Los oficios judiciales con los que la que la organización vendía en Posadas coches robados en Buenos Aires son totalmente truchos. Esto surge de las pericias hechas por los expertos convocados por la Justicia. El viernes, uno de los dos detenidos por la maniobra fue indagado por el juez de Instrucción Siete, Carlos Jorge Giménez, y apuntó al otro de los sospechosos como el encargado de traer a la provincia los vehículos malhabidos.
El interrogado es el productor de seguros Luis Marcelo Ullón, domiciliado en el barrio Santa Helena de Garupá y con oficinas sobre la calle San Luis del centro posadeño. El hombre tenía en su poder un auto Mercedes-Benz E300 modelo 2013, con pedido de secuestro. Tanto su residencia particular como su despacho fueron allanados por la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
El otro arrestado es un hombre de apellido Acuña, al que se le decomisó un Fiat Strada, en una serigrafía de la calle Buenos Aires. Este hombre fue apuntado por Ullón como uno de los encargados de traer los rodados desde Buenos Aires. Un testigo también mencionó a Acuña y a un hermano de este como los nexos entre los que “levantaban” los rodados y los que los comercializaban en Misiones.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que una vez que las máquinas llegaban a Posadas, los Acuña y otras personas, sacaban a relucir los oficios truchos, con los que hacían circular los vehículos. Estos papeles hacían figurar a los tenedores como presuntos “depositarios judiciales”. Todo era trucho: el formato, los datos, las firmas del juez y los sellos.
Ullón, según la acusación que pesa en su contra, aseguraba los coches, pese a que no tenían sobre ellos ningún papel. Por este “trabajo” para el grupo se habría quedado con el Mercedes-Benz.
En las últimas horas, la Saic decomisó un Peugeot 307 que uno de los imputados habría prestado a un conocido. El operativo se hizo en Mitre y Uruguay. Hasta el momento son cuatro los rodados secuestrados: el Mercedes-Benz E300, el Fiat Strada y dos Peugeot 307.
Los arrestados fueron imputados del delito de falsificación de instrumento público, previsto en el artículo 292 del Código Penal Argentino, que reza textualmente: “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.
Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años”.
No se descartan más detenciones en las próximas horas. Las autoridades locales ya se han puesto en contacto con sus pares de los distritos donde robaron los vehículos para intercambiar información y determinar todos los engranajes de la cadena delictiva.
Mafia de los autos robados: hay cuatro vehículos secuestrados y está determinado cómo operaba la banda en Misiones
