Denuncian a policías que participaron de la investigación por la Masacre de Panambí

Para los abogados de los tres imputados por la Masacre de Panambí que están presos, los plazos para que la jueza de Instrucción de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, defina la situación procesal de los sospechosos están más que vencidos. Ya no ocultan su malestar, porque en reiteradas ocasiones han hecho planteos para pedir una definición y no hay tenido respuesta. Ahora, el letrado que asiste a Juan Ramón Godoy dio un paso más: denunció penalmente a los responsables de la comisaría de San Javier, a los que acusa de haber mentido información sobre esta persona para ligarlo con el sangriento episodio.

La causa que se inició por la presentación del abogado Matías Nicolás Ochoteco Rousseau es tramitada por el juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de Selva Raquel Zuetta.

Fuentes judiciales confiaron que la denuncia es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” y apunta a los oficiales que elevaron un informe acerca de qué hacía Godoy en San Javier. Los uniformados indicaron que el hombre de 44 años “no tenía ocupación fija”, cuando, sostiene su defensor, explotaba un lavadero y lo vinculaba un contrato con el IFAI. Ochoteco Rousseau remarcó que mintieron para que pareciera un delincuente.

En la presentación también se ataca la supuesta llamada anónima que llegó a los detectives de la Masacre de Panambí hacia la Pista San Javier. Indica lisa y llanamente que es un elemento muy endeble para que se la tenga en cuenta.

Los demás defensores sostienen directamente que esa llamada nunca existió.

Tanto Godoy como el chapista Marcial Alegre y el ex prefecturiano Pablo Julio Paz están presos desde mediados de año. Los imputaron del delito de “cuádruple homicidio calificado” y si los hallan culpables les espera la prisión perpetua. Restos de ADN de Godoy aparecieron en un pasamontañas abandonado por los asaltantes que robaron y le prendieron fuego al maderero Oscar Carlos Knack (43), a su esposa Graciela (42) y a dos hijos del matrimonio, Bianca (12) y Cristian (25), en su casa del kilómetro 7 de la ruta provincial 5 de Panambí. Rastros genéticos de Paz, en tanto, fueron levantados de una barreta con la que habrían golpeado a las víctimas. Además, una huella del ex prefecturiano apareció en una caja de zapatos donde la familia masacrada había guardado los 300 mil pesos que recaudó por la venta de una carga de madera.

Pese a estas pericias, los defensores sostienen que no hay elementos de peso contra sus asistidos y por lo bajo afirman que la jueza Kunzmann no sabe cómo encarar esa situación.

Hasta el momento, la única decisión que tomó la magistrada fue la excarcelación del militar Rubén Orlando Bueno, quien también había sido arrestado por la masacre, pero al que ninguna prueba vinculó nunca con el bestial asalto ocurrido el pasado 25 de mayo.

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