El juicio por el asesinato de Silvia Andrea González (15), ocurrido en Campo Viera en octubre de 2001, transita su tramo final. Este martes comenzaron los alegatos, que estaban previstos para el lunes, pero que no pudieron hacerse porque no había luz en Oberá, sede del tribunal que sustancia el proceso. Luego del resarcimiento económico, cercano al medio millón de pesos que pidió el actor civil (los padres de la víctima), vinieron las conclusiones de la Fiscalía, que exigió la prisión perpetua para tres de los imputados, una condena en suspenso para otros dos y la absolución de los otros dos restantes. Ahora es el turno de las defensas.
El primero en tomar la palabra fue el letrado Claudio Quevedo, en representación de los papás de la adolescente, Julio González y Bertolina Maciel. Como cuando empezó la causa no existía la figura del querellante, la familia solo tuvo participación como actor civil. Y por lo tanto solo tenía derecho a pedir una indemnización. Entre el monto requerido y sus respectivos intereses, la cifra rondaría los siete millones de pesos.
Luego llegó el turno de la fiscal Estela Salguero. Su esperado alegato duró unas tres horas. Reconstruyó lo que para ella fue el calvario de Silvia Andrea, desde que desapareció luego de acudir a una radio de Campo Viera donde había un concurso para chicas que querían que su foto apareciera en la tapa del CD de un grupo de música de la zona hasta que apareció muerta en un descampado del pueblo.
Para la titular del Ministerio Público, la jovencita fue «entregada» por Fabiana Cantero (a quien conocía porque era amiga de su hermana, Marina) a Marciano Benítez y Hugo «Willy» Ríos (hijo del intendente Juan Carlos Ríos), quienes, según la funcionaria, secuestraron, abusaron y luego mataron a la chica, para finalmente deshacerse del cuerpo. Sobre esta última acción apuntó sobre Benítez.
Salguero requirió la prisión perpetua para los tres por el delito de «privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y homicidio”.
Luego se refirió a los oficiales de Policía Miguel Angel Silvera y Orlando Morel (comisario y subordinado en la comisaría de Campo Viera cuando sucedió el crimen). Sostuvo que ambos actuaron para entorpecer la investigación, que no avanzaron a propósito en la pesquisa y que actuaron con total falta de responsabilidad. Pidió para ambos un castigo de tres años de prisión en suspenso por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cuanto a los otros dos policías juzgados, los suboficiales Rubén Alejo Zayas y Jesús Rubén González, se inclinó por la absolución. Indicó que en el debate no surgió indicio alguno que los ligara con un accionar incorrecto vinculado con la investigación del homicidio.
Después alegó la doctora Sandra Llamosas, abogada de Cantero. Desvinculó a su cliente del hecho y rechazó la acusación de la fiscal. Dijo que el Ministerio Público dio por ciertos los relatos de los testigos Norma Ríos y Carina Morel, cuando para Llamosas ambas personas faltaron a la verdad. La letrada pidió la absolución por el beneficio de la duda para su asistido.
Posteriormente alegó Rodolfo Riotorto, defensor de Ríos. Aseguró que no hay elemento de peso que involucre a su cliente y cuestionó la versión de Estela Salguero. También pidió la absolución por el beneficio de la duda.
El Tribunal que juzga a los acusados está compuesto por Pablo Rivero (presidente), Graciela Ivonne Heppner y Demetrio Cuenca. Hay otros dos imputados que no asistieron al juicio y que fueron declarados en rebeldía: Aurora Navitidad Rivero y el suboficial de la Policía Carlos Pablo Miquetán.
