Con la presencia de agricultores familiares de todas las regiones del país, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reparación histórica de la Agricultura Familiar, que intenta priorizar políticas públicas para pequeños productores, campesinos e indígenas, donde se reconoce su rol fundamental en la construcción de la seguridad y la soberanía alimentaria.
“Consideramos fundamental la construcción de una ley que fomente y de visibilidad a la Agricultura Familiar y que su tratamiento se haya dado en la Cámara Baja. En ese sentido, rescatamos el debate que se dio al interior de las organizaciones y su articulación para conseguir este logro. No obstante, creemos trascendental que la Agricultura Familiar como sector productor de alimentos cuente con un presupuesto propio, donde se financien políticas públicas acordes a sus necesidades”, manifestó el coordinador de la secretaría de Agricultura Familiar en Entre Ríos, Emiliano Gomez Tutau.
La norma contempla un capítulo que define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. También se creará un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva. De convertirse en ley, deberán suspenderse los desalojos por tres años.
La iniciativa fue trabajada y consensuada por distintas organizaciones del sector. En ese sentido, participaron del debate la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina, el Frente Nacional Campesino, Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, las organizaciones de la Mesa de Agricultura Familiar, el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, la secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, entre otros.
El presidente del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf), Miguel Fernández, destacó que “esta ley es un logro para la visualización de los productores familiares como sujetos de derecho. Contribuye a mejorar nuestra capacidad de producción, a contar con herramientas para la comercialización, a asegurar una vivienda digna para nuestras familias y a que nuestros hijos no se vayan del campo”.
Para el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, se trata de una decisión política importante, que se da en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, porque visibiliza a un sector fundamental que representa el 20 por ciento del PBI agropecuario nacional, con un 66 por ciento de las unidades productivas, y el 54 por ciento del empleo rural.
“Debemos valorar este instrumento, que es el producto de la participación democrática de muchos compañeros que han sabido interpretar el trabajo y articulación que se generó en todo el proceso y que otorga mayor institucionalidad”, sostuvo el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Luis Basterra, tras la sesión parlamentaria.
Las diputadas nacionales Claudia Giaccone (Santa Fe) y Susana Canela (Salta) junto a los legisladores Carlos Rubín (Corrientes) y Carlos Raimundi (Buenos Aires) fueron los impulsores de la iniciativa que tuvo amplio consenso con las organizaciones de agricultura familiar y que se debatió en tres comisiones parlamentarias.
La norma también promueve la realización de ferias locales para acercar al productor con el consumidor y creará el Centro de Producción de Semillas Nativas en colaboración con el INTA y el Instituto Nacional de Semillas, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la población.
