Horas de tensión y miedo vivieron agentes de la Afip-Dgi cuando realizaban un operativo de fiscalización ante una denuncia de trabajo esclavo en yerbatales. En medio del monte misionero, a unos 30 kilómetros de San Pedro, en plena reserva de Yabotí, fueron emboscados por el dueño de la plantación y un enardecido grupo de mensúes que pretendían eliminar cualquier prueba recogida por los funcionarios sobre las precarias condiciones en la que se encontraban. Es la primera vez que ocurre una situación semejante en Misiones, que ya registra antecedentes en Entre Ríos y San Juan, donde empresarios que tenían a trabajadores en estado de semiesclavitud, atacaron a efectivos de la Afip.
El hecho ocurrió hace un mes, el 4 de septiembre pasado, pero los trabajadores de la Afip se animaron a hacerlo público en las últimas horas. Hubo una denuncia penal en el juzgado Federal de Eldorado en el que relatan las agresiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad de la que fueron víctimas durante varias horas.
Después de una tarea de investigación previa, esa mañana, los agentes se dirigieron a una propiedad de Raúl José Domansky, un empresario maderero y yerbatero de la zona. La propiedad está ubicada en Colonia Esmeralda, a unos 50 kilómetros del casco urbano de San Pedro.
Allí corroboraron que había trabajadores en condiciones casi de esclavitud, sin condiciones mínimas de seguridad, de higiene y de vivienda. La mayoría de los trabajadores relevados estaba en negro. El primero en amenazar al personal de Afip fue el capataz, Ramón Javier Tereszczuch, quien advirtió que “alguien los iba a estar esperando a la salida”.
Efectivamente, al terminar el procedimiento, cuando se dirigían a la ruta 16, en inmediaciones del paraje 7 Estrellas, a unos cinco kilómetros de la chacra relevada, los sabuesos -que iban escoltados por tres gendarmes de San Pedro- fueron emboscados por ocho camionetas con unas 25 personas a bordo que les bloquearon el paso, les exigieron que se rompan las actas y los amenazaron de muerte.
Según consta en la denuncia que está en manos de la Justicia Federal, en medio de las amenazas, los funcionarios de Afip lograron individualizar a quien pertenecían las camionetas con las que les cerraron el paso. La primera, una Toyota Hilux dominio FVG283 estaba al mando de una persona de apellido Neschuk y pertenece a la firma Trans Oberá Gas SRL. Otra Hilux, dominio FIQ937 estaba al mando de una persona de apellido Pérez, quien estaría vinculado a la firma yerbatera Pérez Hermanos, como propiedad de Juan Kaminski. También participaron otra camioneta del mismo modelo y marca, dominio JHP538, propiedad de Ángel Alberto Núñez, una Mitsubishi L200, dominio IMO797, propiedad de Lázaro Gómez, otra camioneta de la misma marca dominio BTB651, propiedad de la firma Pinar del Norte SRL, una Toyota Hilux DXA834, propiedad de Araba SRL, una Ford Ranger, patente FNT163, propiedad de Luis Arnaldo Rapp, una Chery Tiggo, patente LEW874, propiedad de Marisa Guy.
En los vehículos iban unas 25 personas, comandadas por Sandro Roberto Araujo, de Maderas El Sol SRL, quienes obligaron a los efectivos de la Afip a detenerse y los «escoltaron» hasta la municipalidad de San Pedro, donde «deberían firmar» un acta acuerdo mediante la cuál exigían una reunión con autoridades de la Afip.
Los empresarios acusaban a la Afip de «pérdida de empleos» de los trabajadores que estaban en los yerbatales.
Ante el despliegue amenazante, los inspectores accedieron a «seguir» el convoy y se trasladaron a la Municipalidad, donde nuevamente fueron agredidos y amenazados de muerte. El intendente Miguel Dos Santos intentó «mediar» en el conflicto, aunque en una ampliación de la denuncia de la Afip, se pide que no se lo cite como testigo hasta que no se determine si no tiene intereses encontrados.
La Afip pidió la detención de los empresarios y trabajadores individualizados en las amenazas, pero hasta ahora no hubo demasiados avances en la causa.
Entre los más enardecidos, la denuncia menciona al capataz Tereszcuch, a Carlos Neschuk y a Ivo Pérez (h), quien a los gritos advertía que los agentes eran «muy corajudos para estar ahí sabiendo que no debían estar en San Pedro». Su padre, Constantino Pérez fue más allá: «Se donde vivís y te voy a matar, hijo de puta», le dijo a uno de los agentes.
El operativo había finalizado a las 13.15 y hasta las 18, los inspectores fueron retenidos contra su voluntad.
Durante la «pueblada» que se armó frente a la Municipalidad, los agentes escucharon que «los próximos que llegaban a San Pedro eran boleta».
«Resulta inadmisible en un Estado de derecho conductas de agresión e intimidación como las que se denuncian y que atentan contra la vida, la libertad y la administración pública, por lo que este estado de inseguridad jurídica que plantean algunos empresarios de San Pedro debe ser reprimido y sancionado con el máximo rigor», señala la denuncia de la Afip.
Otro detalle relatado por los agentes consultados por este diario es que «antes de ingresar a la zona», un comisario de San Pedro les preguntó «si iban a realizar algún operativo».
Los abogados de la Afip piden la detención de varios involucrados, que se realice un cruce de los llamados telefónicos de los empresarios, el capataz y el propio intendente Dos Santos y se secuestre las actas de la Municipalidad labradas en medio de las «negociaciones», que fueron certificadas por la escribana Mabel Portillo.
Gremio de la Afip pide más seguridad
