La Comisión Directiva del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, declaró “su repudio” y pidió “rectificación” al delegado de ANSES en Misiones, Rolando Roa, quien al referirse a los alcances de la nueva normativa de moratoria previsional que entrará en vigencia en los próximos días, dijo que “en la provincia se articularán mecanismos de trabajo para llegar a cada rincón, y que los abuelos no tengan que caer en las redes de abogados que lucran con esto”.
Desde la entidad colegiada que congrega a todos los abogados matriculados que ejercen en la provincia, señalaron que las declaraciones “son discriminatorias y ofensivas” para con todos los profesionales del derecho, ya sea que hagan o no trámites previsionales ante la dependencia, puesto que aducen a una “cartelización de la actividad haciendo un paralelismo inadmisible entre el trabajo profesional y las redes delincuenciales que se manejan en la ilegalidad, nada más alejado e injusto con un sector que brega justamente por lo contrario”.
“Los abogados que eventualmente realizan este tipo de tramitaciones, lo hacen porque están legalmente habilitados para ello y en respuesta a una garantía de los derechos de los ciudadanos que pueden buscar y contratar el asesoramiento profesional de su confianza y adecuado para hacer efectivos sus derechos previsionales en todos sus alcances”, defendió el titular del Colegio, Martín Ayala.
“Repugna a la convivencia armoniosa y a la dignidad individual y colectiva de los letrados, que se pretenda denostar este ejercicio legalmente regulado, con este tipo de declaraciones peyorativas y nocivas o con conductas que restrinjan limiten o lesionen el legítimo derecho de todo ciudadano de obtener un asesoramiento y asistencia profesional independiente del órgano estatal en cuestión”, cuestionó.
Al mismo tiempo, el titular del Colegio pidió que la ley reiteramos nuestra permanente vocación al diálogo constructivo y necesario para afianzar la plena vigencia de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, y exhortamos a las autoridades responsables, para que la Ley de Moratoria Previsional se aplique con justicia, “sin afectar la incumbencia profesional de los letrados y sin menoscabar el derecho de todo ciudadano a obtener el asesoramiento del profesional de su confianza”.
