Unas 540 hectáreas en Posadas se destinarán a familias que no pueden acceder a una casa

Un ambicioso proyecto de ley será aprobado este jueves en la legislatura misionera para aportar una solución de fondo al problema habitacional de miles de familias, mediante la expropiación de 1800 hectáreas en el departamento capital, de las cuales, unas 540 se destinarán a relocalización y a familias que no pueden acceder a un inmueble por sus altos costos.

El proyecto original fue elaborado por los legisladores Sonia María Del Carmen Mello y Carlos Rovira, y durante su tratamiento en comisión se incorporó la iniciativa del Diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, con el acompañamiento de sus pares Myriam Duarte y Darío Pietrowski, basada en datos de la organización TECHO y del trabajo puntual del PAyS en asentamientos y villas de emergencia del gran Posadas.

El dictamen contiene un articulado específico por el cual se destinará el 30% de los terrenos exclusivamente para relocalizar “a las familias que no pueden acceder a un inmueble con destino a unidad habitacional por otros medios” y a “familias que se encuentren en asentamientos con situación dominial irregular”.

Este proyecto, en caso de aprobarse el jueves como se prevé, implica que se avanzará en un plan ordenado y masivo de erradicación de asentamientos de la capital provincial para mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos.

El proyecto ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político, y de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos. Declara de utilidad pública unas 1800 hectáreas mayormente ubicadas en Rincón de Itaembé, con destino a planes de urbanización.

“Hay 16.000 familias en la capital que viven en una situación de precariedad extrema según el relevamiento que hizo la organización TECHO. Decidimos acompañar el proyecto porque es una iniciativa necesaria, y que además incorporó nuestra sugerencia de destinar la tercera parte a la erradicación de asentamientos irregulares y a gente humilde que no puede pagar una cuota del Iprodha”, dijo el legislador.

El dictamen prevé que ese 30% destinado a relocalización y reubicación de familias humildes “se entregue provisto de infraestructura básica, es decir, con calles, alumbrado público, red de luz y agua, colectivos, escuelas, dependencias de salud y espacios verdes, con lo que se completa el proceso de mejorar la calidad de vida. Sin infraestructura ningún plan puede ser efectivo”, señaló.

La declaración de utilidad pública de las casi dos mil hectáreas y la obligatoriedad de destinar la tercera parte de ellas para relocalizar a quienes hoy viven hacinadas en villas de emergencia, y a aquellas otras que no son propietarias pero que no pueden comprar un terreno por la sobrevaluación inmobiliaria, “es una herramienta que le otorga al Estado un principio de solución social y habitacional de carácter humano y dimensión histórica”, agregó el legislador.

Finalmente reconoció la importancia de generar también el espacio físico apto para la construcción de más viviendas del Iprodha, porque existe una carencia importante de tierras fiscales en las principales ciudades de la provincia y especialmente en Posadas.

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