Tiranía invisible

En agosto de 2008 la diputada demócrata Maxime Waters presentó ante el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que en inglés se bautizó como “Stop Very Unscrupulous Loan Transfers from Underprivileged Countries to Rich, Exploitive Funds”, lo que se abrevia como “Stop VULTURE Funds”, o sea “Parar a los Fondos Buitre”. Nunca fue aprobado.
En 2007 el Banco Mundial anunció que iba a redoblar sus esfuerzos para reducir la deuda de los países en desarrollo que estaban en litigios con los llamados “fondos buitres”.
“Esos fondos compran deuda barata de países en desarrollo y esperan a que los precios se recuperen para obtener jugosas ganancias al reclamar el pago completo de la deuda más los intereses capitalizados”, citó.
Durante la cumbre sobre Finanzas para el Desarrollo realizada en Monterrey (México) en 2002, el entonces ministro británico de Economía y después canciller Gordon Brown dijo que estos fondos son perversos e inmorales: “Condenamos particularmente la perversidad de los fondos buitre que compran deuda a precios reducidos y obtienen ganancias al demandar a los países deudores: un beneficio moralmente escandaloso”.
En la práctica, nada se hizo para cazar a estos carroñeros. Hasta ahora.
En una decisión histórica, la ONU decidió, a partir de un planteo de la Argentina, investigar a los fondos buitre. La resolución fue respaldada por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones.
El mecanismo de presión es conocido, aunque la ONU investigará las consecuencias del accionar de los fondos especuladores.
Mientras que en la política doméstica se jura que Argentina está aislada del mundo, el país marcó un hito trascendente en la historia global con esta denuncia, que, paradoja, no la beneficiará directamente en la pulseada con los buitres.
En 1996 el multimillonario estadounidense Paul Singer, sindicado como el inventor de los fondos buitre y el mismo que litiga contra la Argentina con la complacencia senil del juez Tomas Griesa, compró bonos peruanos por once millones de dólares y luego amenazó con exigir la declaratoria de default del conjunto de la deuda si el país andino no le pagaba su valor nominal de cincuenta y ocho millones. Singer recibió la totalidad de sus cincuenta y ocho millones.
Después demandó al Congo por cuatrocientos millones de dólares por papeles que compró por diez millones. Paul Singer fue el principal donante a la campaña electoral de George Bush y es temido por todo el espectro político de Estados Unidos por su inmenso poder de lobby. El silencio de Obama no es gratuito ni casual.
Pero en la 69 asamblea de la ONU, el premio Nobel de la Paz oyó, desde poca distancia, el discurso de la presidenta Cristina Fernández en el que advirtió que “los fondos buitres amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias desde lo personal hasta lo económico y financiero, actuando como verdaderos desestabilizadores de la economía, en lo que se constituye en una suerte de terrorismo económico financiero”. Obama lo sabe, pero no puede combatir ese terrorismo interno. Las guerras a los otros terroristas consumen toda la atención y los recursos.
Argentina no está sola en esta cruzada. Avalan su posición más de cien países que coincidieron en la necesidad del establecimiento de un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas, con el apoyo del Grupo de los 77 más China.
Fue un fuerte triunfo diplomático, aunque el respaldo recibido en la ONU obedece más que a simpatías o coincidencias políticas al reconocimiento tácito de que cualquier país está en riesgo de caer en las garras de los carroñeros.
Ya no son los países del “tercer mundo” los que por no hacer los deberes corren el riesgo de entrar en crisis, sino que media Europa y hasta el propio Estados Unidos saborearon la hiel al quedar atrapados en endeudamientos crónicos. Las penas son, de cualquier modo, del ciudadano de a pie, que paga las consecuencias de políticas improductivas y capitales especuladores.
Contrariamente al respaldo internacional, fronteras adentro se pretende deslegitimar el planteo argentino por “insolente” o “falto de seriedad”, ante el que, los líderes del mundo hacen oídos sordos.
Quizás algo de razón haya en la insolencia. Nunca ningún país se había plantado ante el poder económico global. Y por eso mismo, tal vez, muchos “líderes”, no entiendan que se pretenda sacudir el status quo.
La Presidenta, antes de disertar ante la ONU, recibió el respaldo, inconmensurable, del Papa Francisco, un impensado aliado que, como un avezado militante, juega a favor de la causa.
“Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”, define Francisco en la exhortación apostólica Evangelio Gaudium, un documento de 142 páginas que reflejan su pensamiento. No a un dinero que gobierna en lugar de servir, sentencia.
Una nueva tiranía, invisible, virtual, individualista, evasora. No es demasiado distinto, en el concepto, a lo que expresó la Presidenta.
El poder político y económico prefiere, en cambio, apuntar a las tiranías “visibles” representadas por culturas diferentes y fundamentalistas que durante mucho tiempo han sido aliados y financiados.


Se desespera mucho por una foto con el Papa, pero se lo escucha poco.
Sino, no se explica como en la Argentina todo el arco opositor recomienda someterse mansos a los buitres y cumplir la sentencia de un juez que no parece tener demasiada firmeza en sus convicciones -el viernes decidió por segunda vez autorizar por “única vez” el pago de los bonos bajo legislación argentina-.
Después del sometimiento, de que el país se hinque de rodillas, llegará el tiempo venturoso, prometen, con ellos en el poder y la rueda del endeudamiento vuelta a girar. Los generosos fondos vendrán amontonados a un país que les abra los brazos sin preguntas ni contratiempos.
Esa es la síntesis argumental de presidenciables como Sergio Massa, Mauricio Macri o la Faunen radical-socialista que juran tener la receta para “terminar con los conflictos”.
Los resultados de políticas semejantes, no son ni por cerca venturosos. La dictadura militar cuadruplicó la deuda pública (de 10.000 millones de dólares en 1976 a 41.000 millones en 1983).
Menem la aumentó en un 90 por ciento. Recibió una deuda de 64.000 millones de dólares en 1989 y entregó el país con una deuda de 123.000 millones, luego de vender todos los activos del Estado.
De la Rúa cerró la ecuación con blindaje, megacanje, desempleo, pobreza extrema, estallido y fuga en helicóptero.
La memoria corta que parecen tener algunos aspirantes al sillón principal y cierta prensa para la que todo está peor que en aquel aciago fin de ciclo no debería sorprender. Representa un modo de pensar que no requiere demasiados debates ni esfuerzos.
Pero la Argentina -y Misiones es un gran ejemplo-, ha demostrado que se puede vivir pese al financiamiento internacional. No es que no lo necesite.
Pero no necesita someterse a condiciones obscenas para obtener recursos con la pobreza interna como condicionante.
Está claro que el modelo necesita correcciones, especialmente en el poder adquisitivo, recortado por la suba de precios, pero no los acostumbrados ajustes que para controlar la inflación, derivan en la pérdida de empleo, del consumo y de la inversión.
Misiones aprendió a vivir con sus propios recursos y el resultado fue un crecimiento exponencial de la inversión y el sostenimiento del Estado a actividades productivas que estaban a la deriva.
Lo hizo en virtud de una política fiscal que generó recursos que alimentaron una visión desarrollista con impacto directo en cada rincón de la provincia.
Esa política es la contracara de la imperó en los 90, cuando ninguna empresa grande o industria tributaba en Misiones.
El resultado fue una licuación de activos y un Estado desfinanciado hasta el límite de cobrar impuestos a los salarios de los propios estatales, al mismo tiempo que crecía un brutal endeudamiento. No hubo más empresas ni, mucho menos, efecto derrame de las riquezas generadas por el atractivo fiscal.
Por eso mismo, no es casual que en el preludio de un tiempo electoral, tradicionales sectores empresarios ataquen con virulencia las medidas tributarias, aunque éstas transparenten la economía y le pongan freno a la competencia desleal.
Los empresarios concentrados en las principales ciudades de la provincia tienen voceros en los diputados de la oposición que encuentran así temas para instalarse, aunque no haya demasiada solvencia en los argumentos.
El anticipo de Ingresos Brutos que se les cobra a quienes ingresan mercadería a Misiones no es, por ejemplo, una doble imposición ni aumenta la carga impositiva. Pero frena la evasión de enormes cargas en negro o con mercaderías destinada a mercados paralelos en Brasil y Paraguay, apetecibles destinos creados por la disparidad cambiaria.
Quienes no están en blanco, no pueden ingresar o deben pagar abultadas multas. Quienes están en regla, no tienen problemas.
¿Por qué cuestionar la transparencia de la economía si en la teoría, eliminaría una competencia desleal?
Después del enojo expresado por dirigentes de la Cámara de Comercio que amenazan con acciones más “directas”, el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Gerardo Díaz Beltran puso paños fríos y reconoció que los controles ruteros son necesarios.
“Claramente a Misiones sigue ingresando mercaderías del mercado informal, entonces lo que hay que hacer es tratar de que tributen todos, insisto no estoy en contra de los controles, pero tiene que haber un mecanismo que permita fluidez”, expresó el empresario.
Las quejas no frenaron el ingreso de mercadería. Pero sí se detectaron camiones cargados con bebidas energizantes, toneladas de azucar, cervezas, cemento y harina que no estaban destinados al consumo misionero, sino a mercados fronterizos.
Son comprados en negro en Buenos Aires y vendidos en la misma condición para beneficio de unos pocos especuladores. En algunos casos hay cargas completas con Cuils apócrifos o en otros, compras que exceden lo que figuran en las facturas. Es decir, un porcentaje en negro que después se vuelca al mercado local.
El Gobierno busca con estas medidas frenar la informalidad, lo mismo que se anima a discutir la rentabilidad de los grandes actores económicos en detrimento de la producción primaria.
“Discutamos de arriba para abajo, veamos cuánto se lleva el supermercadista que no pone nada, que condiciona”, definió el gobernador Maurice Closs respaldando el reclamo de aumento de la yerba mate a salida de molino.
“No debe haber yerba barata con el esfuerzo y el sudor de los trabajadores yerbateros de Misiones”, insistió.
El secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa mantuvo un encuentro con los representantes de las grandes cadenas de supermercados reunidas en ASU (Asociación de Supermercados Unidos) con el objetivo fundamental de lograr un compromiso por parte de los supermercados de analizar la actual situación del sector yerbatero con todos los integrantes de la cadena productiva.
El funcionario destacó que “es necesario contar con una visión intergral de la cadena de valor, evaluar cómo está distribuida la renta entre los distintos eslabones y cómo afecta la variación del precio en los distintos segmentos a los consumidores”.
Por eso, habrá una reunión conjunta entre los integrantes de ASU y representantes de cada eslabón de la cadena de valor de la yerba, con el fin de llegar a un esquema sustentable para el sector y los consumidores.
No es el único planteo. El ministro del Agro, José Luis Garay, advirtió que “hay una cartelización” de precios en el sector tealero que agiganta las ganancias en dólares de cuatro o cinco jugadores y afecta a productores y cooperativas.
Estos temas también son centrales en la discusión de la situación económica, la inflación y los costos empresarios. Sin un análisis que involucre a cada actor, todo se resume en una puja por ganancias.
Sin embargo, muchos referentes de la política están más interesados en conocer cuándo se hacen las elecciones que en discutir los temas de fondo. Pero, anticipan, quienes serán los beneficiados por sus decisiones si llegan al poder.



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