Dos clínicas de Oberá solicitaron la intervención del Ministerio de Salud y de las autoridades provinciales competentes en un conflicto con los profesionales anestesistas de la ciudad, quienes han dejado de cumplir con sus obligaciones laborales y profesionales.
Esta actitud se produjo como consecuencia de haber iniciado – las instituciones sanitarias – una denuncia en defensa de sus derechos por presuntas prácticas anticompetitivas violatorias de la Ley 25.156, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
«La denuncia se elevó por no poder aceptar las instituciones los convenios de carácter leoninos, extorsivos y monopólicos, que hacen firmar a las instituciones sanatoriales por prestaciones para afiliados del PAMI, aprovechándose, bajo el resguardo de su asociación (AMAAR), el carácter de servicio esencial y escaso de su profesión», explicaron los denunciantes en un comunicado.
«Por intermedio de dicho convenio imponen aranceles irrisorios en concepto de honorarios, por prestaciones a afiliados a la obra social PAMI – única obra social que abona por prestaciones de anestesia un precio fijo a través de clínicas y sanatorios – teniendo pleno conocimiento que las instituciones sanatoriales no son financiadoras, sino por el contrario son las administradoras de fondos para la salud las que financian tanto a las instituciones de la salud como a los profesionales médicos», añadieron.
Como consecuencia de la denuncia, la AMAAR y sus miembros han suspendido en forma general las prestaciones de anestesia en varias instituciones de Oberá desde el 7 de septiembre de 2014. «Lo han efectuado como boicot a pesar que la problemática fue solo por prestaciones a la Obra Social PAMI, pero de forma deliberada los mismos han hecho extensivo al resto de las administradoras de salud con el solo hecho de generar un perjuicio. Esta forma de actuar no discriminatoria no posee ningún sustento legal, racional o ético, por el contrario, está afectando derechos consagrados en la Constitución Nacional (art 14, 16 y 42)», consideraron las clínicas que se sienten damnificadas.
«Esta actitud no posee respaldo legal, al contrario, incumplen con las administradoras de los fondos para la salud, con las cuales tienen convenio; afectando la estructura de las entidades sanitarias (cuya economía está en riesgo) y el trabajo de las personas afectadas a quirófano, internación, administrativos, enfermeras, instrumentistas, maestranza, esterilizadora, etc; como así también los profesionales médicos colegas que no pueden intervenir sus pacientes. Es evidente que esto tiene incidencia directa en la salud de los habitantes de Oberá», sentenciaron.
Fernando Mercado, representante de la clínica Epson de Oberá, precisó: «Este conflicto lo arrastramos hace más de un año. Es un reclamo que le hicimos la Asociación de Anestesistas, que se ha ido agravando. Dos clínicas están sin el servicio».
«Creemos que es un reclamo justo, defendemos nuestros derechos», añadió.
El médico agregó: «Cuando hay una intervención tenemos que derivar a los pacientes a otros lados. Los enviamos a otras clínicas, al sector público también».
«Hemos hecho reclamos ante distintas entidades. También comenzamos la vía judicial para que se reestablezcan las prestaciones», señaló el profesional.
«El conflicto nace en octubre del año pasado. La Asociación es muy cerrada para negociar. Esta situación se fue poniendo más tensa.Mínimo 150 operaciones se han dejado de hacer», sentenció.
