Jantzon admitió que parte de la mercadería decomisada por Rentas es de su familia, pero aseguró que se trató de errores formales en los documentos

El comerciante Rubén Jantzon admitió que parte del cargamento de mercadería incautada por la Dirección General de Rentas en El Arco es propiedad de dos de sus hijas, pero negó que se haya tratado de intentos de evasión, sino que hubo errores formales en documentos.
En diálogo con Misiones Online y Radio Libertad, precisó que fueron tres actas las que labró la DGR en relación con las prendas de vestir que sus parientes habían adquirido en Buenos Aires y que eran traídas a la provincia por un camión de una empresa de encomiendas.
“Una de las actas se labró porque la firma que envió la mercadería puso mal la dirección del destinatario. En vez de poner los datos de mi hija, colocó la de la transportista. La otra, porque faltaba el número de CUIT de la destinataria y la tercera, porque Rentas consideró que el remito no cumplía los requisitos formales”, detalló el comerciante, que administra seis negocios, en su mayoría vinculadas al rubro vestimenta, en el centro de Posadas.
“De ninguna manera se trata de un intento de evasión ni de una suma millonaria. El total de la mercadería incautada al apellido Jantzon son 63 mil pesos de seguro declarado.La mercadería que era transportada en ese camión tiene distintos propietarios y acá se quiso adjudicar a una sola persona, a mí, con el afán de perjudicarme. Esto no es nuevo, porque tiene relación con las maniobras que vienen desarrollando desde Rentas para presionarme, para perseguirme”, sostuvo.
Jantzon apuntó directamente contra el director de Coordinación de Políticas Fiscales de la DGR, José Garzón Maceda. “Él personalmente lleva adelante estos operativos para amedrentarme, al punto que fue al depósito de la empresa de transportes y directamente ordenó: ‘Quiero la mercadería de Jantzon’”, acusó.
“Reitero: de ninguna manera hubo intento de evasión. Por eso desafío a los funcionarios de Rentas a abrir esas cajas y hacer los chequeos correspondientes. Ahí se va a corroborar lo que digo”, subrayó.
El comerciante indicó finalmente que en junio le labraron un acta porque había cometido la infracción de autoenviarse mercadería. “Entonces me aplicaron una multa superior a los 20 mil pesos. Tras distintos reclamos, fue bajando primero a 12 mil y luego a 8 mil, que accedí a abonar. Además de pagar la multa, uno firma un documento donde la DGR dice que para agilizar la liberación de la mercancía hay que abonar la penalidad y renunciar a cualquier tipo de acción judicial. Esto atenta directamente contra el derecho constitucional del ciudadano de defenderse”, sentenció.
 



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