Las instituciones del desarrollo

Existe un amplio acuerdo sobre el rol estratégico que juegan las instituciones, entendidas éstas como las normas y reglas, formales o informales, que condicionan las relaciones en una comunidad, para los procesos de desarrollo de las Naciones. En ese sentido, las instituciones operan principalmente como reguladoras de las diversas transacciones económicas, políticas y culturales, en la medida en que fijan los parámetros de certidumbre en que se desenvuelven las relaciones sociales.

Por ello, la agenda institucional debe estar direccionada a la consecución de mayores derechos y seguridades, poniendo el eje en la igualdad de oportunidades, en la sinergia de una asociación público-privada inteligente, en la definición de objetivos económico-sociales sustentados en un planeamiento estratégico de mediano y largo plazo y en la inclusión social, todo basado en un intenso diálogo entre las distintos actores que componen el tejido social.

Además, la agenda del desarrollo presupone la búsqueda de una identidad institucional propia, que continúe fortaleciendo al Estado como principal árbitro de la esfera social y económica, pero que también permita generar un medio ambiente donde primen la estabilidad y la previsibilidad que incentive el establecimiento de un verdadero clima de negocios donde desarrollar las inmensas potencialidades productivas que presenta nuestra Nación.

Para ello, resulta vital la búsqueda de un Estado cada vez más activo y eficiente en la generación de políticas públicas.

Y en este aspecto, la política pública por excelencia tiene que ser la educación.

Igualadora de oportunidades por excelencia, la educación es la puerta de ingreso a la mejor formación de ciudadanía. De mujeres y hombres conscientes de sus derechos y obligaciones -tanto respecto del Estado como de los demás ciudadanos- que van amalgamando el perfil de una Nacion a través del trabajo que dignifica y de la responsabilidad social y solidaria que eleva la condición de país.

Es que también las instituciones son sus hombres, y cuanto más y mejor los formemos asegurando una educación pública de calidad y garantizando al educación privada, mejor refundaremos la cultura del trabajo que tanto hizo crecer al país en sus orígenes.

Pero para fortalecer a un Estado presente como el que propugnamos resulta necesario que este modelo de Estado acompañe la innovación y la dinámica que vitaliza al sector privado, aggiornando sus estructuras burocráticas, sus formas de relacionarse con los individuos y empresas a partir de un diálogo más abierto, transparente y democrático y, particularmente, focalizando sus esfuerzos en la generación y ensanchamiento de nuevos mercados que generen trabajo para los ciudadanos.

En este sentido, existe un consenso básico respecto a que los procesos de mejoramiento institucional y la implementación consistente de las decisiones políticas, requieren de un cuerpo directivo altamente capacitado en las diversas aptitudes que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Así, la profesionalización de los agentes públicos es un aspecto prioritario al momento de analizar las instituciones del desarrollo, en particular si se tiene como norte la generación de proyectos e ideas de fortalecimiento y reforma para la buena gestión estatal.

A su vez, las seguridades, tanto física como jurídica, deberán fijar el marco sobre el que se sustente el impulso de la productividad y la inversión.

Por ello, resulta imperante repensar los sistemas de seguridad, tendiendo a mejorar cada vez más la profesionalización de las distintas fuerzas de cara a los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional y poniendo el eje en la inteligencia, el planeamiento y la utilización de la tecnología y la innovación para combatir los peligros que acechan a nuestras sociedades en este tiempo.

Además, deberá impulsarse una profunda reforma al sistema de justicia, modificando sus formas de trabajo, su organización y, principalmente, la manera en que se plantea la resolución de los conflictos del siglo XXI. Pues solo una Justicia eficiente en su trabajo y eficaz e independendiente en la toma de decisiones, puede lograr el objetivo de resguardar el acceso a los principales derechos individuales de todos los habitantes de nuestro suelo, como son la vida, la propiedad y el pleno desarrollo en sociedad.

Sobre esa base, es posible procurar la búsqueda de un mercado inteligentemente regulado, donde el eje esté puesto en el desarrollo productivo, en la generación de un ecosistema propicio para la iniciativa empresarial, donde la reciprocidad en los términos de intercambio, la previsibilidad jurídica y el respeto al esfuerzo privado sean también principios sobre los que se funden la intervención del Estado.

Ello sin perjuicio de que el esfuerzo estatal no debe ni puede dejar de centrarse en la inclusión social, a partir de la profundización de políticas fuertemente redistributivas hacia los sectores excluídos del sistema. Porque siempre, a pesar de todos los esfuerzos en generar condiciones dignas para todos, habrá argentinos a los que el desarrollo no les alcanza prima facie, por lo que deberá otra vez el Estado estar presente para rescatarlos y generarles la ayuda suficiente para mejorar su condición de vida.

En paralelo, para financiar los roles inclusivos y las políticas activas, es vital la discusión de un sistema impositivo más progresivo en lo social pero eficiente en lo económico, que tenga el doble rol de recaudar demandando más a los que más pueden, pero sin talar la iniciativa necesaria para generar más y más riqueza que redistribuir, siempre buscando cumplir con el mandato constitucional de un federalismo fuerte y saludable.

Sólo de esta manera se podrán obtener los recursos necesarios para establecer los sistemas educativos y de salubridad pública de calidad que permitan recuperar una movilidad social ascendente sustentable, que procure dar a luz a una sociedad más justa e igualitaria.

Por último, no debe dejarse de lado que la agenda de las instituciones del desarrollo importa una democracia cada vez más intensa, donde los derechos políticos puedan ser ejercidos plenamente y en igualdad de condiciones, de forma tal que se permita seguir ampliando cada vez más las voces en el debate público, a efectos de generar un diálogo rico que permita llegar a decisiones más equilibradas, basadas en el consenso y, principalmente, en criterios de equidad.

Nuestro país se encuentra ante la magnífica posibilidad de poder transitar los grandes pasos en el sendero del desarrollo. Por ello, como dirigentes políticos nos toca la responsabilidad de establecer las reglas y procedimientos que permitan un debate amplio, serio y profundo entre todos los sectores, en aras de lograr los acuerdos estratégicos necesarios para que la Argentina marche unida y en concordia hacia sus potencialidades.

Así, las instituciones del desarrollo deben ser la nave que permita llevarnos, con paso firme y sin pausa, hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Es decir, hacia la Gran Argentina.