iglesia, muchos sacerdotes son más celosos del secreto bancario que del de la confesión.
Francisco es el más citado por los políticos argentinos, pero su ejemplo no cunde a la hora de proteger a los amigos.
En cambio, llama la atención la celeridad con la que avanzan las causas que involucran a funcionarios de Gobierno, como Boudou, al que le acusan de malvender un auto cuando ni soñaba con ser vicepresidente -la causa Ciccone no avanza por falta de elementos- o el hotel de la que es socia la Presidenta, mientras que investigar a presuntos evasores tiene todos los contratiempos posibles de encontrar.
La corporación judicial parece actuar con las mismas ansias políticas que los rivales al Gobierno. En función de eso, toma decisiones que más que complicar a quienes están en la administración, complacen a los que aspiran a sucederlos.
El temor es que la corriente latinoamericana que ratificó las conducciones no alineadas con el establishment, también llegue a la Argentina en 2015.
La cumbre del Parlasur, en Quito, pretende que esa oleada política se consolide en una transformación regional que avanza de forma dispar.
Es hora de recuperar el tiempo perdido en el bloque imaginado por Lula, Chávez, Evo y Néstor Kirchner. La presidenta Cristina Fernández sostuvo que la sede que lleva el nombre de su esposo fallecido, representa “esta segunda batalla que estamos dando por la independencia económica”.
La batalla económica es dura y se está lejos de un triunfo, aunque cada vez más países y organismos se sumen a la decisión de enfrentar a los poderes financieros que ahogan a los países con el endeudamiento crónico.
Pero es saludable que por lo menos el bloque de presidentes latinoamericanos adopte una política común que enfrente a esos poderes y destine más recursos a necesidades de la población que a los intereses de la usura.
Las Naciones Unidas votó a favor de iniciar las negociaciones para la creación de un marco legal para los procesos de reestructuración de deuda soberana, una propuesta que había llevado Argentina tras el conflicto con los Fondos Buitre.
No sólo es un respaldo a la Argentina, sino un paso histórico que permite devolverle en gran medida el protagonismo que merece ese órgano, bastardeado por corporaciones y conflictos bélicos.
Lula Da Silva, uno de los principales impulsores de la unión latinoamericana, abrió uno de los seminarios en Quito antes de la cumbre.
En su discurso, celebró la reelección de Tabaré Vázquez en Uruguay, en lo que llamó “un segundo ciclo” de ratificación de los gobiernos populares en América del Sur, junto con las recientes elecciones de Evo Morales, en Bolivia, Michelle Bachelet, en Chile y Dilma Rousseff, en Brasil.
“El pueblo renovó su confianza en los gobiernos de transformación social, pese a los ataques del conservadurismo hechos a toda la soberanía de una región del planeta que está construyendo un vigoroso proyecto alternativo al neoliberalismo”, indicó.
Es ese y no otro, el núcleo de toda discusión.
“Yo no creo que haya un debate entre el Estado y el Mercado. Creo que el Mercado le va a ganar al Estado, y el debate es cómo liberar las fuerzas del mercado para producir”, señaló el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y hombre fuerte de Techint, Luis Betnaza, en el Foro de Convergencia Empresarial a los principales candidatos de la oposición que asistieron al salón Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El mensaje fue recibido por Mauricio Macri, Sergio Massa, Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Binner, sentados junto a empresarios como el director de Swiss Medical, Miguel Blanco, y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.
Esa es la disyuntiva de las elecciones del año que viene. Lo que se pone en juego es la profundización del rol del Estado o el retroceso a manos de las corporaciones muchas de las cuales prefieren girar sus divisas a Suiza antes que cumplir con sus obligaciones tributarias.
La gestión es clave para sostener el rumbo asumido en la última década. Lo mismo vale para el Gobierno nacional como el provincial.
El gobernador Maurice Closs lo definió con claridad en una reunión con intendentes de toda la provincia: “Es un año donde hay que ponerle mucho empeño, mucho empeño a la gestión. Esa gestión que la hacemos más allá de la pertenencia de la política, uno tiene una obligación para con su pueblo”.
Closs encabezó un acto en el que se pagó 30 millones de pesos a los municipios por obras realizadas en convenio con la Provincia. En ese contexto, anunció inversiones por 350 millones de pesos destinadas a todas las localidades a través de dos modalidades: un refuerzo de cien millones de pesos para el plan Techo y un plan de asfaltado y empedrado por 250 millones de pesos a ejecutarse en los próximos meses.
Por otra parte, también se dirigió a los alcaldes con una advertencia en función de los tiempos políticos y la situación económica del país.
“Tengo la obligación de finalizar mi mandato aplicando todo lo que aprendimos. Muchos de ustedes seguramente continuarán en la gestión y yo seguramente también estaré, pero me parece que lo que tenemos que hacer este año es redoblar el esfuerzo en la gestión de las cosas planificadas, las que estamos pensando y las que están hechas”, alertó.
Closs mantuvo sendas reuniones con la Confederación Económica de Misiones y la Cámara de Comercio de Posadas. En ambos encuentros, los empresarios plantearon sus inquietudes y compartieron su visión de los meses que se avecinan.
El Gobernador ratificó la línea de trabajo, atendió cada planteo y dio sus respuestas en un “diálogo franco”, que dejó muy conformes a los hombres de negocios.
Después, en una cena en la residencia oficial con intendentes, Closs les pidió a cada uno que se enfoque en la gestión y deje los tiempos políticos para más adelante.
En la oposición se enfrió la idea de armar una gran alianza. Trabajo y Progreso, el partido de Claudio Wipplinger fue el primero en desactivar conversaciones. “Falta mucho y ahora no se puede acordar nada”, definió el legislador recién llegado de una recorrida por el interior.
El puente tendido con Sergio Massa se diluyó ante la incertidumbre de quienes acompañan al tigrense en Misiones. Ramón Puerta el que se erige como representante, lo que aleja la posible inserción de otros sectores, como el de Trabajo y Progreso, enfrentado definitivamente a su mentor.
La realidad marca que Massa no logra hacer pie en Misiones con una estructura sólida. La Camara Nacional Electoral ratifico sentencia de caducidad de personeria politica del Partido Renovador cuyo sello ostenta Karla Higa, por lo que también se quedó sin base partidaria para actuar en la provincia. Deberá construir mucho más si pretende afianzarse en la tierra colorada.
El PRO también decidió comenzar a andar su propio camino con Alfredo Schiavoni como candidato a gobernador. En el partido de Macri se cansaron de las idas y vueltas del radicalismo que pretende quedarse con las mejores porciones de un eventual acuerdo “y ni siquiera tienen alineada a su propia tropa”.
Por eso, decidieron salir a fortalecer la identidad propia y, en última instancia, dejar para más adelante la posibilidad de un acuerdo, pero con condiciones más equilibradas.
“En el radicalismo aprietan como si tuvieran 200 mil votos garantizados y la verdad, no se si tienen más votos que nosotros”, contó un encumbrado macrista.
Conflictos desactivados
